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  Nº 688 jueves 20 de octubre de 2011

 

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CONTRIBUCIÓN

La “excepcionalidad” chilena en cuestión

Chile se encuentra al final de la lista por sus malos resultados en relaciones sociales, seguridad y vivienda, que decir, como el país con peor distribución de los ingresos.

La movilización de los estudiantes ha conllevado al mismo tiempo un profundo cuestionamiento de la ciudadanía al sistema institucional y democrático del país, especialmente en el tema de la legitimidad y representatividad (véase última encuesta UDP). En ese contexto, es decir, en aquella crítica, se enmarca la mentada excepcionalidad del modelo chileno, tanto desde el punto de vista político como económico.

Desde los años noventa en adelante se instaló con fuerza un determinado discurso desde las elites, clase dirigente, incluso respaldada por algunos analistas que apuntaban a destacar la excepcionalidad constitucional del país. Un discurso que enfatiza la duración y virtuosidad del orden institucional chileno, de la ejemplar gobernabilidad que ha permitido la estabilidad del país. Es decir, un “orden político” gracias a la tarea y “calidad” de sus “elites”, de los destacados prohombres de la política y normas constitucionales (leyes); quedando en un segundo plano la importancia y participación que tiene y debe tener la “sociedad civil” en el proceso de construcción e instalación de un orden político, donde destaquen los conceptos de legitimidad y gobernanza, lo cual permita un efectivo ejercicio del poder ciudadano, imponiendo los valores políticos y sociales de las grandes mayorías nacionales.

Junto con aquello, encontramos la ausencia de un poder constituyente democrático. Es decir, las Constituciones en Chile han sido el resultado de determinados consensos (intra-elite), imposiciones (no necesariamente la coerción física) de pequeños sectores o bien el resultado de la presión ejercida por la fuerza militar. El ejemplo más próximo es la Constitución de 1980, aprobada bajo dictadura, donde la ciudadanía carecía de las condiciones mínimas para debatir y expresar libremente sus ideas. Asimismo, no existía libertad de prensa, derecho a reunión, funcionamiento de partidos políticos, a lo cual se suma la represión a los opositores al régimen; por lo tanto, la Constitución de 1980 tiene un origen autoritario, consagrando un régimen poco democrático, y además, instituyendo un marco legal para la consolidación del sistema económico neoliberal.

En relación ha esto último y a las leyes que actualmente rigen el sistema económico, social y cultural del país, nos encontramos ante un discurso que destaca grandes cifras macroeconómicas, tasa de crecimiento al 6 o 7 %, baja en el desempleo, incluso el ex presidente Ricardo Lagos destacaba tiempo atrás en una publicación que Chile como nunca “había avanzado tanto en tan poco tiempo: prosperidad económica, desarrollo de las libertades, progreso institucional, mejoramiento del nivel de vida de la mayoría, particularmente de los más pobres” (El futuro comienza hoy, 2008). No obstante aquello, en la actualidad el país se sigue rigiendo por las leyes económicas impuestas en dictadura que privilegian una organización en torno al mercado y el individualismo, estableciendo sistemas mercantiles en salud y educación, vulnerando derechos laborales y sindicales, atomizando a los sectores medios y populares.

Entonces, la pregunta y crítica que nos tenemos que plantear es: ¿Qué tipo de Estado y sociedad se ha construido en los últimos 30 años?, ¿Qué hay detrás o qué esconden aquellas cifras económicas que nos hablan del gran crecimiento económico?

Como recientemente nos “enrostró” un informe de la OCDE Chile se encuentra al final de la lista por sus malos resultados en relaciones sociales, seguridad y vivienda, que decir, como el país con peor distribución de los ingresos.

Por ello, si hay algo que destacar de la movilización estudiantil y del apoyo transversal de la sociedad, es que ha dejado en evidencia otra de las falsificaciones históricas y políticas de los últimos años, aquella de la mentada excepcionalidad chilena.

Danny Gonzalo
Monsálvez Araneda
Académico del departamento
de Ciencias Históricas


 

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