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nro 608 jueves 16 de agosto de 2007

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  • EDITORIAL 

El acuerdo suscrito la semana pasada entre los gobiernos de Chile y Estados Unidos para incrementar el acceso e igualdad de oportunidades de estudios de posgrado en el país del Norte, ciertamente abre una serie de posibilidades a los jóvenes de nuestro país.

Bajo el título de Programa de Becas Igualdad de Oportunidades Chile-Estados Unidos de América se abre esta instancia para que estudiantes chilenos graduados puedan realizar estudios de doctorado de 4 años y de posdoctorado de 2 años.

Las disciplinas serán en función de las necesidades del país para establecer capacidades que amplíen el ámbito y la calidad de la investigación, de la innovación y de la enseñanza con miras a mejorar la competitividad a nivel mundial.

La iniciativa, que permitirá colocar a los participantes graduados y posgraduados chilenos de excelencia en una amplia selección de universidades de los Estados Unidos, posibilitará que por cada año de vigencia del acuerdo hasta 100 participantes puedan ser recibidos en las universidades estadounidenses.

Las condiciones económicas son altamente satisfactorias, apoyo en pasajes, mantención, diferencia de aranceles, capacitación en inglés, para los beneficiarios y seguro de salud para sus dependientes. Costos de orientación y administración para las instituciones involucradas en nuestro país con el proceso.

El gobierno norteamericano se compromete a entregar las visas requeridas para el participante y su familia, cubrir los costos administrativos de las agencias cooperadoras de su país, y proveer seguro de salud para el participante.

El papel que deberán cumplir las agencias es vital para el desarrollo del programa puesto que les compete colocar a los participantes en universidades e instituciones de calidad en su país, acorde con las necesidades; asegurar el otorgamiento de rebaja de aranceles, monitorear el desempeño de los participantes y proveer los cursos de ingles que requieran algunos de los estudiantes antes de comenzar sus estudios.

Se trata de una medida que en los siete años que está considerado que rija, deberá ciertamente producir un notable aumento en la masa crítica de posgraduados que el país requiere con urgencia, y así dar el salto cualitativo que permita avanzar hacia una sociedad más justa en esta y otras materias.

   

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