Las nuevas pruebas de selección y admisión a las universidades han dejado de manifiesto las fuertes presiones por las que atraviesa la Educación Superior. Las críticas se hicieron sentir incluso antes que se conocieran los primeros ejemplares de las pruebas.

El cambio de la Prueba de Aptitud Académica, PAA, era una necesidad que todos los sectores ciudadanos reclamaban. En 1999 el Consejo de Rectores, tras 34 años de aplicación de la PAA, que se tomó por primera vez en 1967, formó una comisión técnica del más alto nivel para realizar una investigación sobre el tema. La máxima instancia de las universidades tradicionales selló el destino del cambio de instrumento de medición en enero de 2001 en Punta Arenas.

Desde que las pruebas fueron puestas en conocimiento del público, por una decisión de los rectores, se alzaron voces disidentes: algunas acusando que con una triquiñuela se podía adivinar el resultado; otras indican que los efectos en la calidad de la educación media podrían ser negativos; las últimas argumentaron que atentaría contra la libertad de enseñanza. Todo ello llevó a la Consejo a emitir una declaración pública la semana pasada (ver información) en la que reitera la voluntad de aplicar el nuevo sistema de ingreso SIES en 2003, tal como está planificado.

El nuevo conjunto de pruebas utiliza los conocimientos de los alumnos, y toma como base el desarrollo de competencias y/o habilidades referidas al currículo de la enseñanza media. En la misma declaración, el Consejo señala que está abierto a la discusión pública, en los espacios apropiados de los temas que le incumben. Descarta hacerse cargo de las críticas como libertad de enseñanza, que deben ser abordadas por las autoridades el ministerio de Educación.