LA ESTRATEGIAS TERRITORIALES 
DE LAS COMUNIDADES INDÍGENAS LAFKENCHES
Gestión Local y derechos indígenas

Víctor Toledo LLancaqueo

RESUMEN 

Se describe y analiza la experiencia de comunidades indígenas mapuche-lafkences de Chile, que se organizan para mejorar sus condiciones de vida, defender sus espacios marinos, su territorio, sus derechos. Son nueve  comunidades, que suman un total de 314 familias y un total de 1700 personas,  asentadas al sur de la comuna de Tirúa, Provincia de Arauco. Se trata de un caso de estrategia territorial indígena.

La economía de subsistencia de las comunidades lafkenches está basada en la recolección de algas y mariscos del bordemar. Culturalmente se definen a si mismos como gentes del mar, el cual es elemento indisoluble de su cultura, de su religiosidad, de su sociabilidad. El marco legal chileno les desconoce sus derechos ancestrales al borde marino.

Las comunidades han logrado constituirse en actor social relevante en la gestión de una cartera de proyectos de desarrollo para el territorio y  en la reivindicación de derechos territoriales sobre el borde marino. En un proceso incremental de logros, las comunidades lafkenches organizadas han realizado significativos aprendizajes en el ámbito de la gestión de proyectos, negociación y concertación con diversos actores, en el ejercicio y reclamo de derechos,  y en el desarrollo de ciudadanía. Un factor catalizador y singular fue el  Municipio, encabezado por un dirigente mapuche, cuya opción política es por la autonomía territorial indígena.

En el caso lafkenche es ilustrativo de las nuevas estrategias de defensa de derechos colectivos, y modos de articulación a procesos globales, que elaboran y ponen en práctica los movimientos indígenas -las estrategias  territoriales- que comprenden dos asuntos claves:  derechos colectivos sobre los recursos naturales, y derechos colectivos de autogestión y poder local. 

I. ANTECEDENTES

“Todo lo que se ve por aquí en esta zona, toda esta gente de Tirúa Sur, estrecho al mar, a los campos, a los risqueríos, no es que a ellos les ha gustado, que han querido vivir en esta zona; toda esta gente se migraron de la zona de Arauco, se vinieron a Tirúa Sur a refugiarse a esta zona, a esta cordillera, a esta selva.”

Relato de Don Segundo Ancalao. Comunidad de Tranicura

De  refugio frente al mar a “frontera interior”.

La entidad territorial del Pu Lafkenche la forman aquellas  comunidades asentadas al sur de Tirúa, al otro lado del río, entre la cordillera de Nahuelbuta y el mar, allí donde llegaron sus bisabuelos a refugiarse de la invasión chilena de mineros, latifundistas y el ejército de la República, que a mediados del siglo XIX penetraba al país mapuche por la “Baja Frontera”, la actual provincia de Arauco. Aquellas comunidades de desplazados formaron un largo rosario de comunidades a orilla de mar, entre cerros, quebradas y acantilados, una zona que cubre una extensión de 50 kilómetros de bordemar, desde el Tirúa, región del Bio Bio, hasta el Moncul en la provincia de Cautín.

Los lafkenches – gentes del mar, de la  gran agua – hicieron de sus ancestrales  lugares de recolección de algas y mariscos un asentamiento permanente y refugio para sus familias, sus comunidades y su cultura. Para las comunidades lafkenches esas tierras y ese mar de difícil acceso fueron el amparo, el abrigo, la fuente de los alimentos, el albergue de la cultura, el espacio donde se reelaboró la dignidad y la identidad. 

Desde la geopolítica militar,  en 1994, se calificó esta zona como una “frontera interior”, lugar donde el Estado tiene débil presencia, “espacios terrestres -bajo la soberanía de Chile- no vinculados total y efectivamente a la acción del Gobierno central y/o regional”. En efecto, para acceder a Tirúa Sur no hubo caminos públicos ni  un puente para el paso de carretas hasta los años sesenta del siglo XX, y de aquel tiempo una posta, una escuela, solo hubo como en los tiempos antiguos, una Misión jesuita.  No hubo caminos de ripio y un puente estable hasta 1998.  

