La reflexión del conflicto educativo desde la academia

Con conferencias, trabajos en talleres y otras actividades los académicos han analizado la crisis por la que atraviesa la educación superior. Los temas de equidad, económicos, regionales y la calidad de las instituciones han estado presentes en el debate.

Con la refundación de la antigua Asociación de Académicos, los docentes de la Universidad entraron de lleno, a mediados de junio, en la discusión en torno a la crisis de la educación superior.

El organismo está dotado de una directiva provisional, que integran los académicos Carlos Saavedra (Ciencias Físicas y Matemáticas), Alejandra Brito y Alejandro Díaz (Ciencias Sociales), Jaime Soto (Humanidades y Arte) y Osvaldo Ulloa (Ciencias Naturales y Oceanográficas).

A través de la Asociación, que lleva el nombre del rector fundador y que actualmente agrupa a unos 300 asociados, el cuerpo académico ha querido representar su postura frente al conflicto, haciendo frente común con la Federación de Estudiantes y los sindicatos 1 y 3.

En su primera declaración, el 22 de junio, y en línea con los planteamientos de las máximas autoridades, la agrupación manifestó su preocupación tanto por la situación nacional como por los riesgos que el estado actual de las cosas entraña para el futuro de nuestra casa de estudios en el cumplimiento de su misión, que incluye “docencia de calidad, investigación de alto impacto, al servicio de las reales necesidades del país y con extensión que contribuye al desarrollo de la cultura y las artes regionales y nacionales”.

Para los académicos resulta paradójico “que las políticas universitarias que se siguen implementando sólo permiten el desmantelamiento de universidades, como la nuestra, que buscan, precisamente, aportar de modo real a terminar con las inequidades que provoca un sistema desgastado y en crisis”.

Siguiendo con sus actividades, el miércoles 6 de julio se llevó a cabo una jornada de reflexión destinada a analizar diversos aspectos de la crisis del sistema de educación superior y sus impactos en la Universidad y que convocó a unos 180 académicos.

Tras una intervención introductoria, a cargo del académico de la Pontificia Universidad Católica de Chile, Rolando Rebolledo, –quien hizo un análisis conceptual de las universidades de vocación nacional y pública y de su contribución al desarrollo del país- los académicos se constituyeron en comisiones para la generación de propuestas –que se darán a conocer más adelante- en torno al financiamiento, institucionalidad, democratización y orgánica de la Asociación.

El encuentro estuvo marcadopor la contingencia generada por la propuesta presidencial (El Gran Acuerdo Nacional por la Educación, Gane), que en primer término fue rechazada por la Asociación.
Paralelamente, los académicos han realizado jornadas informativas en el Campus Los Ángeles, a la vez que se han entrevistado con el rector Sergio Lavanchy para compartir su programa de trabajo.

Más que docencia

En una nueva actividad convocada por la Asociación en conjunto con la FEC y los sindicatos, el 14 de junio el economista del Centro de Estudios Nacionales de Desarrollo Alternativo, Cenda, Manuel Riesco, entregó su visión sobre el sistema de financiamiento de la educación superior.

Riesco señaló que la actual crisis es el resultado del proceso de “desmantelamiento del sistema nacional de educación pública a partir del Golpe Militar de 1973” y afirmó que el sistema de financiamiento –a través de los alumnos- “compromete la calidad de la educación en lugar de promover su mejoramiento”.

Para Riesco, el esquema de entrega de recursos descansa sobre una visión que considera a la educación superior como un sistema exclusivo de docencia, pero las universidades son más que eso: constituyen, para las sociedades, un lugar para el resguardo de la cultura, la ciencia y las artes. De las más de 60 universidades que existen hoy, señaló, sólo 5 pueden acreditar que cumplen esa función “y ésta –dijo- es una de ellas”

“Son las que hacen docencia, investigación y extensión; concentran más o menos un quinto de los alumnos, pero tienen el 40% de los académicos con jornada completa; la gran mayoría de los doctores, casi toda la producción científica del país y concentran el 40% del gasto de educación superior”. Sin embargo, agregó, reciben menos de un tercio de lo que necesitan “y aún así andan al 3 y al 4…porque no cuentan con las condiciones adecuadas para cumplir su misión”.

