La urgencia de cerrar el primer semestre, acogiendo el llamado que hiciera el Consejo Académico en el sentido de no poner en riesgo las ayudas estudiantiles, becas y créditos que reciben de parte del Estado, fue uno de los elementos analizados en el Consejo General de Estudiantes celebrado este martes, en el que acordaron reiniciar actividades académicas el lunes 26 de septiembre. Los estudiantes manifestaron que esta decisión consideró también los efectos negativos que para la propia Universidad significaría no cerrar el semestre, lo que para ellos representa una señal de madurez del movimiento.
La Rectoría ha destacado que estas medidas han sido consensuadas en un trabajo conjunto entre los representantes estudiantiles y el Consejo Académico. De hecho la autoridad ha manifestado que en esta situación de excepción se requiere del sacrificio y esfuerzo de todos los universitarios, teniendo en consideración el apoyo explícito de los académicos y trabajadores de la Universidad a la demandas de los estudiantes.
El cierre del semestre obedece a la decisión del Ministerio de Educación de establecer el día 7 de octubre como última fecha para la entrega de notas del primer período lectivo para mantener los beneficios mencionados.
La crisis por la que ha atravesado y atraviesa el sistema de educación del país, en particular la superior, requiere de la generosidad de todos sus actores.
El Consejo Académico, al proponer el nuevo calendario, ha señalado que las facultades deberán cautelar que las actividades académicas que se reprogramen se desarrollen bajos los mismos estándares de calidad que se utilizan en un periodo lectivo ordinario.
El cierre del semestre es la actividad en la que directivos, profesores y administrativos y alumnos deberán centrar sus esfuerzos en los próximos días.
Lo central es que los estudiantes colocaron en la agenda nacional las reformas en la educación y en los próximos años este tema ya no podrá estar ausente del debate público. Esto es positivo pues el sistema requiere de una profunda transformación.
El modelo actual fue implementado en 1981, y si bien los alumnos han centrado sus demandas, entre otros, en el fin del lucro, en el fondo el rechazo está relacionado con la crítica a la preponderancia de los elementos de mercado en la educación, la privatización creciente de las organizaciones educacionales y la primacía del individualismo, junto a una férrea defensa de las universidades no sólo estatales sino también aquellas de vocación pública que realizan investigación y extensión además de docencia y mantienen un gobierno académico con instancias de participación democrática.
La crisis por la que ha atravesado y atraviesa el sistema de educación del país, en particular la superior, requiere de la generosidad de todos sus actores.
