Diario EL MERCURIO :
Cada vez que se analiza la evolución del crecimiento
y desarrollo económico, y dentro de este contexto, de la distribución
del ingreso, llama la atención el hecho de que una distribución
del ingreso nacional altamente regresiva se mantenga prácticamente
inalterada a través del tiempo.
Efectivamente, si se analizan las cifras más recientes y
autorizadas del Ministerio de Planificación y Cooperación
de la República de Chile (MIDEPLAN) en el documento "Pobreza y Distribución
del Ingreso en Chile" elaborado a partir de los resultados de la VII Encuesta
de Caracterización Socioeconómica Nacional (CASEN 1998),
se observa que la distribución del ingreso se ha mantenido sin cambios
significativos entre 1990 y 1998, adicionalmente, se afirma en el mencionado
documento, esta no ha cambiado significativamente en los últimos
30 años y, si aceptamos como representativo un estudio hecho para
el Gran Santiago por I. Heskia del Departamento de Economía de la
U. de Chile, que incluye cifras de 1957, esta no a cambiado en 42 años.
Dicen las cifras que en Chile, el 20% más pobre de la población
ha percibido, anualmente durante los últimos 42 años, menos
del 4% del ingreso nacional y que el 20% más rico de esta
ha recibido mas del 55% del ingreso nacional en cada uno de los años
del periodo mencionado. Dramática resulta la utilización
del indicador denominado Indice 20/20, índice de desigualdad que
muestra la relación que existe entre el ingreso recibido por el
20% de hogares de mayores ingresos y el 20% de hogares de menores ingresos,
indica que el ingreso promedio de los hogares del nivel superior es casi
16 veces el ingreso promedio de los hogares de nivel inferior, mostrando
qué tan regresiva es la distribución.
En todo caso esta no es una característica particular de
nuestra economía, pues se puede observar una distribución
regresiva del ingreso en una gran cantidad de países, y en particular,
el informe de la CEPAL "Panorama Social de América Latina 1998"
concluye , para el periodo 1990-1997, que de doce países de América
Latina considerados, en cuatro mejora la distribución , en uno (Chile
se mantienes) y en los siete restantes sufre un deterioro.
Con respecto a este tema, la teoría económica señala
que si una sociedad no esta de acuerdo, por razones éticas, morales
o políticas, con la distribución del ingreso existente, puede
adoptar medidas para tratar de modificarla en el sentido deseado. Para
ello se supone que dispone de instrumentos como los impuestos, el gasto
público y, especialmente, las transferencias. El uso de estos instrumentos
establecería que los impuestos pueden ser progresivos, afectando
en mayor medida a los grupos de mayores ingresos, los gastos se pueden
orientar hacia las regiones o localidades que se caractericen por poseer
ingresos promedios inferiores y las transferencias pueden focalizarse hacia
los grupos sociales más necesitados.
Todo esto se ha hecho y se continua haciendo en nuestro país.
Los instrumentos mencionados se aplican, aparentemente en la dirección
correcta, especialmente en los últimos años, sin embargo
las cifras de distribución no cambian significativamente. Si se
analiza su evolución en el periodo reciente entre 1990 y 1998, que
se caracteriza por una tasa de crecimiento económico promedio
anual superior al 7%, se observará que el 20% de la población
de menores ingresos pasó de obtener el 4,1 % del ingreso nacional
en el año 1990 al un 3.7% en 1998 y que el 20% de mayores ingresos
pasó de una proporción del 57.4% del ingreso nacional
a un 57.3% en el mismo periodo.
Al tratar de entender y explicar este fenómeno surgen
varias consideraciones, como por ejemplo la relevancia de los niveles extremos
de pobreza e indigencia como objetivos de bienestar nacional y por lo tanto
de política social en desmedro de los objetivos redistributivos.
También, la relevancia del crecimiento económico como prioridad
numero uno en el largo plazo, de acuerdo con el Banco Mundial, el crecimiento
económico es la única manera de asegurar una disminución
efectiva y permanente de los niveles de pobreza. Gradualmente a los que
ganan menos les aumentaran sus ingresos, los cesantes y desempleados calificados
encontraran trabajo y, lo más importante, los gobiernos tendrán
recursos para preocuparse de los grupos que no tienen acceso directo al
crecimiento económico. Otra consideración importante es el
hecho de que un país puede crecer disminuyendo los niveles de pobreza
absoluta pero incrementando las desigualdades distributivas y, por
ultimo, una observación particular que se comenta a continuación,
es la existencia de una diferencia entre distribución del ingreso
y distribución de la riqueza.
Para un país la riqueza es el valor neto de sus activos físicos
o tangibles y financieros y el ingreso corresponde al pago anual
que reciben los propietarios de los factores productivos de la economía.
