Ley de investigación

Hace algunas semanas el Gobierno ha enviado al Parlamento un proyecto de ley que tiene por objeto incentivar la inversión privada en investigación y desarrollo, como asimismo, fortalecer el vínculo entre el sector privado y los centros de investigación. Dicho proyecto considera un beneficio que consiste en que los contribuyentes de primera categoría, podrán imputar contra sus impuestos, el 35% del total de los pagos efectuados en virtud de los contratos que celebren con centros de investigación acreditados y registrados.

Los centros de investigación que pueden acreditarse son los que realizan labores de investigación o desarrollo y forman parte integrante o dependen de alguna Universidad y los que estén constituidos como personas jurídicas, con o sin fines de lucro, cuyo único objeto sea la realización de labores de investigación o desarrollo.

Esta iniciativa, aún cuando es perfectible, viene a satisfacer un sentido anhelo de las universidades que realizan investigación, dado que con su implementación, se debería esperar un mayor nivel de inversión empresarial en investigación y desarrollo con impacto en el sector productivo y de servicios. En este contexto, creemos que los alcances de la ley deberían también extenderse a las empresas públicas y no sólo a las privadas. Por otro lado, dado que la tasa de impuesto a la renta de primera categoría es baja (17%), el Ejecutivo debería analizar, en nuestra opinión, si el porcentaje del crédito propuesto, será suficiente para lograr el impacto deseado.[subir]

Jaime Baeza
Director de Investigación