Las masivas marchas de los estudiantes universitarios en todo el país pusieron de manifiesto que la crisis por la que atraviesa la educación superior en Chile ha pasado de ser un problema que afecta sólo al sector, para constituirse en un tema de carácter nacional.
Así ha quedado en evidencia en las múltiples declaraciones emitidas por el Consejo de Rectores de las Universidades Chilenas, Cruch; la Confederación de Federaciones Universitarias de Chile, Confech; el ministerio de Educación, los partidos políticos tanto de gobierno como de oposición, e incluso el Presidente de la República.
En nuestra Universidad los diferentes actores también se han pronunciado de manera categórica. Por una parte, Rectoría ha participado activamente en la repuesta del Cruch a los 12 puntos propuestos por el ministerio de Educación para constituir la Agenda de Educación Superior.
Para hoy está programada una reunión del Comité Ejecutivo del Cruch con las autoridades del Ministerio, en la cual se entregarán las respuestas de las comunidades de las diversas universidades. En el proceso de diálogo ha habido avances y retrocesos y aún quedan puntos por dilucidar. Hay consenso en la necesidad de incluir a los estudiantes en las mesas de trabajo que se crearán.
Una de las preocupaciones de los rectores es el hecho de que la educación superior es una industria no regulada en donde las familias que confían la formación de sus hijos requieren de certezas.
En tanto, el movimiento estudiantil ha recogido una serie de insuficiencias que presenta hoy la educación pública vinculadas con el financiamiento, el control del lucro, la participación estudiantil, el acceso de los alumnos con menores ingresos, el encarecimiento en los costos de mantención de los estudiantes, y el rezago en ciencia y tecnología en comparación con los países miembros de la OCDE.
Para que todos los actores de la Universidad converjan hacia el objetivo de la defensa de la educación pública como meta principal, se requiere una conducta responsable de todas las partes.
La movilización de miles de estudiantes, que buscan una mejora en la calidad de la educación actual, situación originada -aducen- por el lucro en la enseñanza terciaria, la baja democratización al interior de las universidades, la poca regulación de este mercado, y el sobreendeudamiento de quienes toman un crédito para formarse como profesionales, es un hecho real.
Hay conciencia en el país sobre la necesidad de que la educación superior haga un avance sustantivo en calidad, transparencia, en definiciones propias del Estado, entre otros temas.
En todo este proceso la perspectiva de las instituciones regionales es una variable que se debe tener presente.
En el caso de la UdeC, las conversaciones entre las autoridades y los alumnos han estado centradas en el petitorio entregado por la FEC que hace suyas muchas de las demandas nacionales y que agrega un capítulo para temas internos.
Para que todos los actores de la Universidad converjan hacia el objetivo de la defensa de la educación pública como meta principal, teniendo claro que se debe mejorar su democratización, hacerla más accesible a los sectores vulnerables de la población disminuyendo las brechas existentes, se requiere una conducta responsable de todas las partes.
No es un clima propicio para la negociación cuando integrantes de uno de los grupos destruyen propiedad de la comunidad universitaria, insultan soezmente a sus integrantes e impiden que los trabajadores universitarios puedan cumplir sus funciones en condiciones de dignidad La acción irresponsable de grupos minoritarios, que ejecutan actos vandálicos, requiere ser ordenada por sus propios pares.
Situaciones como éstas distraen la atención de los grandes objetivos que hoy enfrenta todo el sistema educacional del país y corren el riesgo de restar apoyo a los que los problemas que se están analizando requieren del mayor respaldo posible de todos los estamentos de la comunidad universitaria y de la sociedad.
