En esta campaña electoral la discusión
no se ha focalizado en los temas
de fondo que permitan visualizar
estrategias de largo plazo que
disminuyan la brecha actual.
El martes finalizó el período en que 285 mil jóvenes rindieron
la Prueba de Selección Universitaria para ingresar a
una carrera en 2010. Se trata de una generación que, todos
los expertos estiman, pondrá en mayor evidencia las desigualdades
del sistema educacional chileno, dado que los
alumnos que provienen de los colegios municipalizados habrán
tenido al menos 3 meses menos de clases que aquellos
que se educaron en instituciones particulares.
Los estudios internacionales de la OCDE sobre Chile señalan
que en nuestro país conviven dos políticas de reforma
educacional en la enseñanza básica y media, pero ideológicamente
en conflicto. Una es la noción de que los mercados
educacionales, con competencia entre escuelas, un
alto grado de elección de los establecimientos educacionales
por parte de los padres y una administración privada de
dichos establecimientos, proporcionan la mejor esperanza
de eficiencia educacional y el rendimiento escolar más alto
posible. La otra es la noción de que el gobierno central debe
intervenir en el sistema educacional con una clara visión de
lo que constituye una buena educación y cómo lograrla para
asegurar que los estudiantes tengan la mayor oportunidad
de aprender.
Este fenómeno -claramente identificado por el informe de
la OCDE- en la práctica ha terminado resolviéndose a favor
del mercado. En concordancia con lo anterior, el sistema
de financiamiento no considera en la proporción que
debiera las profundas y significativas diferencias de capital
económico y social de la población escolar chilena. En consecuencia,
su forma de operar ha implicado la postergación
del servicio educativo a los alumnos más costosos de atender,
dado que el sistema aporta un valor muy parecido para
toda la población escolar en razón de lo cual cubrir los grupos
de mayor costo no es rentable, generándose los cambios
en la matrícula con el desplazamiento de la población
de mejores ingresos relativos hacia el sector particular subvencionado.
Todo esto sumado al problema de un Estado,subsidiario y
que no cuenta con los mecanismos legales ni financieros
para implementar todas sus acciones y responder por ellas.
La política educativa requiere de mayor debate público,
para buscar la mejor solución posible y comprometer a los
distintos actores en su implementación más allá del deber
normativo, como hasta ahora se ha visto este proceso. Sin
embargo, en esta campaña electoral la discusión ha estado
centrada en aspectos particulares, de importancia por
cierto, pero que no se ha focalizado en los temas de fondo
que permitan visualizar estrategias de largo plazo que disminuyan
la brecha actual.
Pese a lo señalado, la reforma educativa chilena ha sido
un esfuerzo país de significación por actualizar las capacidades
de los estudiantes a las necesidades del mundo globalizado
que puede quedarse sólo en eso. En materia de
oportunidades educativas para los más desfavorecidos los
datos son incuestionables, pero su impacto sobre la calidad
educativa y en la reducción de la desigualdad, tareas propias
de las reformas de esta generación, demanda más que
lo realizado hasta la fecha y acciones que exceden al sector
educación.
Si bien se reconoce a la educación como una prioridad nacional,
no es claro que tengamos una política de Estado
en esta materia más allá del diagnóstico y de la discusión
presupuestaria. Aun así es indispensable analizar públicamente
para el proyecto de sociedad que buscamos qué educación
necesitamos y de qué calidad con
todas sus acepciones
por discutir,
cómo lo vamos a hacer y sólo allí definir
cuánto nos cuesta ello y de dónde provendrán los recursos,
estimándose la rentabilidad de la inversión.
A las universidades nos corresponde una voz en este debate,
no sólo porque los jóvenes que egresan de sus aulas
son nuestros futuros estudiantes sino por un deber ético
frente al país.