El Pu lafkenche es una de las zonas hermosas e interesantes del país mapuche, pero en condiciones de marginación y discriminación no fue, ni es, una arcadia.  En el relato de los ancianos se reitera una y otra vez, la exclusión. El aislamiento. El sacrificio de días y noches de cabalgata para realizar el más simple trámite, ver morir a un hijo herido antes de llegar a ese hospital que queda a tres días de camino, tener que optar entre salvar la vida propia o salvar la yunta de bueyes que se lleva el río, ofrecer terreno y casa para escuela y que no hubiese profesor que quisiera irse a ese fin de mundo. El desprecio y la discriminación.  Ir a Tirúa, la aldea huinca, al otro lado del río, a vender un cordero, y que pague lo que quiera el señor, ir a comprar yerba y pedir por favor que los atiendan, porque no había respeto por los indios, “los come ulte”, los “piel de coyofe”.  El coyofe, coyoy  o cochayuyo, aquel que se  cosecha al mar frío,  sin más traje que el coraje, y es subido al hombro por el acantilado, toda la familia trabajando, niños, mujeres, ancianos, poner a secar, empaquetar en rodelas,  para la larga y penosa marcha de las carretas a comerciar, veinte días de ida, veinte de vuelta caminado, serpentenado por las quebradas, pidiendo permiso de paso por las haciendas para llegar a las ciudades (Imperial, Temuco hacia el sur, Traiguen, Victoria, los Angeles, Lota, Concepción hacia el norte y cordillera), a vocear a grito destemplado su mercadería, en un territorio ajeno, extraño; en las noches, la carreta se convertía en improvisada morada, inútil ante el viento y la lluvia.

El impacto de la modernización compulsiva

En el 2001, Tirúa sigue siendo una de las comunas más pobres de la región del BioBioy de Chile, sin embargo pueden apreciarse algunos cambios, de reciente data. Las caravanas de carretas de ayer son reemplazadas por camioneta y camión, las comunidades instalan bodegas de acopio, y negocian la exportación de su apreciado coyoy a Asia. Cuando van al pueblo ahora se sienten más respetados. Esa confianza es uno de los cambios más significativos.

Hoy la Municipalidad de Tirúa, por segundo período, es dirigida por un mapuche. No se trata sólo de apellido, sino que es la primera experiencia de elección de un alcalde mapuche que presenta su candidatura  en tanto dirigente  indígena, con un programa de desarrollo y empoderamiento indígena.

Las condiciones de habitat de los lafkenches van cambiando,  las casas tienen luz eléctrica y agua potable, una micro contratada por los apoderados pasa a recoger a los niños para llevarlos a la escuela. Los descendientes de los refugiados de ayer, hoy construyen camping y aspiran a que los visiten turistas para compartir con ellos la belleza de sus paisajes, sus playas, su mar, sus expresiones culturales. Saben que abierta la nueva carretera quedan expuestos, convertidos en un “atractivo”, y si no son ellos los que controlan ese negocio, vendrán otros, por eso, dicen,  sus camping son un modo de hacer soberanía en el Lafken mapu. 

La apertura del camino los ha sacado del aislamiento, pero trae nuevas amenazas: les pueden quitar el mar. Los Lafkenches  ven con estupor como la Ley de Pesca les desconoce su condición  de gente del mar, dejando abierta la posibilidad de que otros se adjudiquen en concesión su territorio marítimo, por eso exigen cada vez más fuerte que se reconozcan sus derechos exclusivos e inalienables sobre riberas y áreas de manejo en ese mar al que pertenecen, que forma parte de su territorio ancestral al igual que aquellas tierras que les han usurpado y que hoy se encuentran en manos de empresas forestales, tierras que se esfuerzan en recuperar.

Ya no hay sensación de aislamiento, más bien, hay sensación de asedio. La expansión de las empresas forestales, donde solo una ya controla el 40 % de la superficie comunal; la apertura de la carretera costera con su ambiguo impacto sobre las condiciones de vida y elocuente nombre de “ruta de los conquistadores”; la exposición en que quedan sus bancos de mariscos y algas, la desprotección de sus derechos territoriales marinos; la pronta transformación en circuito turístico.

Una mirada más de fondo muestra que los cambios ocurridos a fines del siglo XX en el Pu Lafkenche  son múltiples, estructurales y vertiginosos. Acelerados. Todos los cambios enunciados han ocurrido en breves cinco años. Cambios tan profundos, y empujados por fuerzas incontrolables, de origen tan remotos como lo fuera la invasión de mediados del siglo XIX. Mutatis mutandi, uno y otro fueron sendas modernizaciones compulsivas.  

