Luego del fin de semana largo, la discusión sobre el futuro de las universidades públicas volvió a colocarse en el tapete.

Para ayer estaba fijado el encuentro de la Comisión Político-Técnica del Consejo de Rectores con el ministro de Educación Sergio Bitar, en el cual se abordarían temas como el financiamiento de la Educación Superior, la reforma de la Ley Orgánica Constitucional de Educación, LOCE; los problemas derivados de la acreditación y la relación entre una educación -sea pública o privada sin fines de lucro- y las inversiones extranjeras en el sector.

La vicepresidencia del Consejo de Rectores ha estimulado el diálogo con las partes, sosteniendo reuniones por separado con los dirigentes de los alumnos agrupados en la Confech y con las autoridades gubernamentales, en el convencimiento que los acuerdos sólo pueden ser fruto de la negociación entre todos los involucrados.

También se ha respaldado las demandas de los estudiantes, sin embargo se ha hecho presente que ellas deben canalizarse a través de los mecanismos normales.

Algunos sectores han entendido que los espacios ganados al recuperar la Democracia, entre ellos el derecho a disentir y a protestar, son únicos y excluyentes.

Es necesario tener presente que el derecho a protestar limita con los derechos de las otras personas; que debe resguardarse el patrimonio público, y que no corresponde dañar los bienes de uso común.

El derecho a disentir no implica violencia, es una forma de hacer uso de la libertad de expresión y son los actuales universitarios, futuros profesionales, quienes deben dar ejemplo de pasión en sus puntos de vista y respeto en las acciones.