Dr.
Raúl E. Martínez M.
Toda sociedad civilizada establece normativas legales para regular el ejercicio de muy diversas funciones, con el propósito de salvaguardar el bienestar de la población. De este modo, se asegura a la comunidad que de tal ejercicio no derivarán daños. Complementariamente a las prevenciones legales, las agrupaciones profesionales de diversa índole, velan porque el comportamiento de sus miembros se inscriba dentro de lineamientos éticos.
Muchas otras actividades son ejercidas y las decisiones conducentes a ellas son tomadas, según el exclusivo criterio de cada individuo, en el entendido que establecer normas en este caso, significaría una invasión de la privacidad y violaría la libre determinación. Este es, entre otros, el caso del contraer matrimonio, que sólo requiere legalmente una mayoría de edad o una autorización de los padres u otros adultos responsables, cuando los futuros contrayentes son menores.
Es bastante obvio que ninguna edad garantiza automáticamente disponer de la experiencia, la madurez psicológica y el criterio para tomar una decisión de tan enorme trascendencia, que afectará no sólo a los directamente involucrados, sino a todo el cuerpo social.
La sociedad acusará, en distintos ámbitos públicos, el efecto deletéreo de la armonía o desavenencia matrimonial, así como registrará el impacto negativo o positivo del comportamiento de los hijos (productos de esa relación) que incorpora como ciudadanos a su seno. La sociedad que hace posible, cobija y respalda la decisión de casarse, debería responsablemente ejercer un derecho de regulación en casos que así lo aconsejara el resguardo del bien común. No todas las personas deberían suponerse aptas para contraer matrimonio, ni tampoco sentirse exigidas a hacerlo, pues éste es una opción entre muchas posibles. Ciertas características personales, experiencias de vida, valores existenciales, hacen improductiva, y peor aún dañina, la vida en pareja ( en general o con alguien en particular) y el establecimiento de una familia.
Nada apoya la idea de una actitud socialmente desaprensiva; más bien, los efectos dramáticos (rupturas matrimoniales, delincuencia juvenil, pérdida del sentido grupal, etc.) aconsejan hacerse parte activa del proceso público que conduce al matrimonio. Por esto, no debiera estar muy lejos el día en que exista una verdadera elección de pareja y de estado civil, que permita liberarse del sometimiento a una propuesta cultural "matrimonialista", que no respeta la diversidad humana ni propende muchas veces al bien común.