Universidades tradicionales deben unir fuerzas

Igualdad. Ese fue el concepto que, una vez recuperada la democracia, se pregonó como norte de diversas políticas gubernamentales.

La búsqueda de la igualdad de oportunidades o el acceso equitativo ha llevado a situaciones por evidenciar, analizar y discutir. En educación se da una asimetría de financiamiento y gestión que la afecta globalmente.

El Estado aún sigue los lineamientos de la ley de universidades de 1981. Se debe buscar puntos de encuentro entre las universidades públicas estatales y públicas surgidas de la comunidad con el propósito del desarrollo común: satisfacer las necesidades de una región o estimular un área específica.

Insisto, universidades estatales y públicas de la comunidad debieran unirse y presentar un plan de desarrollo estratégico que las justifique y que se contribuya a un imperativo político priorizarlas.

Desde el punto de vista país, la educación superior contribuye al fortalecimiento socio-económico, el bienestar social, la soberanía y al desarrollo de personas como profesionales y ciudadanos.

En el país las relaciones de las universidades con las estructuras sectoriales del Estado son precarias. El intercambio de capacidad científico-tecnológica con el mundo empresarial, de beneficio mutuo en cuanto capital humano avanzado y a valor agregado transformables en bienes transferibles y/o comerciales, es débil. Estamos frente a temas que son la razón de existir y justifican el aporte de todos, amén del desarrollo del pensamiento como objeto propio de su quehacer.

De ello existe conciencia, opiniones fundadas y propuestas interesantes. Pero el espacio para discutir esos temas ha sido muy estrecho. Más exigua ha sido la formación del profesional ciudadano. Ello exige instancias de participación de académicos y estudiantes legitimadas en los cuerpos legales que rigen la vida universitaria: los estatutos. Sólo la Universidad de Chile logró cambiarlos, de lo que se desprende que la LOCE no es impedimento para hacerlo en las universidades públicas estatales. Menos razón hay en las universidades públicas surgidas de la comunidad.

¿Dineros de todos los chilenos, de un Chile democrático para universidades que no han democratizados sus estatutos, donde el poder se concentra en una persona? Para solicitar recursos de todos los chilenos, no basta con ser propiedad estatal, se debe cumplir con las tareas que contribuyen al crecimiento y fortalecimiento común bajo las formas que un Estado democrático para su propia gobernabilidad.

Insisto, respecto a estos temas existen propuestas muy interesantes. La tarea ahora es ver cómo los académicos debatimos estos temas. Cómo de surge una gran propuesta estratégica que se imponga como necesidad del Estado financiar a aquellas al más alto nivel y en exclusividad haciendo de esa forma realidad la expresión de Humboldt al expresar la relación entre la Universidad de Berlín y el Estado: Al Estado por gracia por lo que el Estado por gracia nos da.

Extracto de un texto de Abelardo Castro
Decano Facultad de Educación

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