Los cambios
apuntan a un mayor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos
y materiales de las 3 áreas que ahora quedaron bajo la tutela
de la entidad.
El 11 de marzo, mediante el Decreto
U. de C. N° 2011 - 022, se oficializó la nueva estructura
de la Contraloría de la Universidad, resultante de un proceso
de reorganización que busca sintonizar su accionar a las
necesidades actuales de la organización. La nueva estructura
quedó plasmada en el capítulo segundo del Reglamento
Orgánico de la Universidad, que establece las distintas funciones
asignadas a los organismos que la conforman.
La idea de estos cambios, explica el Contralor Marcelo San Martín,
es producir un mayor aprovechamiento de los recursos humanos, técnicos
y materiales de las 3 áreas que ahora quedaron bajo la tutela
de la entidad -Asesoría Jurídica, Auditoría
y Fiscalía- y de este modo, “prestar una mejor asesoría
a las autoridades, por una parte, en cuanto a la certeza y seguridad
de lo que se informa y, por otra, hacerlo de una manera más
directa y oportuna”.
Así, agrega, se busca fortalecer la necesaria colaboración
entre los organismos que integran la Unidad, fundamentalmente, entre
Asesoría Jurídica y Auditoría, “que antes
no podía darse de manera fluida por estar estructuradas sobre
la base de dependencias jerárquicas distintas”. La primera,
lo hacía como órgano dependiente de Secretaría
General (bajo el nombre de Servicio Jurídico); mientras que
la segunda, reconocía dependencia directa de Rectoría.
Por otro lado, señala el Contralor, hay algo que puede parecer
menor o meramente formal, pero que no deja de ser relevante. “Para
que esta agilidad pudiera concretarse era necesaria la cercanía
física”. Por ello, actualmente las tres unidades, ocupan
las mismas dependencias en el inmueble adyacente a Rectoría,
en la intersección de Víctor Lamas y el pasaje Enrique
Molina.
Al hablar de los desafíos que estos cambios imponen a los
servicios que son de responsabilidad de la Contraloría, el
Contralor precisa que, en el ámbito de Asesoría Jurídica,
el primero y más importante “es garantizar que todas
las actuaciones de la Universidad se expresen de conformidad con
la normativa interna y externa que le sea aplicable y, de esta ma-nera,
evitar comprometer responsabilidades que emanen de una deiciente
actuación y eso apunta a dar seguridad a las autoridades
en el sentido de que se actúa sin objeciones o reparos jurídicos.
En tanto, la misión del servicio de Auditoría es cautelar
el buen uso de los recursos institucionales. Esto, explica el Contralor,
se refiere, en general, a res-guardar la calidad de las actividades
universitarias “y eso pasa por controlar el uso de dineros,
bienes, procedimientos, cumplimiento de objetivos y obligaciones,
lo que permite entregar recomendaciones en orden a mejorar lo existente,
en cuanto a procedimientos y normas”.
Finalmente, la Fiscalía – que tiene como fin realizar
las investigaciones que se instruyen respecto del personal y los
estudiantes - busca, en definitiva, asegurar que “las sanciones
que eventualmente sea necesario adoptar, se apliquen de manera objetiva
y respetando los derechos, tanto de los denunciantes o de la propia
institución y, al mismo tiempo, de las personas que aparezcan
con responsabilidad en los hechos investigados, aspecto éste
último relevante en orden a impedir un actuar arbitrario,
precaución y resguardo que pocas instituciones privadas se
han preocupado de establecer.