Tirúa sur ya no es una “frontera interior”. La presencia del estado nacional y de aquello que llamamos modernidad y sus impactos es notable desde los años noventa. 

Búsqueda de nuevos caminos

Ayer, a su modo, escala y posibilidades de la época, la estrategia del siglo XIX, de desplazarse y buscar espacios de refugio al otro lado del río fue exitosa. Los lafkenches vivieron, defendieron, reprodujeron su cultura, reintegraron su sociedad, y perpetuaron su existencia por más de un siglo. La historia local está llena de casos y contiendas de disputa con hacendados, intermediarios y buhoneros, abusos y resistencias, pero los ruidos de los megaprocesos e ideologías políticas chilenas del siglo  hasta los años setenta, pasaron de largo. No llegaron sino lejanos ecos de la reforma agraria: la conmoción sólo  llegó hasta Cañete, hasta el Lleu Lleu. Al lado sur del río solo alcanzaron los “comiteses” para recibir fertilizantes. De aquel entonces, de los grandes fenómenos que ocurrieron en el país,  lo más relevante y marcado en la memoria fue el maremoto del año 1960. 

Hoy, nuevamente los lafkenches salen a buscar caminos para defender su existencia, y cuando ya no hay donde buscar refugio, vuelven a cruzar el río, pero ahora  al “otro lado”. Antes ese camino se hacia individualmente -  la migración-  a buscar trabajo a los fundos y a las ciudades,  Lota, Concepción, Santiago, de jornaleros, obreros, panificadores, empleadas, todos con nostalgia del mar. Ahora es una búsqueda colectiva, para seguir siendo lafkenches en su territorio de Tirúa Sur frente al mar. Ahora son comunidades que se organizan para defender sus intereses, mejorar sus condiciones económicas, defender sus espacios marinos, su territorio, sus derechos.

Por eso el protagonista colectivo de esta experiencia no es la Asociación, la bodega, el camión, el proyecto, sino el conjunto de comunidades del Pu Lafkenche, territorio entendido como organización, espacio simbólico y material, poder  social de generaciones, fortaleza desde donde se interpela al Estado, desde donde surgen nuevas y diferentes ciudadanías.

Las comunidades del Pu Lafkenche

La propiedad de la tierra de las comunidades lafkenches de Tirúa sur proviene de 22 Títulos de Merced entregados por la Comisión Radicadora de Indígenas en el período 1899-1916, lo que implicó el registro de 2686  hectáreas, para un total de  380  personas. En esos títulos de merced  no se reconoció la totalidad de lo efectivamente poseído, sino que se formalizó la inscripción de hijuelas sobrantes de los remates masivos realizados en 1893-1894.  El Estado actuó en sentido contrario a lo que la ley de 1866 ordenaba.    Esto explica y valida las reclamaciones que algunas comunidades mantienen acerca de tierras antiguas usurpadas, no comprendidas en el Título de Merced.   

Los Títulos de Merced fueron entregados a nombre de los jefes de familias extensas. A diferencia de otras zonas mapuches, en Tirúa Sur no existe equivalencia entre comunidad y título de merced, salvo en tres casos.  Esto se explica por el origen mismo del asentamiento, de  familias que fueron arribando en oleadas sucesivas a lo largo de la segunda mitad  del siglo XIX y por las políticas de la Comisión Radicadora, que en el período en que actúa en Tirúa Sur (1899-1916) se orientaba a reducir el número de personas radicadas bajo un mismo título. 

Un hecho relevante es que las tierras indígenas reconocidas y amparadas por  los títulos de merced,  conformaron un continuo espacial, en una zona de geografía especial, lo que favoreció los procesos de reintegración de los linajes, las comunidades – lof- y el establecimiento de alianzas entre lof, que permiten la reconstrucción de un territorio étnico. El territorio es una noción de área continua combinada con acceso a los recursos, y área profundamente asociada con la identidad colectiva. Las comunidades de Tirúa Sur (desde Ponotro a Casa de Piedra) comparten origen con  las comunidades costeras de la actual comuna de Carahue  (Hueñalihuen al Moncul), pero factores topográficos, la orientación a distintos circuitos urbanos, marcan hasta hoy una segmentación norte-sur de la costa lafkenche , a lo que se sumó la división administrativa entre las comunas de Carahue y Tirúa.

