De todos es sabido que durante las dos últimas décadas el escenario de la educación superior ha cambiado profundamente: de un sistema constituido por 2 universidades estatales, 6 universidades privadas con aporte estatal y 14 sedes regionales. Hoy existen 16 universidades estatales, 9 universidades privadas que reciben Aporte Fiscal Directo, además de 38 universidades privadas, 51 institutos profesionales y 112 centros de formación técnica: es decir 226 instituciones.

En paralelo, el aumento de la cobertura ha significado pasar de 250.000 alumnos en 1990 a cerca de 480.000. La creciente diversificación se expresa en la propiedad de las instituciones (estatales y privadas), en su forma de financiamiento (con a sin aporte público),en las funciones que desempeñan (multifuncionales o esencialmente docentes) en la amplitud de sus programas (completas o especializadas) en el ámbito de su influencia (nacionales, metropolitanas o regionales) y en el nivel de los estudios ofrecidos (académicos, profesionales o técnicos).

La apertura que permite la existencia de este sistema de educación superior; las complejidades de los mecanismos de financiamiento universitario; los permanentes problemas financieros de las universidades tradicionales, el aumento de la demanda por educación, unido al cobro de aranceles, son algunos de los problemas que hoy enfrenta el Sistema Nacional de Educación Superior de nuestro país.

Por otro lado, uno de los efectos de la ampliación de la cobertura es la necesidad de disponer de los recursos necesarios, que permitan hacer realidad el principio de que ningún estudiante con capacidades y calificaciones académicas meritorias esté impedido de estudiar por razones de tipo económico; otro, es el de las oportunidades de inserción de una gran cantidad de egresados en el mundo del trabajo. Sin embargo, uno de los efectos más preocupantes es el que se relaciona con el tema de la calidad que ha hecho evidente la necesidad de avanzar en la institucionalización de un sistema de regulación y de información que garantice la calidad y el resguardo de la fe pública.

Es por estas razones es que las Universidades que forman parte del Consejo de Rectores han apoyado el proyecto de ley que establece un sistema Nacional de Aseguramiento de la Calidad, para mejorar la excelencia de la oferta educativa a través de procesos de licenciamiento, acreditación institucional y de carreras.

En este sentido, es oportuno destacar el trabajo realizado por la Comisión Nacional de Acreditación de Pregrado.

El campus Chillán y en particular la facultad de Medicina Veterinaria han sido parte importante de los logros alcanzados por nuestra Universidad, como es el hecho que los académicos de esa Facultad hayan conducido el Proceso de Acreditación de la Carrera en forma ejemplar que ha culminado exitosamente con la certificación plena por parte de CNAP por un período de cinco años. Se trata de la primera en su género en obtener esta certificación en el país y la segunda carrera con acreditación en nuestra Universidad.

A las carreras de Medicina Veterinaria y Medicina deberán sumarse todas aquéllas que se encuentran actualmente desarrollando los procesos correspondientes para obtener la Acreditación.