Políticas de educación superior y bien común

La reciente publicación de los resultados de la distribución del Aporte Fiscal Indirecto (AFI), que se relaciona con la captación de los puntajes más altos de la PSU, muestra que el 40% de los recursos se localizan en las universidades Pontificia Católica y de Chile. Ambas aumentaron su captación, al igual que las universidades privadas de los Andes y del Desarrollo con 23% y 44%. Al revés, las universidades regionales disminuyeron los aportes recibidos en relación al año anterior.

La PSU es un instrumento de medición para seleccionar alumnos. Nunca fue pensada como instrumento para hacer políticas de incentivo económico a las universidades. Cuando esto ocurre, se debe estar consciente de que el resultado será la inequidad y segregación en el sistema, como ocurre cuando es la base para la distribución del AFI.

Es de interés del Estado que las regiones se desarrollen, que exista integración social, que la captación del potencial intelectual se haga independientemente de donde esté desde el punto de vista social y geográfico. Pero en lugar de buscar mecanismos que favorezcan esas políticas, se usan instrumentos hechos para otros objetivos, como la selección y la exclusión. La PSU no ha superado la discriminación social que producía la PAA. Así no se puede construir un Chile de todos o al menos generar espacios de mixtura social que tanto necesita este país para su convivencia y su desarrollo cultural y económico.

Al igual que en el sistema municipalizado, las universidades públicas, de propiedad del Estado o surgidas de la comunidad y, especialmente, las de regiones, deben asumir responsabilidades que los privados pueden eludir al poner como barrera la capacidad de pago, a pesar de recibir aportes por el crédito con aval del Estado.

En 2010 celebraremos el Bicentenario y el inicio de la construcción de un Estado Nación orientado al bien común. La interrogante es si debemos celebrar con la ejecución de políticas públicas que nos integren como ciudadanos o que, con los recursos de todos los chilenos, sigamos construyendo una sociedad tan segregada que exhiba sectores sociales recluidos en poblaciones con ausencia del imperio de la ley y otros cada vez más enrejados por miedo a la delincuencia. Esto se puede evitar con políticas educacionales más inclusivas, cuyo objetivo sea educar y no el lucro.

En ese sentido, los académicos de una Universidad que surgió de la adversidad, que nació para servir a su región y contribuir al desarrollo del país, tienen algo que decir. Lo que ocurre debe revertirse. En la ley sustitutiva de la LOCE, las universidades estatales y públicas, cuyo fin es el bien común y no el lucro, deben ser tratadas con preferencia, consolidadas sus economías y reforzadas para la colaboración con los distintos niveles sectoriales del Estado.

Los mecanismos para revertir una estratificación social aún más aguda en educación superior pueden ser muy diversos: un arancel referencial garantizado por el Estado, base del crédito solidario, de acuerdo al costo real de una educación del más alto nivel (hoy es un promedio general) y el reemplazo del AFI por un programa de Subvención Universitaria Preferencial para las instituciones que capten estudiantes de los sectores más vulnerables de la población, a fin de crear programas de nivelación y apoyo a la docencia, para atenderlos calificadamente. Esto se puede hacer sin perjuicio de medidas de incentivo a la captación de estudiantes con altos puntajes, independiente de su origen socioeconómico.

Deben establecerse, además, políticas que garanticen el incremento de la capacidad científica de estas instituciones, a fin de resguardar su potencial real, en cuanto aporte al desarrollo sustentable del país y equilibrado en sus distintas regiones.

Abelardo Castro Hidalgo (Ph D)
Decano facultad de Educación

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