Existe casi unanimidad respecto a que el país no volverá a ser el mismo después de este conflicto estudiantil que se ha prolongado por más de tres meses. Se afirma que en esta primavera que se aproxima, Chile debería amanecer con otra cara.

Lo que se ha vivido hasta el momento es una crisis producto de que las demandas, de la ciudadanía en general y de los estudiantes en particular, no han encontrado respuestas en el sistema político vigente y por lo tanto la calle se ha transformado en el ágora, es decir, el lugar donde se exponen las peticiones y aspiraciones de los grupos organizados. Esto es lo que se ha experimentado en todo el país en los últimos meses. El fondo del asunto es la insatisfacción ciudadana al no haber obtenido respuestas adecuadas a sus exigencias.

Estamos adportas de que se abran caminos de contacto directo entre los estudiantes y el gobierno que podrían permitir una salida a este conflicto, apertura que es indispensable para lograr que se establezca un diálogo entre los actores que posibilite que las demandas presentadas por los alumnos y respaldadas por una mayoría de la ciudadanía, se traduzcan en acciones concretas y efectivas en el corto y mediano plazo.

La experiencia de la llamada revolución de los pingüinos muestra que es indispensable hacerle seguimiento a los procesos y verificar que los acuerdos logrados se cumplan en los plazos establecidos; de no ser así, en algunos años más se corre riesgo de volver a vivir lo sucedido en este invierno.

La comunidad universitaria en general está llamada a colaborar en la búsqueda de los acuerdos que permitan consolidar lo avanzado en estos meses.

La lógica de mercado con que se ha administrado la educación en todos sus niveles en el país en los últimos 30 años ha hecho crisis. El rol del Estado como responsable de la Educación de los ciudadanos, del financiamiento, por ende, de las instituciones y el tema del lucro están en el centro de la discusión. Las voces de alarma de quienes lideran el sector de la educación superior han hecho converger últimamente los intereses de toda la comunidad universitaria del país en la defensa de las universidades de vocación pública como la nuestra.

Si no se reconoce en los hechos el rol primordial que cumplen las universidades que integran el Consejo de Rectores, que son las que crean casi el 90% del conocimiento en el país, ellas se enfrentarán a una competencia que no se dará en los planos de la calidad y aporte a la sociedad.

Hay que tener presente que los aportes basales estables y crecientes que realice el Estado para el financiamiento de estas instituciones debe considerar a las universidades estatales pero también aquellas que no tienen fines de lucro, realizan investigación y extensión además de docencia, no discriminan y mantienen un gobierno académico con instancias de participación democrática. Es necesario velar entonces para que en la discusión que se está dando esto no se pierda o desdibuje.

En su última declaración el Consejo de Rectores afirmaba que el fortalecimiento de la educación superior es un objetivo prioritario que convoca al país y que requiere la más amplia y plural participación de todas nuestras comunidades.

También indicaba que se llamaba a los estudiantes de las universidades, a trabajar en torno a los puntos convergentes ya concordados con la Confech y a normalizar las actividades académicas, para no dañar las instituciones y preservar el apoyo ciudadano a las legítimas demandas que ha expresado el movimiento estudiantil, sin poner en riesgo la conclusión del semestre y año académico.