Evaluación, un deber de las universidades

“A los universitarios les pertenece el deber de hacer su propia evaluación. Si no la hacen ellos, otros la van a realizar: políticos, financistas y otras personas que, naturalmente, no conocen lo que es el avance de la conocimiento”. Esto, para el académico francés. Claude Laugenie, es un principio fundamental del sistema universitario cuando se habla de acreditación, tema que trató en una de las tres conferencias que ofreció durante su visita a la Universidad, a la que llegó invitado por el departamento de Ciencias de la Tierra y el Centro Eula.

Como base de la discusión, el ex rector y profesor emérito de la Universidad de Pau, estableció que no es posible disociar investigación y enseñanza -un lazo esencial cuando se multiplican las universidades en el mundo, muchas de las cuales no realizan investigación- y que el desarrollo de ambas áreas descansan sobre la libertad científica y de enseñanza. Pero todo esto, afirmó, tiene como contrapartida la capacidad de las instituciones de ser conscientes de lo que hacen, donde entran las autoevaluaciones y evaluaciones “en relación con la evolución del conocimiento y en relación con lo que espera la sociedad del conocimiento y la formación que se entregan a la juventud”.

Laugenie habló de la experiencia francesa a la luz de su paso por la presidencia de la Comisión Nacional de Acreditación, señalando que el origen de la evaluación se relaciona con el crecimiento que experimentó la población estudiantil entre 1980 y 2000, al pasar de 500 mil a 2 millones. Las universidades sufrieron un fuerte impacto: de un sistema rígido, controlado por el estado, pasaron a uno de mayor flexibilidad en el diseño de sus proyectos institucionales, teniendo, además, que competir por recursos suplementarios para su desarrollo. En este entorno se hizo necesaria la evaluación.

Es un sistema que parte de la base de la voluntariedad, no es impuesto y considera una fase de autoevaluación, una evaluación por pares externos (expertos nacionales e internacionales) y la elaboración de un informe público –que se distribuye en distintas instituciones de la república- en el que se incluyen las perspectivas tanto de los evaluados como de los evaluadores.

El académico afirma que los resultados del proceso –que se extiende por cerca de un año- son bastante completos y que el sistema de aplicación concita cada vez mayor aceptación