El proyecto de ley sobre financiamiento de la educación superior sorteó sorpresivamente el segundo trámite constitucional, al aprobarlo el senado por unanimidad luego que las comisiones de Hacienda y Educación lograran un consenso sobre los criterios de asignación de las garantías estatales a los~créditos universitarios.

La iniciativa había sido suspendida, luego que se hicieran presentes distintas visiones sobre el papel del Estado en el ordenamiento de las carreras de educación superior por vía de asignación de recursos fiscales.

En el mecanismo aprobado, las instituciones, universidades o carreras que tengan una morosidad de dos veces el promedio del sistema crediticio quedan automáticamente fuera de este sistema. De esta forma, al no poder optar a la garantía del Estado para que sus alumnos postulen a créditos, los parlamentarios buscan evitar que los jóvenes estudien profesiones que no aseguren su posterior inserción en el mercado laboral con un sueldo digno. También dicha instancia acordó incorporar una norma que permite que la comisión administradora del crédito con garantía estatal pueda, en función de los antecedentes de remuneración y de ocupación de los egresados de determinadas carreras, orientar mayores recursos hacia aquéllas que tienen mayor campo. La garantía estatal operará sólo para créditos destinados a financiar total o parcialmente estudios de educación superior que se realicen en las instituciones que estén acreditadas conforme al sistema de aseguramiento de la calidad de la educación; que estén reconocidas oficialmente por el Estado, que sean autónomas; que seleccionen sus alumnos de primer año considerando el puntaje obtenido por ellos en la PSU; que participen en la Comisión Administradora del Sistema de Créditos para Estudios Superiores y que utilicen el aporte fiscal indirecto exclusivamente para fines de desarrollo institucional.

Aún falta por ver el desarrollo de la iniciativa en los restantes trámites legislativos.