Esto es el ingreso que perciben los propietarios del trabajo, el capital
y los recursos naturales.
De esta manera, las personas recibirán ingresos correspondientes
al pago de los factores productivos que son de su propiedad y que efectivamente
hayan sido utilizados en el proceso de producción nacional y, dada
la riqueza inicial, el precio y grado de utilización del factor
definirá el monto de ingresos a percibir.
Siguiendo este análisis, el precio, la calidad y la cantidad
del factor productivo que cada persona logra colocar en la actividad productiva
son determinantes en la proporción del ingreso que percibirá.
Y, como la mayor parte de las personas que están en los niveles
inferiores de ingreso, son propietarias mayoritariamente de un solo factor
productivo que es el trabajo, resulta relevante aumentar su valor (dado
un determinado nivel de ocupación), para lograr esto se requiere
aumentar su calidad y el único medio disponible para ello es la
Inversión en Capital Humano, donde uno de los principales
componentes esta constituido por los recursos destinados educación.
De aquí se podría afirmar, ceteris paribus,
que la inversión en capital humano es un mecanismo cuya utilización
debería ser revisada, especialmente en lo que dice relación
con las actividades vinculadas a la educación por su amplio carácter
multiplicativo, tanto horizontalmente como verticalmente en el tiempo,
lo que lleva el tema a la discusión sobre la calidad de la educación,
de la capacitación y a la equidad en las oportunidades de
acceder a esta.
Prof. Fernando Sepúlveda Palacios
e-mail: fsepulve@udec.cl
El crecimiento es consecuencia de realizar proyectos rentables, de
incrementos en la cantidad y calidad de la fuerza laboral empleada productivamente
y de otros factores como el desarrollo tecnológico. Luego una de
las formulas disponibles para aumentar las tasas de crecimiento económico
de un país consiste en la asignación de los escasos recursos
de inversión disponibles hacia proyectos más
rentables. Esta conclusión es la base de una política generalizada
tendiente a racionalizar las decisiones de inversión tanto públicas
y como privadas.
La pretensión de racionalizar técnicamente el proceso
de toma de decisiones de inversión surge de la incertidumbre sobre
el comportamiento futuro de ciertas variables que pueden afectar, discrecionalmente,
las distintas posibilidades que se le presentan al inversionista. Al menos
en el sector privado, el interés por la maximización de los
beneficios se ve matizado por la consideración de los riesgos en
que se incurre con una inversión frente a otra. Las técnicas
de evaluación de proyectos procuran minimizar la incertidumbre,
no solo en términos comparativos de la relación costo-beneficio,
sino también en función de los riesgos de la inversión,
los que dependen del tiempo de recuperación de la inversión
y de la capacidad para predecir y controlar las variables criticas del
proyecto.
En el último tiempo, los enfoques, las técnicas y
los criterios de evaluación han sufrido cambios considerables como
consecuencia de los procesos globales de desarrollo económico, que
le han impuesto a los inversionistas y en general a los tomadores de decisiones
de inversión, nuevos criterios de valoración y evaluación
de alternativas.
En este proceso, las variables económicas, financieras y
ambientales, especialmente en términos de costos, han adquirido
una importancia creciente en las técnicas de evaluación de
proyectos, al mismo tiempo que la creciente globalizacion de los mercados
y el reconocimiento de que los precios determinados por estos no reflejan
en muchos casos el verdadero valor de todos los recursos utilizados por
un proyecto plantea la necesidad de mejorar los métodos de predicción.
Dentro de los cambios que han complicado el proceso de toma de decisiones
de inversión se destaca el gran debate iniciado a mediados de los
setenta sobre la interrelación entre desarrollo y ambiente, que
cuestiona los principios básicos en los que se fundamentaban hasta
entonces las distintas técnicas de evaluación de proyectos.
Las criticas surgidas de este debate han generado una tendencia
que procura transferir a las empresas la responsabilidad por los costos
ambientales, sociales, culturales y hasta políticos que derivan
de las decisiones económicas, comerciales y financieras. La consecuencia
inmediata de este proceso implica un reconocimiento formal de la necesidad
de incorporar el análisis de las externalidades de los proyectos
en algún momento. Convirtiendo las resposabilidades mencionadas
en un asunto de negocios.
Las técnicas de evaluación de proyectos van evolucionando
de acuerdo con estos cambios y están en proceso permanente de desarrollo.
En el ámbito privado, desde el método del valor actualizado
neto tradicional y la tasa interna de retorno hasta la extensión
del modelo básico para incorporar el riesgo y el uso de los mercados
de opciones futuras para la evaluación de proyectos de recursos
naturales. En el ámbito social, desde un sistema de asignación
residual por el estado hasta la exigencia de evaluaciones mas o menos sofisticadas
en términos comparativos bajo probables esquemas de análisis
impacto, análisis costo-eficiencia o análisis costo beneficio,
y en el ámbito ambiental, pasando desde la omisión histórica
al desarrollo de modelos sofisticados que pretenden calificar, cuantificar
y en el optimo valorizar componentes ambientales, para permitir su incorporación
en los procesos de toma de decisiones.