El lunes y martes, en una nueva jornada de reflexión, los académicos invitaron al director de Docencia, José Sánchez, y el vicerrector Alberto Larrain, a exponer sus puntos de vista sobre acceso y permanencia en la educación superior y el entorno económico en que se inserta la Universidad, respectivamente.

La segunda sesión fue seguida de una asamblea de los asociados que apuntaba a definir posición frente a peticiones de estudiantes y un itinerario en relación a los temas abordados en la primera jornada de discusión de la Asociación.

En tanto, para mañana está programado un encuentro Nacional de Asociaciones de Académico/as, cuyo objetivo es analizar la realidad de cada universidad con miras a constituir una agrupación de docentes de las instituciones del Consejo de Rectores.

Acceso y permanencia en la Educación Superior Sánchez se refirió a la responsabilidad social de la educación superior, en el sentido de que no sólo debe proporcionar capacidades, sino que también formar ciudadanos éticos y comprometidos, señaló. Indicó que la equidad es el problema central en la educación; en el acceso a una formación de calidad, permanencia en ella, empleabilidad y un sueldo digno como resultado de todo lo anterior. Agregó que las instituciones de educación superior tienen como responsabilidad fundamental que quienes se matriculen lleguen a graduarse. “La educación superior es un bien público e imperativo estratégico para el desarrollo del país”, afirmó el Director. Sobre la evolución de estas instituciones en el país, se puede observar que no existe planificación al respecto; ya sea por el aumento de éstas -desde 1990 a la actualidad-, como por la concentración de matrículas (50%) en Santiago, indicó Sánchez. Como datos a considerar a la hora de discutir acerca de la educación pública, es ver de dónde provienen los alumnos. En el caso de la UdeC, este año, el 49% proviene de colegios subvencionados, 39% de municipales y un 12% de particulares. Para Sánchez, es necesario dar posibilidades a los estudiantes de cambiar de carrera dentro de las universidades, evitando así la deserción, en su opinión el nivel de logro no está relacionado con el colegio de origen, sino en la elección correcta de la carrera.

 

El entorno económico de las universidades Luego de abordar distintos elementos que le permitieron ir dibujando el entorno económico de la educación superior en Chile y la realidad de nuestra casa de estudios, Alberto Larrain puso énfasis en dos elementos fundamentales, a su juicio, que necesitan una revisión. El primero de ellos dice relación con el Aporte fiscal directo (AFD), “es el aporte basal más importante y tiene que ser modificado y ajustado, de modo razonable, al tamaño de cada institución”, dijo. El otro aspecto que destacó es el relativo a los aranceles referenciales los que, señaló, deben asemejarse a los montos que las universidades necesitan cobrar para financiar su operación. El Vicerrector de Asuntos Económicos y Administrativos también se refirió al gasto que nuestro país hace en educación superior, como porcentaje del PIB. “Chile tiene un gasto total en educación que no es tan bajo. La diferencia con otros países se produce en la educación terciaria donde, del 2% del gasto el Estado aporta sólo un 0,3%, dejando un 1,7% a las familias. Este esquema ha provocado manifestaciones y rebeldía por parte de los estudiantes”. Por último Larrain fue enfático en afirmar que el riesgo que corren hoy universidades como la nuestra es que se establezca una política discriminatoria entre las universidades del Estado y las casas de estudios públicas. “Todos tenemos que sintonizar acerca del rol público de la UdeC. Como integrante del CRUCH nuestra casa de estudios debe seguir recibiendo el mismo trato del Estado, y no ser segregada de las universidades estatales”.