Nuevo AFI: rentabilidad económica, social
y académica a la inclusión

Uno de los temas más debatidos al interior del Consejo Asesor Presidencial de Educación Superior fueron los criterios de asignación de recursos económicos por parte del Estado a todas las instituciones de educación superior (Aporte Fiscal Indirecto, AFI), considerando el número de alumnos que matricularan y que estuvieran entre los 27.500 mejores puntajes en la PSU. La mayoría del Consejo votó por un cambio.

Las estadísticas mostraban desde hace años una tendencia creciente de adjudicación de dineros por este concepto a universidades privadas y una concentración en la capital. Cabe señalar que las referidas instituciones de educación superior reciben un gran número de estudiantes de establecimientos de Enseñanza Media Privados -40%- y Particular Subvencionados los que, de acuerdo a todos los estudios, obtienen mejores resultados en la PSU (y anteriormente en la PAA), entre otros factores, por razones socioculturales que potencian su rendimiento.

Esta vez el Ministerio de Educación optó por incorporar un criterio adicional al rendimiento en la PSU. Se trata del ranking o lugar que, en calificaciones, ocupa el alumno entre sus pares de curso. Así, el primero tiene el mismo valor independientemente del establecimiento educacional de que se trate. Este criterio es equivalente al usado en varios países de alto rendimiento académico universitario donde los alumnos ingresan con sus promedios de calificaciones, las que a su vez están relacionadas en gran parte con el rendimiento general de sus respectivos cursos. El fundamento pedagógico de base es que los alumnos que ocupan los primeros lugares, para lograrlo, bajo las mismas condiciones en que trabajan sus compañeros, requieren de una gran motivación personal y esfuerzo, además de aptitudes intelectuales. Por otra parte se cumple un criterio de Estado, captar hacia la educación superior a todos aquellos alumnos perseverantes y de alto rendimiento, independientemente de las condiciones socio-económicas de origen. De paso se estimula que las instituciones de educación superior se incentiven a tomar medidas inclusivas.

De momento, el estímulo económico va directo a las universidades que se benefician en distintos aspectos: El primero de ellos es el puramente económico, pero que en alguna medida contribuye a financiar un esfuerzo extra para realizar algunas acciones de nivelación en el caso de alumnos que, siendo talentosos y motivados, llegan a la universidad con carencias en cuanto a contenidos. En segundo lugar son premiadas por tener alumnos que, probadamente están más motivados que aquellos que habiendo obtenido buen puntaje PSU no son lo suficientemente perseverantes y motivados por el logro y se atrasan en sus estudios con mayor frecuencia que sus pares que, si bien no rindieron una buena PSU, sí están entre los mejores de su curso (hecho avalado en Chile, por estudios efectuados en la USACH). A pesar que esos alumnos necesitaran apoyo adicional su motivación los lleva a no atrasarse en los estudios y, por lo mismo, bajan los costos de la universidad por alumno atendido.

Es importante destacar que lo anterior implica una mayor, aunque tímida aún, redistribución de recursos hacia las universidades públicas y regionales. Tres de cuatro instituciones que aumentarán sus ingresos por esta vía están en regiones y una en la zona Metropolitana.

Sin embargo, lo más significativo en el cambio de criterios es que finalmente está germinando en las políticas de Estado en educación superior un principio que resulta básico: los recursos del Estado deben ser ocupados de acuerdo a los intereses del Estado, en términos de estimular políticas de inclusión que ayuden a captar el potencial intelectual que el país necesita con urgencia para su desarrollo cultural, social y económico.

El próximo paso es que esa política lleve a las universidades a cambiar sus criterios, dando una mejor ponderación, en el puntaje final de postulación, a las notas obtenidas en la enseñanza media y al lugar que el postulante ha tenido entre sus pares en cuanto a logro, seguido de un incremento sustantivo del mencionado aporte a las universidades.

Abelardo Castro
Decano Facultad de Educación

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