Sin suscribir el documento final sobre Educación Superior presentado recientemente a la Presidenta Bachelet, por no compartir “el enfoque de su contenido ni en el fondo ni la forma”, el rector Sergio Lavanchy envió una carta y un documento adjunto, al presidente de la Comisión Asesora Presidencial, Juan Eduardo García Huidobro, en la que le hace ver sus aprensiones que, señala, son compartidas por varios otros consejeros.
“Quedé contento porque, no me cabe duda, le hizo llegar a la Presidenta claramente este tema de la Educación Superior y, por eso, cuando ella recibió el informe expresó que va a crear una comisión especial para analizar el tema, lo cual me parece muy bien y es lo que sugería en la carta”.
Lavanchy explica que la Comisión se abocó fundamentalmente a los temas de la educación obligatoria, institucionalidad, calidad y marco regulatorio; sin embargo, en el tema de la educación superior no hubo la discusión necesaria y el documento no reflejaba las diversas posiciones de los integrantes.
Como parte de la subcomisión Educación Superior, Lavanchy reconoce el trabajo realizado por la Comisión sobre los distintos temas abordados en relación a la Educación Obligatoria, rescatando lo valioso del documento final.
No obstante, sobre el tema Educación Superior asegura que, fundamentalmente por falta de tiempo, “no ha sido posible llevar adelante un proceso de análisis, discusión y propuestas, que den cuenta de un trabajo compartido, riguroso y que pueda ser suscrito con cabal conocimiento de parte de todos sus integrantes”.
A su juicio, temas tan complejos como el rol de la educación superior en cada uno de sus distintos niveles, la equidad y calidad del sistema, forma de financiamiento, regulación y selección, “no son materias de fácil despacho y requieren para su análisis el tiempo y la participación que sí se tuvo para el tema de la Educación Obligatoria”.
En ese contexto, se manifiesta satisfecho con el anuncio de la Presidenta de crear un Consejo Superior de Educación Superior, a su juicio fundamental en esta materia.
“Creo que una comisión en educación superior más reducida puede evacuar un informe más rápido, que podría estar listo en un par de meses, de manera de compatibilizarlo con aspectos como la modificación del marco regulatorio de la LOCE”.
|
|
|
|
En el informe el Rector plantea tres aspectos:
En torno a las funciones, de las universidades es imprescindible reelaborar la clasificación en Educación Superior Pública y Privada que se propone al final en el documento. Es incorrecto generar una división y clasificación sobre bases conceptuales imprecisas, que en la práctica no son realistas ni universalmente aplicables. “En nuestra opinión, son los objetivos y misión fundacionales de las Universidades, más que una serie de declaraciones políticas relacionales, las que les dan su verdadero carácter”. No estando en absoluto de acuerdo con esta parte del documento, se sugiere desarrollar un tratamiento más extenso, serio y profundo del tema, que evite que un error inicial invalide muchas de las restantes consideraciones del mismo, al otorgar roles simplemente complementarios a un grupo absolutamente heterogéneo de instituciones, entre las que se cuentan algunas de las mayores universidades del país.
Frente al Financiamiento Institucional, no suscribe la clasificación que se hace de las universidades entre estatales y privadas, como tampoco las modalidades de financiamiento sobre esta misma base.”El sistema de educación superior tiene una historia, vocación y realidad que se distorsiona pretendiendo favorecer sólo un sector de las universidades adscritas al Consejo de Rectores, todas las cuales comparten la vocación pública”. Se sugiere por lo tanto modificar el texto, enfatizando el concepto de universidad pública, de vocación pública, en oposición a privada, cuando se establece, por ejemplo, la conveniencia de dirigir e incrementar el financiamiento directo del estado.
El tratamiento que se hace del AFD y del AFI es, al menos, incompleto. Siendo éstos los únicos aportes de libre disponibilidad del estado deberían ser sujeto de una revisión en el contexto del impacto que tienen en las universidades. Concordamos con la idea de que cualquier modificación de éstos debería hacerse incrementando significativamente los recursos y redistribuyendo solamente los eventuales incrementos, de manera de favorecer a las instituciones que actualmente reciben menos, sin afectar a las universidades en cuyas finanzas tienen un impacto mayor. Sin embargo, es una omisión no haberlo incorporado ni tampoco las formas de corregir la actual desigual distribución geográfica del AFI, fruto de los mejores resultados de la PSU en concentraciones urbanas (Quinta Región, Metropolitana). El AFI es por tanto hoy día, un factor que contribuye más bien a la desigualdad regional, afectando en forma negativa principalmente a las universidades regionales de menor tamaño, sobre lo cual nada se dice. Se sugiere, por lo tanto, profundizar en el tema, incorporando los estudios que existen al respecto, con el fin de hacer un aporte verdaderamente significativo a la discusión y por lo tanto a las recomendaciones del documento.
|
