En la última quincena los medios de comunicación han sido el escenario privilegiado para debatir sobre el futuro de la Educación Superior.

El fin de semana pasado, la ministra de Educación dio a conocer que tiene preparada una propuesta para presentarle a la Presidenta de la República que recoge los aportes del Consejo Asesor, del informe de la OCDE y del Consejo de Innovación.

En los trascendidos se sabe que el Ministerio plantea transformaciones significativas, especialmente en el financiamiento que el Estado aporta a las universidades, destacando la necesidad de incrementar los recursos. Cambiar el modelo de financiamiento para la máxima autoridad del sector, requiere que el país esté dispuesto a hacerlo pues es tal la magnitud de la inversión que no se resuelve en un solo gobierno y se necesita un acuerdo nacional.

Por otra parte, la iniciativa plantea abrir la inversión a nuevas instituciones focalizándola en la demanda, es decir, centrada en los estudiantes, teniendo presente como criterio adicional la acreditación.

También se plantea una nueva modalidad para la entrega del Aporte Fiscal Indirecto, AFI, que integre el ranking de las notas de enseñanza media al resultado de la PSU.

En el fondo, la propuesta apunta a incrementar los aportes del Estado, a cambiar los instrumentos de distribución y a crear una nueva institucionalidad.

Nuestra casa de estudios ha manifestado a través del Rector que es necesaria una definición del Estado sobre lo que espera de sus universidades, independientemente que sean públicas o privadas.

También ha señalado que el apoyo económico se puede entregar a aquellas instituciones sin fines de lucro, que están acreditadas y que aportan bienes públicos y que, por lo tanto, la decisión debe estar basada en su contribución al país y no en el tipo de propiedad.

Es claro que el futuro de la Educación Superior seguirá siendo objeto de debate en los próximos meses.

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