Por lo tanto es necesario asumir la responsabilidad por difundir
el conocimiento sobre el proceso de formulación, preparación
e implementación de proyectos de distinta naturaleza, tanto en el
ámbito público como privado. Para ello se requiere fomentar
mecanismos que proporcionen una formación mínima en
materias y metodologías modernas comunes en los procesos de preparación
y evaluación económica y social de proyectos que permitan,
a quienes lo requieran, participar efectiva y eficazmente en el análisis
de sus propuestas de inversión.
De manera directa o indirecta los proyectos de inversión
surgen como respuesta a determinadas necesidades humanas y su éxito
depende de la importancia de estas. Esto, a su vez, es función
del número de personas afectadas y del valor que éstas le
asignan al efecto percibido. Desde el punto de vista empresarial, lo que
interesa es la posibilidad de que dicho valor corresponda a una determinada
capacidad y disposición a pagar; no importando mayormente si el
que paga es un agente privado o público, sino que exista una generación
de ingresos que sea capaz de financiar los costos involucrados en la inversión.
Está implícito, por lo tanto, que para llevar a cabo
un proyecto, éste debe orientarse a la satisfacción de una
necesidad humana y ser aceptado por la comunidad a la que está dirigido.
Y que, en la medida que las inversiones abarquen períodos de tiempo
significativos, se requiere una permanencia temporal de esta aceptación.
Si alguien está dispuesto a pagar por el bien o servicio
que producirá el proyecto, su disposición a pagar debería
reflejarse en el precio y éste constituye un indicador de valor
que al multiplicarse por las unidades potenciales de venta permitirá
proyectar el ingreso, variable clave en la decisión de emprender
o no una inversión desde un punto de vista privado.
Sin embargo ¿Es este indicador permanente?¿Constituye
una vara de medida apropiada para ser incorporada en la serie de variables
relevantes que deberá tener en cuenta el empresario para decidir
su comportamiento futuro?¿ Los precios determinados en el estudio
de mercado son válidos para todo el horizonte de planificación
del inversionista? ¿No son observaciones de coyuntura cuya validez
es cierta sólo en el corto plazo? ¿Hasta qué punto
se ha incorporado en el análisis del proyecto la necesidad de determinar
valores efectivos y pertinentes durante un horizonte de tiempo prudente
que considere variables exógenas al plano empresarial, como son
por ejemplo, aquellas que dependen de la política económica,
o aquellas que dependen de los mercados internacionales?¿Cuántos
itemes importantes en la evaluación quedan fuera del análisis
por carecer de un precio observable?
Los cambios políticos, económicos y sociales, generan
transformaciones cualitativas y cuantitativas en el entorno de un proyecto
en desarrollo, que pueden convertir en exitoso un proyecto de dudosa rentabilidad
o en fracaso uno que inicialmente se consideraba rentable en forma
segura.
En el ambiente empresarial, especialmente entre pequeños
inversionistas se escucha con frecuencia experiencias sobre proyectos exitosos
que se basaron exclusivamente en la percepción inicial de su promotor,
en el 'buen ojo" del inversionista, sin recurrir a ningún
análisis técnico sofisticado, lamentablemente no existe estadística
de los fracasos que por esta razón se han producido, dado el interés
natural en ocultarlos.
En la medida que los sistemas económicos se hacen más
dinámicos y competitivos por efectos del desarrollo tecnológico
y la globalización internacional, será cada vez mas difícil
enfrentar un proyecto con éxito si no se consideran las variables
claves del entorno en forma metodológicamente sistematizada.
A este respecto, el área de estudio que corresponde a las
actividades de planificación y desarrollo de inversiones, ha evolucionado
demostrando, en términos prácticos, que la implementación
y aplicación de una técnica de naturaleza integral para abordar
aspectos como los mencionados es creciente; esta técnica es
la Evaluación de Proyectos, que desde un punto de vista económico,
financiero o social tiende a facilitar el proceso de asignación
de recursos que realiza el inversionista.
Esta técnica permite homogeneizar proyectos de naturaleza
muy heterogénea tales como: Proyectos productivos, de infraestructuras
o sociales o públicos o privados, permitiendo al inversionista decidir
en forma mas o menos objetiva el destino de sus recursos.
