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  Nº 689 miércoles 9 de noviembre de 2011

 

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EDITORIAL

El encuentro realizado la semana pasada entre el Consejo Académico, presidido por el Rector, los dirigentes sindicales y los representantes de la FEC con los parlamentarios de la Región del Biobío es un hecho relevante en la cadena de acontecimientos que han realizado las universidades no estatales agrupadas en el G-9, las universidades de regiones y nuestra propia casa de estudios para poner en evidencia el real aporte que se realiza en beneficio del desarrollo del país.

Estos cinco meses de conflicto estudiantil han puesto de manifiesto ante la opinión pública algo que era ampliamente conocido en el ámbito de la educación superior, esto es que la realidad universitaria nacional es tremendamente heterogénea.

Es por esto que en las actuales circunstancias ha sido necesario reivindicar el aporte que universidades como la nuestra hacen mediante la calidad de sus labores de docencia, investigación y extensión, así como en la vocación regionalizadora de dichas actividades.

La denominación de universidades regionales de excelencia se hace particularmente relevante cuando se habla de las universidades de Concepción, Técnica Federico Santa María, y Austral de Chile.

Expertos han planteado que dado que ellas son instituciones que no son de propiedad del Estado ni de ninguna otra persona de derecho público, corren permanentemente el riesgo de caer en desprotección al carecer del respaldo que otorga pertenecer a instituciones de mayor extensión. Al mismo tiempo, dado que son corporaciones de derecho privado autogestionadas y sin fines de lucro, carecen de la soltura financiera de otras universidades cuya propiedad está en manos de directorios de inversionistas.

La responsabilidad del Estado frente a estas universidades está garantizada en la misma Constitución, en los artículos 1, 19 Nº10, y 3.


Las universidades regionales de excelencia son el espacio para la consecución de dicho propósito; y en consecuencia, aumentar el financiamiento basal de dichas universidades pasa a ser prácticamente un deber constitucional del Estado.

La finalidad del Estado, según el Artículo 1º de la Constitución Política de la República, es promover el bien común, para lo cual debe contribuir a crear las condiciones sociales que permitan a todos y a cada uno de los integrantes de la comunidad nacional su mayor realización espiritual y material posible.

La propia Constitución, en su Artículo 19 Nº 10, señala una de las maneras mediante las cuales el Estado puede llevar adelante la promoción del bien común: fomentando el desarrollo de la educación en todos sus niveles; estimulando la investigación científica y tecnológica, la creación artística y la protección e incremento del patrimonio cultural de la Nación. Esta disposición constitucional contiene la referencia más directa al rol que le corresponde a las universidades dentro de nuestra sociedad en cuanto centro de cultivo y propagación del conocimiento.

El mismo Artículo 1º señala de manera especial que es deber del Estado promover la integración armónica de todos los sectores de la Nación. En virtud de ello, indica el Artículo 3º, los órganos del Estado han de promover el fortalecimiento de la regionalización del país y el desarrollo equitativo y solidario entre las regiones, provincias y comunas del territorio nacional.

Sintetizando estas disposiciones constitucionales, se deduce que es deber del Estado fomentar el desarrollo de la educación y estimular la investigación científica y tecnológica que promuevan el fortalecimiento de la regionalización del país. Las universidades regionales de excelencia son el espacio para la consecución de dicho propósito; y en consecuencia, aumentar el financiamiento basal de dichas universidades pasa a ser prácticamente un deber constitucional del Estado.

Así quedó de manifiesto en las intervenciones realizadas tanto por las autoridades universitarias, como por los parlamentarios de todas las bancadas, durante el encuentro que reunió a representantes de los tres estamentos de la Universidad con tres senadores y seis diputados de la Región del Biobío en torno a los problemas de la educación superior y de esta casa de estudios en particular.

 

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