Las comunidades  reúnen a familias con lazos comunes, aun cuando sus tierras provengan de distintos títulos, la denominación común está dada por el topónimo del lugar o “sector”, en torno al cual se construye el sentido de pertenencia.   Recientemente, cuando las comunidades deciden utilizar la figura de personalidad jurídica de “comunidad indígena” de acuerdo a la Ley 19,253, se recuperaron nombres de lonkos principales titulares de las mercedes de Tierras.  En el habla cotidiana de Tirúa, para referirse a una comunidad se usa indistintamente el nombre registrado o el nombre del sector. En mapa Anexo se muestra la localización de las comunidades.

El cuadro siguiente resume los datos básicos de las comunidades integrantes del Pu Lafkenche:

CUADRO1 . COMUNIDADES Y SECTORES DEL PU LAFKENCHE
COMUNIDAD	SECTOR	N° DE HABITANTES	Promedio Edad	N° DE FAMILIAS	Representantes en la Asociación	
Ponotro	Ponotro	322	46	62	2	
Quilquilco	Las Misiones	177	54	38	3	
Millanao Ancatén	Puente Tierra	181	56	37	5	
Agustín Huenupil	Tranicura	106	45	22	4	
Tranicura	Tranicura	177	51	32	6	
Quidiqueo Huenupil	Comillahue	318	48	49	5	
Bartolo Leviqueo	Los Chilcos	59	41	12	3	
Martín Marileo	Bajo Quilantahue	130	47	20	4	
Felipe Huenumán	Casa de Piedra 	218	53	42	1	
TOTAL		1688	49	314	33	
Fuente: Asociación Pulafkenche.

La economía de subsistencia lafkenche

"Yo de muy niño trabajo en esto. Cuando tenía unos doce años ya me tiraba al mar a cortar cochayuyo, a cuerpo pela’o, no más, no como la juventud de ahora que usa buzo. Yo aguantaba una media hora, porque el mar es hela’o. Así empecé a tenerle cariño a este trabajo... la primera bonanza (o saca), viene en septiembre, luego otra en noviembre y , por último, a fines de enero, incluso puede extenderse hasta marzo, pero nunca después de esa fecha, porque viene la braveza y eso llena mucho al mar . 
La baja es buena durante la mengüante y también el acabo de luna, pero en la creciente el mar se hincha, se enoja, y no quiere na’ con la gente... 
Pasado el corte,se espera que la marea lo tire a  la orilla,  y ahí la familia ayuda a ponerlo a secar al sol hasta que se ponen amarillos. Después se acarrea en carreta hasta la casa, y todos ayudan a armar los paquetes. "
Juan Segundo Huenupil, lonko de Comillahue, Tirúa sur

Las familias que conforman las comunidades de Tirúa Sur viven principalmente junto al borde costero; las casas presentan el patrón tradicional mapuche de asentamiento disperso. La economía de subsistencia lafkenche se apoya en dos ejes: una agricultura de subsistencia cuyos principales cultivos son la papa, el trigo y la arveja,  y la recolección de algas y moluscos.

A lo largo del siglo XX ha primado uno u otro de los ejes, de acuerdo a la oferta  del ecosistema y de acuerdo  a los ciclos de la economía regional. En los primeros tiempos la actividad predominante fue la recolección de algas y mariscos, posteriormente durante el modelo regional de “desarrollo hacia adentro”, la agricultura familiar fue la base, en tanto fue posible incorporar tierras de cultivo, desmontando terrenos de fuertes pendientes, originalmente boscosos. En los últimos treinta años la agricultura familiar se ha limitado a producción de autoconsumo, ante la disminución de los rendimientos, en suelos frágiles de capacidades no agrícolas ( VI y VII), e inexistencia de mercados. Si bien los comuneros  se siguen definiendo a sí mismos como agricultores, la mirada y los esfuerzos económicos se han  redirigido al mar, como fuente de productos para generar ingresos. La recolección de algas y mariscos ha sido la principal actividad . 

