Política ambiental con costos de fiscalización

El proyecto, elaborado por economistas nacionales y extranjeros, revisa las oportunidades de obtener mejoras en la calidad ambiental a un mínimo costo posible, considerando, además de los costos de control de contaminantes, los costos en que incurre una agencia reguladora al realizar acciones con el propósito de inducir adecuados niveles de cumplimiento de las fuentes reguladas.

El proyecto Fondecyt Política ambiental con costos de fiscalización, liderado por el experto en economía ambiental y recursos naturales del departamento de Economía, Carlos Chávez, tiene como objetivo central obtener implicancias para el diseño de un sistema de regulación ambiental basado en un sistema de “permisos de emisión transferibles” y la creación de un mercado para tales permisos.

“Lo que queremos hacer en un principio es extender la literatura teórica que existe en economía ambiental, especialmente en el análisis de instrumentos de política de regulación ambiental. Específicamente queremos reexaminar un resultado que está desde hace aproximadamente 30 años en la literatura, que plantea que los instrumentos económicos, como los impuestos a las emisiones o los sistemas de permiso de emisión transferible -en Chile los conocemos como ‘bonos de descontaminación’-, serían capaces, según la promesa teórica, de permitir que un regulador obtenga mejoras en la calidad ambiental, a un mínimo costo posible”, explicó Chávez. Nuestro proyecto, a diferencia de la mayoría de la literatura existente, incorpora en el análisis los costos de las acciones requeridas para inducir cumplimiento.

Junto con el académico de la UdeC colaboran en la investigación Mauricio Villena, profesor en la Escuela de Negocios de la universidad Adolfo Ibáñez, y como contraparte internacional, John Stranlund, del departamento de Recursos Económicos de la Universidad de Massachussetts.

El caso chileno

En América Latina hay dos países que tienen experiencias prácticas en el uso de incentivos económicos para el mejoramiento de la calidad ambiental y Chile es uno de los casos de interés internacional.

En Colombia, el año 1997, se introdujo un programa de regulación que se denominó ‘Tasas retributivas’, un sistema de impuestos a los efluentes. “Es decir -explica Chávez-, que si una empresa descarga un contaminante a un río tiene que pagar una cierta cantidad de dinero por unidad de efluente, la idea es que ese castigo debe inducir a la empresa a reducir sus descargas.

En el caso chileno no tenemos ese sistema de impuesto a las emisiones, pero tenemos un sistema de ‘permisos de emisión’”.

En nuestro caso este sistema de regulación se conoce como ‘Programa de compensación de emisiones’ y fue implementado en Santiago a partir del año 1992. “En el fondo es una política que tiene elementos de un programa de emisión transferible o de bonos de descontaminación. Pensando en esto, para la segunda etapa del proyecto, lo que vamos a hacer es aplicar el desarrollo teórico, considerando el caso de las fuentes que están reguladas bajo el Programa de Compensación de Emisiones en Santiago”.

Tras un año de trabajo el equipo ya cuenta con algunos resultados. “Los resultados que tenemos por el momento sugieren que los permisos de emisión transferibles y los impuestos a las emisiones, en su forma convencional, no serían capaces de obtener mejoras en la calidad del ambiente, al mínimo costo posible. La razón de este resultado es relativamente simple, esos sistemas generan precios uniformes -iguales para todas las fuentes-, sin embargo, existen fuentes más costosas (difíciles) de fiscalizar que otras, por lo cual se requiere precios discriminatorios”.

Ahora el trabajo está orientado en la recolección de datos de las cerca de 600 fuentes fijas que participan en el Programa de Compensación de Emisiones de Santiago. “Vamos a calibrar nuestro modelo teórico con datos reales para hacer simulaciones numéricas y ver cómo funciona”.

“No trabajamos directamente con las 600 empresas involucradas, no nos interesa saber quién es quién ni identificarlas de manera individual, lo que necesitamos es tener información anónima de las fuentes”.

El proyecto lo que requiere en este segundo año de trabajo es la cooperación de la Comisión Nacional de Medio Ambiente, Región Metropolitana, y de la oficina de Calidad del Aire del servicio de Salud Metropolitano del Ambiente. “Son quienes nos pueden abrir las puertas a las bases de datos de las fuentes que están siendo reguladas bajo el programa de compensaciones. Sabemos que existe un aspecto de confidencialidad involucrado, pero esperamos convencer a las agencias de que estamos haciendo un esfuerzo de investigación serio, en el que los resultados podrán ser útiles de modo de mejorar o refinar el programa de regulación o para pensar en regulación futura”, puntualizó Carlos Chávez.