Garantizar la transparencia

Planteó una reflexión en términos de estar atentos que no se vayan a producir nuevas distorsiones. Al haber mejoras se pueden crear expectativas demasiado grandes y eso choca con políticas clientelistas que se dan en todas las instituciones, incluida la nuestra. Hay que llamar la atención, agregó, que no sea una distribución por el poder. Lo que no se puede garantizar al 100%, dijo, “me parece bien que las facultades tengan un papel que jugar, para eso deben tener mucha transparencia, mucha honestidad, mucha idoneidad”. Señaló la importancia de que la administración central entregara todos los datos disponibles para ayudar en la toma de decisiones.

Por su parte, Alejandro Villalobos de la facultad de Educación, felicitó la iniciativa que beneficia a los académicos postergados. “Ella puede perderse si no existe la transparencia y rectitud ética que debería primar en esta iniciativa”.

Manuel Antonio Baeza, de Sociología, compartió la satisfacción y diagnóstico, y consultó sobre la razón para hacer excluyente el nuevo incentivo de Docencia sobre los otros incentivos, dado que puede significar establecer una brecha en el sentido de establecer un tipo de académico que es investigador y diferente del que privilegia la docencia.
Lavanchy señaló que se ha perseverado en un principio que está en el reglamento de Personal, de separar los incentivos.

En el caso de la asignación de productividad académica entran todos los productos académicos que puedan derivarse del trabajo de un profesor universitario; es el profesor universitario más completo el que debería acceder a esa asignación. “La de Docencia la enfocamos a aquel académico que difícilmente accederá a esta otra, porque está centrado en la docencia de pregrado. Lo que quisiéramos es que los beneficiios se hagan extensivos a un mayor número de académicos”.