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Nueva Ley de Acreditación:
¿cambiará el rostro de la Educación Superior?
En este período de transición, el Consejo de Rectores envió carta a la ministra Educación solicitando fondos para que se proveyeran los recursos que permitan finalizar los procesos en curso.
 Promulgada por la presidenta Bachelet, pero sin publicarse en el Diario Oficial hasta el cierre de esta edición, la nueva ley de Acreditación anuncia cambios que trasformarán el panorama de la Educación Superior en el país. Se crean las agencias acreditadoras, la obligatoriedad para las carreras de Pedagogía y Medicina, y la necesidad de una certificación para becas de doctorado.
Hoy existen 250 instituciones de educación superior, 70 de las cuales son universidades que ofrecen cerca de 4 mil carreras o programas.
En 2000 se estableció la Comisión Nacional de Acreditación del Pregrado, a la cual se sometieron en forma voluntaria– incluyendo la UdeC- 225 programas de pregrado, 87 de doctorado, 133 de magíster, 41 universidades e institutos profesionales y 5 centros de formación técnica.
La ley, que establece un sistema de aseguramiento de calidad de la Educación Superior está coordinada por un consejo integrado por el vicepresidente del Consejo Superior de Educación, el presidente de la Comisión Nacional de Educación y el jefe de la división de Educación Superior del Mineduc.
Por su parte, integrarán la Comisión Nacional un académico designado por el presidente de la República, quien la presidirá; 3 académicos nombrados por el Consejo de Rectores; 3 por las universidades privadas;1 académico nombrado por los IP y otro por los CFT; 2 en representación de Conicyt y dos de los alumnos.
Las funciones de la Comisión, que están especificadas en la Ley, deberán ser explicitadas por medio de un reglamento.
Las agencias acreditadoras de pregrado deberán ser autorizadas y supervisadas por la Comisión. El posgrado será evaluado por la misma entidad, con criterios propuestos por un comité consultivo.
En un artículo especial se indica que la primera reunión de la Comisión deberá efectuarse dentro de los primeros 30 días de publicada la Ley.
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Cultura de calidad
Para la directora de la Escuela de Graduados, Ximena García, la Universidad cuenta con una cultura de calidad bien asentada por lo que la promulgación de la nueva ley no implica cambios en la perspectiva desde la que se asume la acreditación de los programas de posgrado. "Los profesores están alineados con esta cultura y pensamos que hay que seguir en esta línea, haciendo las cosas en los programas con los mejores niveles de calidad pensando en la acreditación". Lo mismo que en las especialidades médicas que, con la nueva ley, están sujetas a la certificación.
En todo caso, García indica que existe tranquilidad en este sentido puesto, que desde hace un año, con la administración anterior del posgrado, se está trabajando en esta área, con la reformulación de los programas en el enfoque de formación por competencias, por lo que están preparados para enfrentar la acreditación.
Las preocupaciones están puestas sólo en la transparencia y los costos que tendrán los procesos que ahora estarán a cargo de agencias externas, temas que se despejarán cuando se dicte la reglamentación específica y que dijo- esperan con expectación los representantes del posgrado del Consejo de Rectores.
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Necesidad de transparencia
 La nueva institucionalidad implica para el rector Sergio Lavanchy, la necesidad que la Universidad establezca una política para enfrentar la acreditación del pregrado, posgrado e institucional.
Las condiciones cambian, dice Lavanchy. “Estábamos participando en acreditaciones experimentales para construir la Ley de Aseguramiento de la Calidad, con la experiencia dada por todos estos procesos que llevó adelante la CNAP, sin costo para las instituciones y con la garantía de objetividad, calidad y transparencia daba por la misma CNAP”.
La Ley reconoce los procesos voluntarios y, para la UDEC, la acreditación institucional hasta 2010, varias carreras acreditadas por distintos periodos de tiempo y posgrados, en las mismas condiciones.
Para el Rector, los cambios que vienen implican, por una parte, que las acreditaciones deben financiarlas las mismas instituciones; adicionalmente, que todas ellas requieren gran dedicación de tiempo de los propios académicos y por otra, que la Universidad tiene una cantidad de carreras que deberían estar permanentemente acreditándose.
“Sin embargo, creo que ese no será el caso, dice, cuando una carrera esté acreditada por un lapso, estableceremos intervalos en el tiempo de acreditación. No así con Medicina y las pedagogías que son obligatorias, y en el caso de los posgrados instituiremos una política que permita acreditar los programas de doctorado que requieran esta certificación para acceder a las becas Conicyt”. La política explícita deberá ser fijada como institución con la participación del Consejo Académico.
En torno a las agencias de acreditación, que serán aceptadas por la Comisión, el Rector recuerda que el Consejo de Rectores nombrará a 3 personas (tema en el que ha estado trabajando) que den garantía de absoluta confianza respecto a la idoneidad, objetividad ecuanimidad y transparencia.
“Cuando se conozcan las agencias, señala, veremos con cual llevar adelante nuestros procesos, y será con aquella que nos dé mayores garantías de hacer las cosas apegadas al espíritu de lo que ley establece como procesos serios, objetivos, que no estén sometidos a influencias.
Finalmente, señala que se considerarán recursos para 2008, puesto que para aquellos procesos que no están concluidos, la CNAP está proponiendo fórmulas de financiamiento mixto. “Hay carreras que deben iniciar su acreditación el próximo año y habrá que proveer los fondos” concluye.
Definir políticas claras
 La necesidad de que las universidades se organicen y fijen políticas claras en los procesos de acreditación es, a juicio del director de Estudios Estratégicos, Arturo Mora, uno de los aspectos principales que deben cautelar las casas de estudios en el escenario propuesto por la nueva ley que establece un sistema nacional de aseguramiento de la calidad de la Educación Superior.
Mientras hasta ahora el proceso era voluntario para todas las carreras, con la nueva ley existe obligatoriedad para los ámbitos de la educación y la medicina. Además, los costos involucrados debido a la presencia de agencias acreditadoras externas serán elevados, por lo que las universidades deberán definir esquemas claros bajo qué contextos someterán sus carreras a acreditación.
Según Mora, para nuestra casa de estudios, donde se ha puesto a la calidad como centro de la política de desarrollo, la nueva ley tendrá fundamentalmente efectos económicos. “La UdeC ha asumido un compromiso explícito con los procesos de acreditación de carreras y programas, y en consecuencia se ha organizado en forma adecuada para tales efectos”, sostuvo.
Con respecto al surgimiento de agencias acreditadoras, el director de Estudios Estratégicos señala que es probable que a futuro se creen algunas especializadas, tal como ya ocurre con Acredita CI, agencia acreditadora del Colegio de Ingenieros de Chile.
Docencia y sus desafíos
El perfil de egreso y los procesos que permitan asegurar su cumplimiento –ya sea la estructura curricular, los elementos de apoyo a la enseñanza/aprendizaje, la modalidad de enseñanza y los aspectos pedagógicos, la infraestructura y los recursos físicos deben ordenarse en función del logro de dicho perfil- serán las grandes preocupaciones que deberá enfrentar la dirección de Docencia.
A juicio de José Sánchez, su director, son aspectos en los que la Dirección ya lleva trabajando un tiempo. “La renovación curricular que estamos haciendo en varias carreras, tiene que llevar a la definición de los perfiles”, indicó.
Recordó además que todas las carreras que la Ley obliga a someterse a acreditación ya se encuentran acreditadas -o están en proceso- en la Universidad. Algunas, como es el caso de Educación Diferencial, se encuentran en revisión de su perfil y malla curricular para someterse a una reacreditación.
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