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nro 605 jueves 21 de junio de 2007

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  OPINIÓN

En abril de este año se ha propuesto un proyecto de Ley que prohíbe y sanciona la importación y fabricación en Chile de productos nanotecnológicos. Al leer el artículo 1º, dice “esta ley tiene por finalidad proteger la vida de los seres humanos, y el medio ambiente, de los productos fabricados con elementos nanotecnológicos” y desde el artículo 2 al 5 se dan las sanciones correspondientes.

Ante tan drástica medida uno se pregunta: ¿tiene esto una base científica? Al igual que toda nueva tecnología, siempre pueden existir temores de la población, por lo desconocido. Pero si este temor nos hubiese frenado en el pasado estaríamos en un mundo muy distinto.

La nanotecnología, al igual que la biotecnología, y muchas otras tecnologías, puede presentar potenciales riesgos para la salud humana y para el ambiente, pero depende del uso que se les dé. Por ello, es necesario evaluar la “seguridad” de cualquier nuevo producto que sea liberado al mercado, dando la certeza al público que no producirá daño para la salud ni representará riesgo para el ambiente. Estas evaluaciones, conocidas como “evaluaciones de riesgo”, se han estado realizando en el ámbito biotecnológico desde que aparecieron los primeros productos derivados de la biotecnología moderna, a mediados de 1980. En ellas se solicita una serie de informes que evalúen los potenciales riesgos del nuevo producto, demorando antes de poder ser comercializados, en promedio 7 años para las plantas genéticamente modificadas hasta más de 14 años en el caso de los medicamentos o fármacos. Estas evaluaciones de riesgo se hacen y hay acuerdo en que deben seguir haciéndose con aquellos nuevos productos derivados de la nanotecnología, la nanobiotecnología y otras técnicas.

En el documento, también se mencionan potenciales riesgos por la “militarización” y “uso criminal” de la nanotecnología. Nuevamente aquí es responsabilidad de quien desarrolla la tecnología y cómo la aplica el que presente estos riesgos.

Para realizar este tipo de investigación se requiere de fondos gubernamentales o privados, y en la mayoría de los países industrializados y en vías de desarrollo existen comités de ética que son los encargados de velar para que el financiamiento se dirija a aquellos centros o instituciones que están haciendo un buen uso de la tecnología.

Si realizamos un paralelo con la biotecnología, estamos todos de acuerdo con los beneficios que ésta presenta para el ambiente y salud humana, entre otros, y por ello ha tenido una gran aceptación en el mundo. Nadie detiene (o ha detenido) su desarrollo pensando que también podría ser un riesgo por su “militarización” y “uso criminal”. Potencialmente se podría pensar en “bioterrorismo”, “armas biológicas” u otros impactos negativos para el mundo. ¿Qué hubiese ocurrido si por estas razones se hubiese prohibido el uso de la biotecnología en Chile? Al no permitirse su uso, muchos chilenos hubiesen muerto por la carencia de medicamentos y vacunas derivadas de la biotecnología. Si prohibiésemos la nanotecnología, tendríamos que retirar del mercado millones de teléfonos celulares que tiene componentes derivados de esta tecnología.

Por ello, más que prohibir el uso, importación o desarrollo de la nanotecnología y pensar en sanciones, es necesario legislar, contar con marcos regulatorios y crear capacidades humanas para la evaluación de riesgo, lo que permitirá el uso y desarrollo “seguro” de la nanotecnología, biotecnología y otras nuevas tecnologías en Chile. Hay que designar la autoridad competente y en paralelo, mantener informados a los consumidores. Finalmente, como país no podemos (ni debemos) frenar el desarrollo científico tecnológico, si lo hacemos seguiremos siendo eternamente exportadores de materia prima (hasta agotar nuestros recursos) y compradores de productos de alto valor, no saliendo nunca del ciclo del subdesarrollo.

Dra. Sofía Valenzuela
Facultad de Ciencias Forestales y Centro de Biotecnología
Universidad de Concepción

   

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