Se  recolectan moluscos tales como lapas, caracol negro y locos. Este último recurso se encuentra muy sobreexplotado, al igual que los bancos de machas que ya han sido agotados.  De acuerdo a encuesta realizada en 1998 la actividad predominante de los jefes de hogar para la generación de ingresos es la recolección de algas y mariscos (215 familias que representan un 68 % del total) :

Fuente: Tabla N°2 Anexo 

La recolección de recursos marinos representa la fuente principal de ingresos monetarios para los lafkenches. La extracción de cochayuyo  o colloy en mapudungun (Durvillaea antártica) y luga  (Iridaea sp.), para su comercialización es la principal actividad extractiva. Ambas algas recolectadas en la temporada que comienza en septiembre y se prolonga hasta los meses de febrero y marzo. 

El mercado del cochayuyo.

Hay dos tipos de cochayuyo para la venta: negros y amarillos. El negro se deja solear un día no más y se vende entre las comunidades del interior (huenteche y pehuenche), ellos prefieren así el cochayuyo porque es más sabroso. En cambio el rubio lo compran más en el pueblo.
Juan Segundo Huenupil, lonko de Comillahue, Tirúa sur. 

El mercado del cochayuyo tiene tres  canales de comercialización principales. 

Un primer canal es  la tradicional venta al menudeo directo en ciudades tales como Temuco, Traiguen, Victoria,  hasta donde llegan en carretas tiradas por bueyes, luego de varios días de sacrificado viaje. Tradición de caravanas que tiene remotos antecedentes de rutas por el Wallmapu, pasando por los valles hasta llegar a la cordillera intercambiando productos y noticias –se puede plantear la hipótesis de modalidad mapuche de control de pisos ecológicos, vía trueque- y cuya proyección de extiende a la cocina popular chilena.  En años recientes se ha incorporado el uso de vehículos por parte de algunas familias, sin embargo hoy este canal es empleado sólo a un 3 % de las familias recolectoras.

"Ya no se sale mucho a los pueblos porque vienen intermediarios a comprar cochayuyo acá mismo. Antes nosotros íbamos en carreta a vender a Los Angeles, Curacautín, Santa Bárbara, se vendían por paquetes. En esos viajes salía algo para comprar el alimento y para vestirse uno mismo, porque hay  años que la agricultura no alcanza a dar para mantenernos"
Juan Segundo Huenupil, lonko de Comillahue, Tirúa sur. 

Un segundo canal comercial es controlado por intermediarios, quienes compran directamente en terreno a los comuneros en “rodelas”  (50 paquetes) para su venta a detallistas urbanos de ferias y vegas, comercio establecido y supermercados. La mejor accesibilidad a la zona con la apertura de la carretera costera y pavimentación hasta Tirúa ha aumentado la presencia de intermediarios, desplazando al primer canal de comercialización directa. Los volúmenes vendidos a intermediarios en 1998 ascendieron a 33.900 rodelas a un precio de $ 500  por rodela, es decir, $ 10 el paquete. En esas condiciones el ingreso familiar promedio anual fue de $  78.837.  (Ver Tabla de producción y ventas por comunidad en Anexo) Si se considera que el precio final al consumidor alcanza a $ 200 el paquete, es un caso de intermediación de alta rentabilidad, donde los agentes intermediarios aportan  almacenamiento y transporte sin ningún valor agregado de procesamiento,  envase o presentación.

El tercer  canal comercial actual es la exportación a mercados asiáticos. Este mercado es intermediado por un poder comprador en Tirúa –“Burgos”-, quien compra por separado a cada familia, acopiando grandes volúmenes, los que transporta y vende a empresas procesadoras de algas que exportan a Asia, principalmente a Taiwán. Los volúmenes exportados en la temporada enero-junio 1998 fueron de 100.199 kilos de cochayuyo seco, en 13 embarques, a un precio FOB de US$ 3,5 el kilo, lo que totalizó  US$ 350.696 dólares. De acuerdo al estudio ya citado, la participación porcentual de las comunidades en el precio final de exportación alcanza al 10, 3 % del precio final. En 1998 el valor pagado por el intermediario era de $ 50 el kilogramo de cochayuyo verde, a su vez el precio pagado por la empresa procesadora al intermediario fue  de $ 100 por kilo. Considerando  los volúmenes comercializados (309.400 kilos) el margen operacional del intermediario es de $ 11.891.000, y descontado los costos de transporte y personal, la utilidad es de $ 7.000.000 (siete millones) por temporada. En tanto para cada familia lafkenche los ingresos percibidos por su actividad de recolección y venta de cochayuyo semi-verde  en la temporad .a anual de 1998, alcanzaron un promedio de $ 74.209.  (Ver Tabla de recolección y venta de alga verde por comunidad en Anexo) 

Presentamos estos datos, pues la estrategia de autogestión comercial colectiva es uno de los ejes de la experiencia analizada.  Sin embargo esa estrategia enfrenta un serio obstáculo legal que afecta tanto al acceso y control de los recursos del borde marino, como a las formas organizacionales colectivas del territorio lafkenche.