Por otro lado, existe una gran variedad de proyectos cuyos beneficios
no son apropiables para el inversionista privado, en este caso el precio
o ingreso potencial ya no es la variable clave en la decisión de
emprender el proyecto, pues en estos casos generalmente no existe un precio
explícito por el bien o servicio que se pondrá a disposición
de la comunidad, es el caso, por ejemplo, de proyectos en el área
de la salud, de la infraestructura vial, de la educación, manejo
de recursos hídricos, etc. Para este tipo de proyectos es necesario
desarrollar metodologías específicas que tiendan a estimar
los beneficios y/o costos directos asociados a cada proyecto, como también
los efectos económicos externos resultados de una determinada acción,
proyecto o programa de actividades. En este ámbito es muy importante
conocer las metodologías existentes y al mismo tiempo identificar
las que están en desarrollo para llevar a cabo los procesos de preparación
y evaluación de proyectos de inversión.
Prof. Fernando Sepúlveda P.
e-mail: fsepulve@udec.cl
Este comentario se refiere al permante conflicto entre sustentabilidad
ambiental y crecimiento económico, conflicto que se materializó
públicamente con los movimientos ambientalistas en la década
de los sesenta, en la discusión y desarrollo del tema durante las
décadas siguientes se generó una concepción de desarrollo
novedosa: el desarrollo sustentable. Sin embargo, hoy a comienzos de un
nuevo milenio, el conflicto entre conservación ambiental y crecimiento
económico se mantiene vigente, como se puede apreciar, cada cierto
tiempo, en los medios de comunicación de nuestro país.
No hay que ir muy lejos en el tiempo para observar que, entre las
prioridades definidas por el Banco Mundial (Institución Mundial
creada para fomentar el desarrollo) se establece que la prioridad número
uno en el largo plazo la constituye el crecimiento económico. El
crecimiento económico, se afirma, es la única manera de asegurar
una disminución efectiva y permanente de los niveles de pobreza.
Gradualmente a los que ganan menos les aumentarán sus ingresos,
los cesantes y desempleados calificados encontrarán trabajo y, lo
más importante, los gobiernos tendrán recursos para preocuparse
de los grupos que no tengan acceso directo al crecimiento económico.
Sin embargo, es un hecho que la consideración e incorporación
de la variable ambiental en el proceso de toma de decisiones de inversión
afecta negativamente la tasa de crecimiento económico tradicional,
y por lo tanto el desarrollo económico.
Durante los últimos dos meses, especialmente a partir del
mes de marzo recién pasado, algunas declaraciones de autoridades
publicas nacionales han llevado nuevamente nuestra atención a
la controvertida relación entre crecimiento económico y medio
ambiente. Esta controversia se renovó en el ámbito
nacional con posterioridad al nombramiento de la nueva directora
de la Comisión Nacional de Medio Ambiente (CONAMA). Y las posiciones
discrepantes se pueden observar a partir de algunas afirmaciones
como las siguientes: el Ministro de Hacienda manifiesta que "si bien
el medio ambiente y el desarrollo son complementarios en el largo plazo,
en el corto plazo Chile se puede dar el lujo de una protección del
medio ambiente propio de US$5.000 percápita, no de US$28000 percápita".
Y, la Directora de Conama, poco después de su nombramiento,
planteaba que "el país no tiene una política ambiental"
Respecto a esta ultima afirmación es necesario señalar
que la política ambiental de un país se refiere a un conjunto
de definiciones, acciones y decisiones adoptadas en función de la
conservación, restauración y mejoramiento ambiental con el
objetivo final de lograr un desarrollo sustentable. Indudablemente en nuestro
país, la CONAMA, creada en 1990 ha sido la impulsora de una serie
de mecanismos e instrumentos de gestión ambiental cuyos resultados
más importantes se reflejan en la promulgación de la Ley
de Bases del Medio Ambiente en marzo de 1994, la publicación de
un Manual de Evaluación de Impacto Ambiental, en enero de 1994 y
el Reglamento del Sistema de Evaluación de Impacto Ambiental
aprobado en 1997 entre otros. Por lo tanto, no se trata de que exista política
o no, sino de si la política existente ha sido o no efectiva. Para
emitir un juicio al respecto se requiere establecer parámetros de
control que obligan a conocer previamente cuál era el objetivo de
corto mediano y largo plazo de estas medidas. Pues hay, por ejemplo, algo
seguro, si el objetivo era que los proyectos de inversión consideraran
la evaluación de impacto ambiental, desde 1997 es obligatorio
que proyectos y programas de inversión se sometan al Sistema de
Evaluación de Impacto Ambiental (SEIA).
