Dos temas relacionados con el sistema educacional han estado en la discusión pública esta quincena. Por una parte, la Presidenta de la República presentó lel prpyecto de la nueva Ley General de Educación y, por otra, constituyó la Comisión Asesora Presidencial de Educación Superior, entidad que analizará la situación en que se encuentra este nivel de enseñanza y propondrá desafíos para mejorarla. Un total de 24 personas, entre representantes de universidades del Consejo de Rectores y privadas, institutos profesionales, centros de formación técnica y estudiantes conforman este comité que tiene un plazo de seis meses para evaluar reflexiones y conclusiones respecto del sistema de educación superior en materias de participación, gobernabilidad, financiamiento y marco regulatorio.

Se estima que la conformación de la Comisión puede ser interpretada como una señal de que hay voluntad política para producir un cambio profundo en la educación superior. Aparte de los rectores que integran el comité, el Consejo está conformado por seis expertos en educación y presidido por el rector de la Universidad Diego Portales.

En el ámbito de la enseñanza básica y media, el cambio a ala actual LOCE propone una docena de medidas. Entre ellas destacan algunas que ya han causado controversia desde que se anunciaron, como la selección hasta Octavo Básico en las escuelas subvencionadas por el Estado. También la que señala que el establecimiento educacional podrá optar libremente a ser reconocido oficialmente por el Estado, siempre que cumpla con los requisitos impuestos por él para actuar en la actividad educativa. Otro aspecto es que se prohíbe expulsar a alumnos a causa del rendimiento escolar o repitencia, prohibiendo, asimismo, su expulsión durante el año académico por no pago de compromisos contraídos con los sostenedores. El embarazo y la maternidad no constituyen impedimento para el ejercicio del derecho a la educación.

El Mineduc deberá diseñar un sistema nacional de evaluación de logros de aprendizaje y hacerse responsable de contar con instrumentos válidos y confiables para esas evaluaciones, las que deben ser periódicas y oportunamente informadas a la comunidad; a los sostenedores se les impondrán nuevos requisitos y la obligación de comprometerse a cumplir con los estándares nacionales de desempeño y resultados educativos, mientras que el Estado compromete la gratuidad de la educación desde el primer nivel de transición hasta la Enseñanza Media.

La Ley General establece requisitos más exigentes para los sostenedores privados y les obliga a que, en un plazo de cuatro años, se organicen como personas jurídicas sin fines de lucro y con giro educacional de carácter exclusivo.

Por último, se dispone el reemplazo del Consejo Superior de Educación por el Consejo Nacional de Educación, quien informará favorablemente o con observaciones los estándares de calidad propuestos por el Mineduc. Se modifica su composición, elevando el número de miembros, los que deben ser representativos de toda la comunidad educativa.

Cuando estas dos iniciativas se concreten, y la LOCE sea reformada, se producirá un cambio profundo en el sistema educacional chileno.