CIUDADANIA Y GÉNERO : Mujeres y Liderazgo en las Provincias
de Antofagasta, El Loa y Tocopilla (1)

Paulina Salinas Meruane. Dra phil (2)

ANTECEDENTES TEÓRICOS

Sobre el concepto de ciudadanía existen dos grades posturas: la primera se refiere a la visión clásica universal de la ciudadanía, desarrollada por T.H Marshall (1992:37), en la que ésta se define como “el estatus que le concede a los miembros el pleno derecho de una comunidad”. En esta definición hay dos componentes principales el individuo y la comunidad. La base de esta conceptualización es el reconocimiento de una igualdad humana básica asociada a la pertenencia plena al Estado-nación, que trasciende las desigualdades económicas que existen en la sociedad.

Segundo, una postura más reivindicativa de la ciudadanía, se basa en la existencia de un pluralismo cultural, en una ciudadanía diferenciada. Este argumento acoge a diferentes sectores como: mujeres, grupos étnicos y otros que demandan el derecho a ejercer la ciudadanía desde sus particularidades y diferencias. Estos grupos, como representantes de otras identidades, son excluidos o no suficientemente integrados en la concepción tradicional de ciudadanía, ya que ésta implica un sentido homogéneo y totalizador en el cual se aplacan o neutralizan las diferencias en favor de una igualdad universal. En este sentido, la ciudadanía no es sólo un concepto universal, sino también excluyente. Renato Rosaldo (2000:39) al respecto arguye, que la ciudadanía ha sido parte de un proceso de diferenciación de los hombres privilegiados con respecto a los demás.

Iris Marion Young una de las representante de esta postura, de la construcción de la ciudadanía a partir de las diversas identidades culturales argumenta que: “el intento de crear una concepción universal de la ciudadanía que trascienda las diferencias grupales es injusto porque históricamente conduce a la opresión de los grupos excluidos” en (Will/Wayne 1997: 26). Desde una perspectiva feminista Chantal Mouffe agrega, incluso, que : “la ciudadanía es una categoría patriarcal, quién es ciudadano, qué es lo que hace un ciudadano y cuál es el terreno dentro del cual actúa, son hechos construidos a partir de la imagen del varón. A pesar de que las mujeres ya somos ciudadanas en las democracias liberales, la ciudadanía formal ha sido ganada dentro de una estructura de poder patriarcal donde las tareas y las cualidades de las mujeres todavía están devaluadas” (Camau, A. 1995: 294).

En definitiva, nos encontramos frente a un debate en construcción, ya que el énfasis dado a determinados aspectos de la ciudadanía se relaciona con el momento histórico y con las características particulares tanto del sistema político, como de los actores que participan de este proceso. Por lo tanto, la ciudadanía conlleva el ejercicio de los derechos políticos, y a la vez un conjunto de derechos sociales, los que se encuentran entramados con reivindicaciones de género, étnicas, sexuales de clase u otras otras.

Actualmente la globalización de la economía capitalista, se ha producido, entre otras cosas, un debilitamiento del Estado, en términos de ser una institucionalidad que conduce la unidad social. Como consecuencia de su desestructuración interna, en el sentido que el Estado deja de dar respuesta, sobre todo, a las nuevas demandas de la ciudadanía en el plano económico, social, político o cultural que se imponen en el escenario de la globalización mundial, se desencadena una creciente dependencia externa que afecta a las sociedades en su conjunto. Un ejemplo en este sentido, ha sido la creciente jurisprudencia internacional que han adquirido algunos conflictos en materia de violaciones a los derechos humanos, derechos políticos, entre otros.

En este contexto, se fortalece la economía mercantil como principio ordenador de la sociedad, es decir, no sólo se trata de establecer una regulación del mercado en el plano económico sino en la totalidad de las relaciones sociales, asignándole al Estado un rol eminentemente administrador, que modifica la relación clásica de éste con la sociedad civil.

En esta tensión, entre el ser ciudadano o consumidor, adquiere sentido retomar las ideas desarrolladas por T. H. Marshall en 1950 (1992:22), ya que permiten volver a las raíces históricas de la ciudadanía, reconocidas con propiedad desde el siglo XII hasta nuestros días Marshall diferencia tres ámbitos en la ciudadanía, civil, político y social. El civil contempla todos aquellos derechos necesarios para la libertad individual, la libertad de expresión, de pensamiento, de confesión religiosa, el derecho a la propiedad privada y el derecho a la justicia. En cambio, la ciudadanía política se expresa por medio del sufragio universal, y se refiere a la participación en los procesos políticos. Por último, la ciudadanía social contempla los derechos al bienestar económico, a la seguridad, y fortalecimiento de la equidad en la distribución de la riqueza.

En síntesis, en esta concepción de la ciudadanía se puede identificar en primer lugar una doble dimensión: por un lado, es posible diferenciar cada uno de los ámbitos a los cuales hace referencia (civil, político y social). Y por otro, reconocer su carácter totalizador y excluyente, vale decir, los individuos al ejercer la ciudadanía, están interpelando de una u otra forma a cada una de sus dimensiones, y al mismo tiempo, pueden ser marginados, por su condición de clase, de género, de raza o sexual. Segundo, la ciudadanía es un proceso más que un estado acabado, y, como tal, no siempre ha seguido un desarrollo evolutivo. Es decir, nos encontramos con un concepto en permanente redefinición, y que se encuentra tensionado por la fuerza de los cambios políticos, económicos y sociales experimentados por la sociedad. Tercero, la consecución o consolidación de los derechos ciudadanos no ha sido fácil en ningún país del mundo y, en la medida que se han alcanzando, por ejemplo los derechos civiles y/o políticos, estos mismos han llevado a una mayor exigencia, que contemple la ampliación de los derechos de la ciudadanía.