Si se analiza la evolución del SEIA implementado en nuestro
país (actualmente en revisión por una comisión
nombrada para estos efectos por CONAMA), veremos que desde sus inicios
constantemente ha sido criticado tanto por ambientalistas como por empresarios
y economistas; estas criticas se han incrementado en la actualidad debido
a las necesidades de inversión en un periodo de recuperación
económica. Algunas de esas críticas hacen recordar algunos
mitos sobre la evaluacion de impacto ambiental que enumeran Ahmad
y Sammy en "Guidelines to Environmental Impact Assessment" by the United
Nations Environment Programe, 1985. En particular los dos primeros: La
evaluación de impacto ambiental es antidesarrollo y la evaluación
de impacto ambiental es muy cara.
Volviendo a la afirmación del Ministro de Hacienda, esta
deja entrever que de alguna manera la protección ambiental es función
de la riqueza, y refleja la preocupación permanente del sector productivo
en el sentido de que las exigencias ambientales pueden entorpecer los objetivos
del desarrollo económico pues, se afirma, la incorporación
de esta variable implica considerar una serie de actividades adicionales
que normalmente antes no se consideraban y cuya ejecución
obligada hoy día, genera la necesidad de incurrir en costos
significativos tanto en tiempo como en recursos económicos y financieros.
Afectándose, de esta manera, la rentabilidad de las inversiones
tanto por la postergación de la fecha de obtención de los
primeros beneficios, mito número uno, como por el incremento
en costos en cada una de las etapas del ciclo de vida de los proyectos
de inversión, mito número dos.
Desde que se aprobó el Reglamento de EIA, obligatoriamente
un nuevo procedimiento debe integrarse a la toma de decisiones asociadas
a un proyecto de inversión, dependiendo de la naturaleza de las
actividades involucradas en éste. Y este procedimiento efectivamente
posterga el momento de la ejecución de la inversión. La primera
pregunta que debe hacerse hoy día un inversionista es si su proyecto
debe someterse al SEIA, lo que ocurrirá cuando las actividades involucradas
en cualquiera de las etapas del ciclo de vida del proyecto sean susceptibles
de causar efectos ambientales, y la naturaleza de estas actividades se
incluya en la Ley 19.300. En el caso de que esto ocurra, la siguiente pregunta
es si debe realizar una Declaratoria de Impacto Ambiental (DIA) o un Estudio
de Impacto Ambiental (EIA), cuya diferencia en plazos, y costos, es significativa,
pues en el caso de presentar una DIA, la COREMA o CONAMA tiene un plazo
de sesenta días hábiles, prorrogable por treinta días,
para emitir su veredicto, y en el caso de un EIA tiene un plazo de 120
días hábiles, prorrogable por sesenta días, ambos
plazos contados desde la fecha en que se presente a evaluación,
sin considerar que la continuidad de estos plazos se suspende, de común
acuerdo entre el organismo público y el inversionista, para dar
cabida a los plazos que requiera el proponente (para responder aclaraciones,
rectificaciones o ampliaciones solicitadas por el organismo público
competente), lo que puede postergar por bastante tiempo la materialización
de la inversión.
Adicionalmente, además del aumento en los costos de preinversión
necesarios para aprobar la EIA del proyecto, aumentan los costos
asociados a las restantes etapas del ciclo de vida de un proyecto: los
costos de inversión para neutralizar o mitigar los impactos desfavorables
en el medio, los costos de operación en los montos necesarios para
mitigar y monitorear efectos ambientales de operación del proyecto
y tambien los costos de abandono para intentar eliminar cualquier secuela
ambiental negativa generada.
Surge, por lo tanto, la posibilidad de que algunas actividades
económicamente rentables se posterguen indefinidamente por ser ambientalmente
no viables.
Ese resultado aparentemente negativo en el crecimiento económico,
se justifica estableciendo que una menor tasa de crecimiento económico
es en realidad necesaria para lograr un desarrollo sustentable. Por lo
tanto se trata sólo de un ajuste en la velocidad de crecimiento
económico haciéndolo compatible con un aumento sostenido
en el tiempo del nivel de bienestar individual y social. Esta tasa ajustada
de crecimiento sustentable consideraría no solo el aspecto
económico sino que también los aspectos ambientales
y sociales.
Aquí radica el principal problema que enfrenta el objetivo
de desarrollo sustentable, la dificultad de optimizar una función
de bienestar social que considere las tres variables mencionadas.;¿Cómo
optimizar simultáneamente crecimiento, equidad y sustentabilidad
ambiental? . Alcanzar objetivos en cualquiera de estas variables exige
la utilización de recursos, como éstos son escasos se hace
necesario establecer explícitamente prioridades ¿Cuánto
sacrificar de uno para lograr de otro? Por ejemplo, ¿cuánto
intercambiar de crecimiento por sustentabilidad, en el entendido que el
crecimiento utiliza el medio ambiente y puede favorecer objetivos sociales?
O al revés como se podría deducir de otra afirmación
del Ministro de Hacienda: "hay que sacrificar algo cuando está de
por medio el crecimiento económico", ¿qué y cuánto
sacrificar de sustentabilidad para alcanzar las metas económicas?
