El diagnóstico es categórico. Actualmente más de 420 mil jóvenes conforman el alumnado de la educación superior.

El financiamiento de las instituciones proviene del cobro de aranceles, siendo casi la totalidad del financiamiento para todas las instituciones, con excepción de las 25 universidades que conforman el Consejo de Rectores.

La mayor parte de las familias carece de recursos para financiar los estudios superiores de sus hijos. Un arancel promedio se estima en un millón doscientos mil pesos y el 80% de los hogares posee un ingreso mensual inferior a los 650 mil pesos.

El Ministerio indica que en la actualidad hay tres modalidades de apoyo a los estudiantes: becas, créditos y ahorro previo, siendo esta última la que está menos desarrollada.

Concluyen que la cobertura de los instrumentos vigentes es notoriamente insuficiente y limita el desarrollo de la educación superior en el país.

Hasta este nivel de la presentación es muy probable que haya pleno acuerdo. Sin embargo, en el análisis de las medidas propuestas es posible vaticinar más de alguna discrepancia. De hecho ya hay sectores que han hecho públicas sus posiciones.

En primer lugar, serán elegibles para financiamiento todos los estudiantes y todas las instituciones de educación superior acreditadas.

Propone la creación de una "Agencia de crédito estudiantil", que se financie por medio de la emisión de bonos y que será una institución público-privada reemplazando a las universidades en la administración del crédito. Los bonos se transarán en el mercado de capitales de largo plazo.

Las universidades se convierten sólo en "ventanilla" para efectos de la colocación del financiamiento estudiantil y los pagos del crédito se realizarán sobre una base contingente del ingreso.

Esta medida cambia, en el fondo, el sistema de financiamiento del crédito, al traspasar el origen de los recursos desde el Estado, que actuaría sólo como garante, al mercado de capitales.