Situación jurídica de los derechos lafkenches al borde marino.

La legislación chilena no reconoce ni ampara los derechos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales de sus territorios, el único recurso protegido es el suelo (la “tierras indígenas”). Las aguas, el subsuelo, playas, fondos  y borde costero son definidos por diversos cuerpos legales como de dominio estatal o bienes de usos público, respectivamente, los cuales pueden ser aprovechados o manejados sólo mediante régimen de concesiones a las que puede acceder cualquier persona natural o jurídica. En el caso lafkenche esto significa que cualquiera puede concesionarse el borde costero de las comunidades.

La aplicación de la legislación de pesca genera situaciones paradojales. Para ser organización reconocida por el Servicio Nacional de Pesca (SERNAPESCA) y poder acceder a áreas de manejo, las comunidades deberían constituirse en “sindicato” de pescadores artesanales. A la vez, cada miembro de la organización debe obtener carné de recolector, para lo cual debe obligatoriamente presentar certificado de situación militar al día, certificado de antecedentes, certificado médico, certificado de residencia, carné de identidad al día y fotos para la elaboración de esta cédula de recolector. Tramite que debe ser realizado periódicamente, para renovar los carnet.  

El sin sentido de la exigencia legal se grafica aun más al considerar que la recolección de algas es una actividad que realiza la familia completa: el hombre se interna al mar a cortar el cochayuyo, el cual es arrastrado por el oleaje hasta la orilla donde es recogido por mujeres, ancianos y niños, para ponerlo a secar.

El desconocimiento más de fondo de derechos indígenas e inadecuación de la Ley lo relevan los lafkenches al denunciar que “hoy nos vemos en la necesidad de tener que pagar por el uso de un espacio que histórica y culturalmente nos pertenece.”

La estrategia de los lafkenches ha sido de abrirse espacios en los intersticios de la legalidad. Tras la inscripción de sus miembros fundadores en los registros de Sernapesca, la Asociación Pu-Lafkenche pudo ser reconocida como organización de pescadores artesanales sin convertirse en Sindicato. Enseguida solicitaron un área de manejo que se extiende frente al borde costero de las comunidades en un ancho de 200 mts, lo que totaliza 1.100 hectáreas. Sin embargo, la Ley de Pesca establece un pago de patente anual, después del cuarto año de concesión, de 1 UTM por hectárea, lo que traducido a pesos implicaría  pagar $ 26.000.000  (veintiséis millones de pesos) aproximadamente. Si dicha patente no se paga la concesión  caduca, quedando disponible para que otros se adjudiquen concesiones en el lugar. Por tanto, estando solicitada el  área, aún no se ha firmado convenio con  SERNAPESCA, pues éste contiene obligatoriamente esa cláusula legal. Sin embargo esta condición de indefinición legal no es sostenible por largo tiempo.

La situación creada es tal que, si no hay modificaciones a la ley de Pesca, las comunidades lafkenches arriesgan una pérdida del borde costero a muy corto plazo. Y el Estado arriesga un nuevo conflicto étnico-territorial de proporciones insospechadas, con sólidos fundamentos histórico-culturales.

Han dicho los lafkenches:

“El mar no sólo es una fuente que permite la subsistencia en el sector; el mar es un elemento indisoluble de nuestra cultura, de nuestra religiosidad, de nuestra sociabilidad. El mar es el escenario donde se elevan una serie de rogativas y se realizan rituales como el Nguillatún, destinados a mantener la armonía del hombre con su entorno y garantizar la abundancia para el tiempo venidero. 
Entonces, si entendemos el mar como un elemento que da cuerpo y existencia al pueblo Lafkenche, se subentiende que la violación o explotación de dicho espacio por personas o empresas ajenas a la etnia, sería también una violación a la existencia y cultura de nuestras comunidades.”

