Este año es crucial para la Educación Superior en el país.

Por una parte, el ministerio de Educación junto a las 25 universidades que conforman el Consejo de Rectores se ha propuesto definir una política de financiamiento para nuestro sector educacional, que aborde de manera definitiva este tema que genera cada año nuevos problemas.

El objetivo es analizar no sólo el tratamiento del crédito solidario, que ha servido en los últimos años para cubrir en forma total o parcial los costos de los aranceles universitarios de los alumnos con situación económica desmedrada, sino también mirar integralmente los aportes que se hacen a la Educación Superior por parte del Estado.

El Consejo de Rectores ha planteado a las autoridades de gobierno su punto de vista. Es importante que el Estado defina su política de apoyo a las universidades públicas, independientemente de que ellas sean estatales o privadas, como el caso de la Universidad de Concepción, en un claro reconocimiento al aporte histórico y presente que han hecho al desarrollo educacional del país en las áreas de docencia, investigación y extensión.

Las universidades han manifestado su voluntad de colaborar con el aporte de expertos al estudio de esta iniciativa que deberá, además, ser objeto de debate parlamentario.

Los alumnos se han movilizado a lo largo del país en apoyo a sus reivindicaciones económicas, pidiendo al gobierno aumento de los montos destinados a crédito. Las autoridades han indicado que luego de los 2 mil millones de pesos adicionales que se inyectaron al sistema no hay más recursos para crédito. Por el momento, las universidades –y es el caso de la nuestra- han cubierto con recursos propios el déficit que se produce en la entrega del crédito. Sin embargo, esta situación no puede prolongarse en forma indefinida.