La ciudadanía de las mujeres en el escenario actual

En el caso de Chile, las experiencias de participación social y política de las mujeres, muestran las dificultades que éstas han tenido para traspasar del ejercicio de un liderazgo femenino a un protagonismo político y/o social real.

La participación de las mujeres como colectivo ha sido menor y, fundamentalmente, desencadenada por las difíciles condiciones sociales, económicas y políticas que ha experimentado el país en diferentes momentos históricos. Por lo tanto, una vez superada la coyuntura que legitima la existencia de un colectivo femenino, se ha producido un paulatino debilitamiento organizacional, ejemplos en este sentido, han sido el movimiento sufragista de los años 40’, que logró que las mujeres tuvieran derecho a sufragar en las elecciones nacionales, en 1949. Y la Concertación de Mujeres por la Democracia, a fines de la década de los 80’. Esta última representó a un amplio sector de la población femenina, articulando un discurso en favor de la reconstrucción democrática del país, desde una perspectiva de género (Salinas, P. 2000:58).

En consecuencia, se requiere revertir la visión que ha marginado la reivindicación de derechos de otras identidades (género, étnicas, u otras), por considerarla una amenaza a la concepción tradicional de la ciudadanía y una inflexión radical dentro de la misma. Segundo, se requieren avances en el sentido de visibilizar, que hasta ahora, el principio de igualdad universal omite desigualdades reales, por lo tanto el ejercicio de la ciudadanía de las mujeres, construido desde una perspectiva masculina, condiciona a este sector a articularse, desde el universo del varón, cuestión que se traduce en una baja participación, incompatibilidad, limitaciones, en definitiva lo que podríamos denominar una condición pre-ciudadana. Y tercero, las singularidades y diferencias de las mujeres exige la elaboración de políticas diferenciadas, que permitan efectivamente la implementación de criterios como la discriminación positiva, cuoteo político, entre otros; que, si bien, en un primer análisis se contradice con los principios y derechos individuales que proclama la democracia liberal, no parece posible alcanzar avances significativos en favor de la equidad de género, si se espera la sola evolución del sistema político, para que se produzca un cambio en este sentido.

Las mujeres y su relación con el poder

El concepto de poder se asocia a un complejo proceso que ha sido definido en diferentes sentido y que esta presente en diferentes estructuras sociales. Para Foucault (1992:157) las sociedades se encuentran atravesadas por relaciones de poder múltiples. Estas relaciones se establecen y funcionan a través de la acumulación, circulación y funcionamiento de un”discurso de verdad”. Las relaciones de poder se transforman en relaciones de dominación bajo formas de derechos (Leyes, aparatos, instituciones, reglamentos, etc.). Adoptan la forma de técnica o instrumento de intervención. Así, para este autor,”entre un hombre y una mujer, en una familia, entre un maestro y un alumno, entre el que sabe y el que no sabe, pasan relaciones de poder”. Foucault, plantea que no cree que el poder se construya a partir de voluntades individuales o colectivas ni tampoco se deriva de intereses. En otras palabras el poder se construye y funciona a partir de poderes, de multitud de cuestiones y efectos de poder. Por lo tanto, éste no se puede entender independientemente del proceso económico y las relaciones de producción.

Legrand, M. (1989: 27) comparte la visión de Foucault y agrega que el poder es una dimensión fundamental e ineludible en toda relación social, esto implica que el poder adquiere múltiples formas, se transforman históricamente, y que no todas esas formas son igualmente opresivas. Según Gerth/Wright (1984: 307) las dimensiones de poder en una estructura social comprenden las relaciones de poder entre los roles en un orden y los roles en otro orden, es decir el poder traspasa las estructuras, por ejemplo el poder del orden religioso no se limita a éste, pues influye en diferentes ámbitos de la estructura social.

Las relaciones entre hombres y mujeres también están atravesadas por mecanismos de poder, que constituyen relaciones de fuerza de las cuales resultaran el posicionamiento social y cultura de cada género. Sin embargo, las relaciones de género no se reducen a una sólo explicación: la supremacía masculina, porque ello equivale a simplificar u olvidar los otros componentes de dicha interacción. Es necesario situar la dominación de los hombres dentro de un conjunto desigualitarío de relaciones sociales.

Especialmente las mujeres cuando se incorporan al espacio público no se sustraen de sus responsabilidades domésticas, crianza de los hijos, atención de la casa. Esto desencadena que muchas veces las mujeres en la comunidad posean poder, pero al estar restringido a la esfera privada no logra proyectarse en el espacio público. Éstas no logran articular un discurso político que le permita participar en las instancias de decisión, las que al ser dominadas por los hombres, se encuentran definidos por sus modos y formas. En definitiva, esto ha influido en que los cambios logrados por las mujeres sean efímeros y que sus movilizaciones tengan escasos efectos y repercusiones.