Cuando la campaña electoral en el país entra en su recta final, terminado el período de inscripciones, se hace necesario mirar los programas de los candidatos para conocer sus propuestas sobre la Educación Superior.
Algunos de los aspectos que se deben considerar son la calidad, que se ejecuta a través del proceso de acreditación, entendido como una forma de transparentar la oferta de las instituciones para garantizar que lo entregado corresponde a los estándares prometidos.

Hay conciencia que sólo la educación de calidad, en todos los niveles, permitirá al país dar el salto cualitativo que requiere.

Otro aspecto que se debe abordar es la flexibilización de los currículos y su modernización para permitir complementarse con los trabajos que se realizan en este sentido en Europa. Sin embargo, esta iniciativa, que ya está en la discusión pública, merece una reflexión profunda y una evaluación de los impactos que producirá –principalmente en el posgrado- en todos sus aspectos, pero de manera principal en la cantidad de académicos para atender el posgrado y en su financiamiento que es una asignatura pendiente.

El tema del financiamiento de las propias universidades, más allá de las familias y los estudiantes, es otra tarea pendiente. Y, con suma urgencia, se requieren propuestas para el fortalecimiento de la educación superior en las regiones.

Todo ello se junta con un aspecto que ha sido puesto en el tapete de la discusión, pero que no ha sido analizado hasta ahora con profundidad, cuál es el papel del estado en la educación superior.
Los casi tres meses que restan para las elecciones son una oportunidad para colocar el tema de la educación superior en la discusión pública.