Una política de innovación requiere
de la participación universitaria

Este semestre se realizarán diálogos regionales y, posteriormente, un encuentro nacional sobre el tema.

Con la afirmación de que “no se puede hacer política de innovación sin las universidades, sin los empresarios, sin la institucionalidad pública, sin los actores relevantes para un proyecto país”, el ministro de Economía, Alejandro Ferreiro, resumió el acuerdo alcanzado entre el Gobierno y el Comité Ejecutivo del Consejo de Rectores en torno al cambio de las bases del concurso de financiamiento basal.

“Esto es de largo plazo, -continuó el secretario de Estado- la innovación no es de un gobierno y, por tanto, no nos podemos contentar con intentar hacer algo que dure lo que dure un gobierno. Porque la estrategia de largo plazo requiere de apoyos transversales, la participación de todos, los consensos de todos, la necesidad de buscar acuerdos para impulsar una política nacional de innovación con la fuerza de todos”.

El director de Investigación de nuestra casaade estudios y presidente de la Comisión de Investigación del Consejo de Rectores, Jaime Baeza, señala que desde hace bastante tiempo que las universidades del CRUCH están preocupadas de cómo se están implementando las políticas de innovación en Chile.

“Este es un momento muy interesante y positivo. Se está definiendo una política y una estrategia de innovación y existe un comité de ministros encargados del tema, el que está encabezado por Alejandro Ferreiro. Eso señala que, pese a las dificultades propias de la puesta en marcha de un sistema, el mensaje del gobierno es que este tema llegó para implementarse y para que el país vea sus resultados”.

A su juicio, las universidades deben estar presentes en los diálogos sobre las distintas medidas a implementar con respecto al tema (como lo referente al concurso de financiamiento basal) porque está dentro de la misión de las casas de estudio chilenas la investigación, la innovación y la formación de recursos humanos de alta calificación. “Si las universidades no asumieran esta responsabilidad dejarían de cumplir con la misión universitaria. El desafío es cómo aportaremos para lograr que este proceso sea exitoso. Este, indudablemente, es un tema que está unido a la formación de nuestros profesionales”.

En ese contexto las universidades chilenas están convocando, para este segundo semestre, a un debate nacional sobre el tema, el que se realizará en cada región y que se pretende que termine a fin de año con un encuentro nacional.

Para ello se constituyó una comisión de trabajo que está desarrollando la estrategia a implementar en los encuentros, en la cual participa el jefe de Proyectos Tecnológicos de nuestra Universidad, Marcelo Molina.

Además, para ayer estaba programada una reunión entre la Comisión de Ciencia y Tecnología de la Cámara, representantes del Consejo de Rectores y del Gobierno, en la que se buscarán acuerdos sobre la relevancia de las universidades en el sistema de investigación e innovación. Y, específicamente, sobre cómo las universidades pueden conformar centros de excelencia que reciban financiamiento del royalty sin que ello implique perder a sus mejores recursos humanos.

Flexibilidad administrativa

El programa de Financiamiento Basal para Centros Científicos y Tecnológicos, anunciado por Conicyt en mayo pasado -que distribuye 9 mil millones de pesos del royalty minero-, motivó un debate entre el Gobierno y el Consejo de Rectores. Desde el principio del diálogo, las Universidades contaron con el apoyo de la ministra de Educación, quien hizo suya la posición de las instituciones de educación superior.

El Consejo de Rectores, que reúne a las universidades que concentran el grueso de la investigación realizada en Chile, no estaba de acuerdo con una parte de las bases, donde se señalaba que los ganadores de estos fondos debían constituir una personalidad jurídica distinta de las universidades. Es decir, para acceder a esos fondos un investigador debería emigrar a un centro independiente, o la universidad tendría que constituir sus centros como unidades con personalidad jurídica propia.

Otro aspecto inquietante era que este programa emanara del Consejo Nacional de Innovación para la Competitividad, en el cual, hasta ahora, las universidades no han tenido participación; pasando a tener, sobre todo, frente al Conicyt, una importancia nueva en la fijación de las políticas públicas en esta área. Los miembros del Consejo de Rectores analizaron la posibilidad de no postular a este concurso mientras no se modificaran las bases.

Luego de abrir una mesa de diálogo para resolver las principales demandas de las universidades, el gobierno y Conicyt resolvieron acoger las principales demandas del Consejo de Rectores.

De tal modo, se mantiene el propósito que inspiró al gobierno al crear un programa de financiamiento basal para centros de excelencia en investigación científica y tecnológica, pero perfeccionando los instrumentos. Esto se traduce en una flexibilidad administrativa que permite que las universidades se presenten con sus centros de investigación, sin necesidad de que éstos se constituyan como personalidades jurídicas distintas.