¿Debe considerarse diferencias según los ciclos por los que
esté pasando la economía?
Y, como las respuestas a interrogantes como éstas no son
claras, la discusión cae en el plano de los juicios de valor,
se convierte en una discusión normativa con posiciones extremas
en las que se puede observar dos bandos, los economicistas y los ambientalistas.
Y una posición intermedia, planteada como solución: el desarrollo
sustentable. Esta posición plantea que el desarrollo económico
afecta la naturaleza y sus recursos, pero que hay que procurar hacerlo
de forma de garantizar la conservación del medio ambiente. La lectura
de este planteamiento genera de inmediato preguntas tales como: ¿Qué
implica conservación del medioambiente?¿Quién y cómo
garantiza esta conservación, sin caer en extremos?, entre otras.
Como puede apreciarse, nuevas interrogantes quedan planteadas sin aportar
a la respuesta de las anteriores.
Sr. Fernando Sepúlveda P.
e-mail: fsepulve@udec.cl
El articulo anterior que escribí en este mismo espacio se
refería a cuanto sacrificar para lograr el crecimiento económico.
En él se hace referencia al permante conflicto entre sustentabilidad
ambiental y crecimiento económico, y se afirma, citando al Ministro
de Hacienda que "hay que sacrificar algo cuando esta de por medio el crecimiento
económico". En este contexto surge el siguiente comentario, en el
que se intenta recordar que cuando se pretende aumentar los beneficios
(o los costos) con un determinado proyecto o programa se está afectando
en el sentido contrario los beneficios o costos de otro proyecto
o programa.
Muchas veces, en distintos ambientes y de distintas personas, se
observan críticas u opiniones divergentes, en algunos casos polémicas
públicas, con respecto a iniciativas o propuestas que tienen trascendencia
nacional. Muchos de las argumentaciones surgidas en este contexto se podrían
mejorar con la comprensión y conocimiento de un concepto básico
de la economía, que corresponde al uso alternativo de los recursos
que se emplearán.
En la situación anterior se encuentran polémicas vinculadas
con iniciativas de proyectos o programas de inversión originadas
tanto en sector público como en el privado, como por ejemplo: cuales
deben ser las fuentes de financiamiento para el proyecto de seguro de desempleo,
cual seria el destino alternativo de los fondos en el caso de un proyecto
de financiamiento estatal de las campañas políticas, cual
es la medición correcta de los costos o beneficios vinculados a
aspectos ambientales como el proyecto Ralco en la VIII Región;
cual es el posible financiamiento de un proyecto de recuperación
y desarrollo de un servicio de trenes para Chile, cuales son las fuentes
de financiamiento para los requerimientos adicionales necesarios
para mantener la infraestructura vial luego de los temporales, cual es
el destino o apropiación de los beneficios como en el caso del proyecto
Trillium, cual debe ser el financiamiento alternativo del presupuesto fiscal
frente a una rebaja de aranceles, etc. También se incluyen en dicha
situación las discusiones surgidas cuando algunos ciudadanos critican
a determinados personajes públicos, elegidos por votación
popular, por que no han cumplido con algunas promesas realizadas antes
de su elección pues probablemente el candidato electo se dio cuenta
de que existen iniciativas mas prioritarias que las que el había
considerado anteriormente.
Estos casos mencionados tienen, entre otros, un elemento en
común que tiene que ver con el conocimiento, comprensión
y uso de uno de los conceptos mas importantes de la ciencia económica,
este es el costo de oportunidad o costo alternativo. Concepto que de alguna
manera, implícitamente o explícitamente, aporta argumentos
en la discusión de distintas posiciones.
El costo de oportunidad o costo alternativo, que puede ser utilizado
por detractores y defensores de una idea en discusión, constituye
un concepto básico de la economía, y creo que vale la pena
detenerse un momento para precisar los alcances de este concepto y como
su conocimiento y correcto uso puede aportar al proceso de toma de
decisiones.
En esencia, el costo de oportunidad se refiere al hecho de que en
un mundo de recursos escasos y limitados cada vez que se enfrenta
la decisión de asignar recursos para iniciar un proyecto o programa
se esta enfrentando a la decisión de dejar de realizar otro, de
tal manera que al tomar una decisión es necesario considerar tanto
sus costos explícitos, aquellos observables a simple vista, que
también se podrían denominar costos directos, como
sus costos implícitos, que corresponden a los beneficios sacrificados
al no llevar a cabo la actividad alternativa, esto es dar a los recursos
el otro uso. Un par ejemplos sencillos puede ilustrar esta diferenciación.
Ejemplo Nº 1: Los costos de un estudiante de enseñanza superior.
