Una reunión extraordinaria sostuvo el Consejo de Rectores la semana pasada. Los 25 rectores emitieron una declaración "en torno a los serios problemas relativos al Fondo Solidario del Crédito Universitario que preocupan a las universidades y sus estudiantes", ante los cuales el Consejo acuerda:

Junto a la jefa de la división de Educación Superior, Pilar Armanet, y a Carlos Lorca, secretario ejecutivo del Consejo de Rectores, Lavanchy preside la sesión extraordinaria.

Valorar el esfuerzo realizado por el ministerio de Educación en orden a aportar fondos suplementarios por 2.000 millones de pesos.

El Consejo de Rectores manifiesta su decisión de diseñar en conjunto con el ministerio de Educación y con la efectiva participación de las comunidades universitarias un sistema que resuelva, en forma definitiva, la grave e impostergable crisis que afectaba al financiamiento estudiantil.

Y, convocar a los estudiantes de las universidades del Consejo a canalizar sus planteamientos por vías de auténtica participación democrática, evitando así que justas demandas se confundan con actos de violencia o con la adopción de posiciones intransigentes.

Para el vicepresidente del Consejo, Sergio Lavanchy, es importante destacar que en el diseño de esta nueva política, el ministerio de Educación se comprometió a trabajar en conjunto con las 25 universidades. "El Mineduc tiene gente trabajando ya, y la idea es tener terminado este estudio antes de fin de año de modo de ponerlo en aplicación el 2002", indicó el Rector.

Prueba de Aptitud

En relación a esta materia, el Rector, que integra por derecho propio la comisión de 6 miembros que analizan el sistema de ingreso a las Universidades, informó que se avanzó en el trabajo analizando un informe jurídico preparado por el secretario general de la Universidad, Rodolfo Walter. En relación al proyecto Fondef de las universidades de Chile y Católica, la primera conclusión es que hay que agregar al proyecto a equipos técnicos de las universidades del Consejo.

Hay que definir claramente la propiedad y administración de la futura prueba y en ellas deben intervenir el Mineduc, el Consejo de Rectores y las universidades de Chile y Católica.