En este caso son costo directos los costos de matricula, de libros, de
materiales de estudio en todas sus variedades(los costos de alimentación
o vestuario no se consideran, por que igual se tiene que incurrir en ellos
en cualquier actividad que se desarrolle) y los costos implícitos
o de oportunidad corresponden al valor del ingreso sacrificado al estudiar,
puesto que se supone que si no estudia, trabaja. Ejemplo Nº
2: El caso de un profesional independiente, un médico por ejemplo,
que esta decidiendo asistir a un programa de perfeccionamiento. Este, además
de conocer el costo directo que le genera el programa tendrá muy
claro el valor de las consultas sacrificadas por el hecho de asistir
a clases, que seria su costo indirecto o implícito.
Es probable que si cada vez que se enfrenta la discusión
de una decisión importante los participantes en ella tomaran en
cuenta todos sus costos, el proceso decisional se simplificaria en
la mayor parte de los casos. Sin embargo existe un problema adicional al
desconocimiento de los costos de oportunidad, que surge por que muchas
veces estos costos implícitos no son tan claros o tan objetivos
y la discusión se centra en cual es la actividad sacrificada o cual
es el valor de esta actividad, por ejemplo el uso alternativo de los fondos
que se destinarían a un hipotético financiamiento de partidos
políticos o el valor de la pérdida del hábitat original
de los Pehuenches para la sociedad.
Lamentablemente, como se puede apreciar, no es solo un problema
de números. Puede ser un problema de prioridades o de ponderaciones
relativas como el ya clásico dilema asociado al objetivo de desarrollo
sustentable de una sociedad que trata de optimizar simultáneamente
tres variables: crecimiento económico, equidad distributiva y sustentabilidad
ambiental. Alcanzar objetivos en cualquiera de estas variables exige la
utilización de recursos, como éstos son escasos se hace necesario
establecer explícitamente prioridades ¿Cuánto sacrificar
de uno para lograr de otro? El valor de aquello que se sacrifica es el
costo de oportunidad.
En todo caso, sea fácil o difícil determinar los usos
alternativos y su valor, es un hecho que existen y la explicitación
de esta existencia podría ayudar a acortar los períodos de
discusión pública de muchas iniciativas.
¿Que pasaría si cada vez alguien opina sobre determinado
aumento de gasto en programas sociales de salud, educación u otros
se viera enfrentado a la posibilidad de que para no sacrificar otras iniciativas
le exijan una mayor contribución a través de impuestos o
deba proponer su alternativa de financiamiento? ¿Que pasaría
si públicamente se centra la discusión en los aspectos problemáticos
de la determinación de los costos implícitos sabiendo que
ahí radica el problema? ¿Que ocurriría si los candidatos
a futuros cargos administrativos o legislativos consideraran los costos
de oportunidad de sus propuestas en el caso de tener que llevarlas a cabo
antes de hacerlas? Yo pienso que por menos mejoraría el nivel de
la discusión.
Sr. Fernando Sepúlveda P.
e-mail: fsepulve@udec.cl
CONCEPCION.-
Este artículo se refiere a la importancia de invertir en capital
humano, especialmente en educación, como mecanismo para incrementar
el crecimiento económico y el bienestar social. Particularmente,
a la conveniencia de aumentar la cobertura y los años, que en promedio,
los jóvenes se mantienen en el sistema educacional fomentando la
cobertura universal de la enseñanza media y la continuidad en la
educación terciaria o superior.
La base de este comentario radica en las siguientes consideraciones:
En primer lugar, las conclusiones de la 50ª, quincuagésima,
reunión anual del Fondo Monetario Internacional y del Grupo del
Banco Mundial realizada en Octubre del año 1995, en la que
se planteó que "... si no se mejora la inversión en los sistemas
educativos las perspectivas de desarrollo económico en el mediano
y largo plazo se verían limitadas".
Sobre la importancia de la educación como componente del
desarrollo económico y social, el Banco Mundial menciona la
experiencia de países que se han caracterizado por el llamado "milagro
económico", países en vía de desarrollo que han mostrado
una tasa de crecimiento alta y sostenida durante un largo periodo de tiempo,
crecimiento que se explicaría por una apreciable inversión
pública y privada en Educación desde hace tres décadas,
citando como ejemplo la experiencia de los denominados "Tigres Asiáticos",
Hong-Kong, Taiwan, Corea y Singapur. En segundo lugar, el hecho de que
el énfasis en la educación como mecanismo de desarrollo económico,
no es nuevo.
A partir de los años 60 se comenzó a priorizar explícitamente
la idea de inversión en capital humano de manera similar a la inversión
en capital físico como mecanismo para favorecer el crecimiento económico.
Efectivamente, varios estudios sobre el periodo posterior a la segunda
guerra mundial, realizados por economistas que trataban de explicar porque
algunos países se recuperaban más rápido que otros,
lograron demostrar que aparentemente el crecimiento no dependía
tan solo de la disponibilidad de recursos físicos y financieros,
sino que parte importante de este se encontraría explicado por la
dotación de capital humano en cada país. Esto es, el mayor
o menor gasto antes de la guerra, en factores de incidencia en la calidad
del recurso humano tales como en salud, educación y en tecnología
explicaban posteriormente el mayor o menor desarrollo de los países
industrializados.
De estos estudios se generó una teoría que llevó
a una reorientación del gasto público en los países
en vías de desarrollo, obviamente influidos por el cambio de orientación
en las instituciones internacionales, como el Banco Mundial, que antes
dirigían su ayuda a los sectores de la economía más
directamente productivos y que ahora consideraban que los recursos destinados
al sector social también eran productivos.
Con esta reorientación los gobiernos mas que duplicaron
la proporción del gasto social sobre gasto total nacional en un
periodo relativamente breve. La educación fue uno de los sectores
mas favorecidos por su capacidad formativa, su carácter multiplicativo
y por que contribuye a crear actitudes y valores favorables al desarrollo.
En tercer lugar, la modificación en el Indice de Desarrollo Humano
utilizado por el Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo, que
se calcula considerando tres variables para su determinación, una
del sector salud, relacionada con la esperanza de vida al nacer, otra del
sector educacional, relacionada con el logro basado en cifras sobre alfabetización
y la última de crecimiento económico basada en el Producto
Interno Bruto.
Este índice incluía por el ámbito educacional
solo cifras sobre alfabetización para medir el logro educacional.
Bajo el supuesto de que la educación es clave para acceder a los
beneficios del progreso se modificó a partir del año 92,
incorporando una estimación de años de escolaridad promedio
para medir los niveles de educación alcanzados por una población
determinada, bajo el supuesto de que mientras mayor es el nivel de escolaridad
alcanzado mayores son las probabilidades de escapar del circulo de la pobreza.
Y, por último, en un reciente documento de la CEPAL, Comisión
Económica para América Latina y el Caribe, "Equidad, Desarrollo
y Ciudadanía" publicado en Agosto del presente año, como
resultado del vigésimo periodo de sesiones de la CEPAL, realizado
en el mes de Abril en México, se ratifican conclusiones de
estudios realizados durante la década pasada, en el sentido de que
actualmente, los años de instruccion formal requeridos para contar
con grandes probabilidades de evitar la pobreza oscila entre 10 y 12 años
según el perfil de cada país, en particular, para Chile dicho
estudio menciona que los años de educación necesarios
para tener buenas probabilidades de no caer en la pobreza estarían
entre 12 y 14 años en 1998.
Si es cierto que el mayor nivel de escolaridad aumenta las posibilidades
de salir de la
pobreza, tal como lo demuestra el estudio, se debe invertir mas y mejor
en la continuidad educativa mejorando las condiciones de equidad, accesibilidad
y calidad. Esto es especialmente importante si se observa una realidad
en la que a medida se avanza en la continuidad de la educación
las exigencias del mercado laboral son cada vez mayores en cuanto a los
años de escolaridad de quienes ingresan a el, apreciándose
una especie de devaluación educativa, a mayor promedio de años
de estudios del conjunto de la sociedad mayores exigencias de capacitación
para acceder al empleo.
El principal beneficio de un aumento en el promedio de años
de estudios es el posterior acceso a ocupaciones más productivas
y de mayores ingresos, con un doble efecto. El primer efecto se manifiesta
en el aumento de las probabilidades de salir del circulo de la pobreza
y no volver a él, tanto para las generaciones presentes como para
las futuras en la medida de que los padres aspiran para sus hijos metas
superiores o a lo sumo iguales a las que ellos alcanzaron. Logrando con
ello, adicionalmente, un ahorro económico importante, al suprimir
los esfuerzos necesarios para completar o compensar el déficit educacional
de las personas en etapas posteriores del ciclo de vida, que tienen costos
económicos y sociales superiores a los costos regulares de la enseñanza
media.
El segundo efecto, se manifiesta en la posibilidad de mejorar las
condiciones para alcanzar las metas de crecimiento económico, de
acuerdo con la teoría de la inversión en capital humano,
teoría que en síntesis establece que, al igual que la
inversión física, la inversión en recursos humanos
contribuye directamente al crecimiento económico, al aumentar la
productividad de los factores productivos, y por ende al desarrollo económico
y social de un país. En síntesis, mas años de estudio
aumentan las probabilidades de salir de la pobreza, aumentan la contribución
de cada trabajador al crecimiento económico, aumentan los niveles
educacionales esperados de las generaciones futuras y significan
un ahorro con respecto a complementar o completar la educación
en la etapa adulta posterior.
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