Lo que los lafkenches han puesto de relieve con calma y sencillez, hasta ahora, es un asunto capital en la política indígena contemporánea: el reconocimiento, protección y respeto de los derechos colectivos de los pueblos indígenas sobre los recursos naturales de sus territorios. En este caso, el borde marino, las riberas, como parte integrante del territorio mapuche.

Las organizaciones indígenas han planteado en diversas oportunidades al Estado chileno su demanda. En 1991, plantearon en su propuesta de Proyecto de Ley indígena entregado al Gobierno el “ Derecho a la utilización y explotación exclusiva de los recursos lacustres, fluviales y marítimos colindantes con las tierras indígenas, hasta dos Km. aguas adentro”. Dado que la ley Indígena 19.253 no recogió estas demandas, los dirigentes lafkenches las han reiterado ante las comisiones de la cámara de diputados que realizaron balance de la Ley Indígena en 1997 y 1998. Asimismo, forma parte de las demandas levantadas por organizaciones políticas mapuches de Arauco. 

A nivel internacional los convenios multilaterales  existentes, como el Convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo, y declaraciones derechos indígenas en preparación en Naciones Unidas y OEA, contienen cláusulas específicas que instan a los estados a reconocer y respetar  los territorios indígenas y los derechos a sus recursos naturales.

Situación jurídica de la organización indígena, como actor social y político.

La ley 19.253 establece dos tipos de asociatividad: la comunitaria y la funcional de individuos (denominada “asociación”). Expresamente niega la posibilidad de la federación de comunidades, y que las asociaciones indígenas asuman su representación.  A su vez las comunidades, como organización legal,  son una simple traducción de la normativa de juntas de vecinos. 

Hoy existe consenso en que este marco legal, limita la participación indígena,  es la negación al reconocimiento de sujetos de derechos colectivos, autónomos en las decisiones políticas y autogestión en ámbitos locales, regionales y nacionales. Cambiar esta situación requeriría, en lo jurídico, un cambio constitucional.

La demanda lafkenche respecto a exclusividad de acceso al borde marino es irrealizable sin cambios legales de fondo. En lógica constitucional el único sujeto de derechos colectivos es la Nación, representada por el Estado. Según esa lógica, si no se reconoce constitucionalmente la existencia de pueblos diferentes, la exclusividad reclamada contraviene el principio de igualdad ante la ley. No faltará quien junto con negar la existencia de los pueblos indígenas se pregunte ¿por qué un grupo de chilenos tendría la exclusividad del acceso a determinadas zonas de borde marino, bien colectivo de uso público que pertenece a toda la nación? ¿por qué habrían de estar exentos de pago de patente por el aprovechamiento particular de ese bien nacional? Y aun cuando –inconstitucionalmente- se estableciesen las excepciones exigidas, surgirá el problema de quién es el sujeto titular de un derecho que se reclama colectivo: ¿los individuos? ¿una asociación de individuos? ¿la comunidad ?

Estos conflictos sociales y sus callejones legales son consecuencia directa de una tradición constituyente que sostiene que la República está formada por un solo pueblo, una  sola nación. Por lo mismo, el reconocimiento de derechos colectivos indígenas en los diversos países donde ha ocurrido, ha requerido previamente el reconocimiento de la existencia de los pueblos indígenas, en tanto tales: pueblos. Una profunda reforma del Estado, “amistosa liquidación del pasado”, que amplía y pluraliza la noción de ciudadanía.

En procura de mejorar sus condiciones de vida, los lafkenches se han cruzado con dos asuntos fundamentales de derechos indígenas, que el actual marco legal chileno limita o niega: los recursos naturales y la autogestión colectiva, en un territorio.

Territorios indígenas: derecho a la autogestión y derechos sobre los recursos naturales.

A la escala que sea -pequeña microregión o una gran región-, sea incipiente o plenamente institucionalizada, una política  territorial indígena comprende dos asuntos claves:  derechos sobre los recursos naturales y derechos de autogestión. 

Por una parte, se reclama la exclusividad del  manejo, control, uso y goce de los recursos naturales comprendidos en el territorio: tierras, subsuelo, riberas, aguas, bosques, y la restitución de su integridad. Por otra parte, se reivindica (en diverso grado según el caso) la jurisdicción, el control, normas propias, la participación y autonomía en las decisiones de políticas, de programas, asuntos y proyectos, que atañen al territorio.  

In nuce las nuevas estrategias y organizaciones territoriales mapuches que surgen en diversas partes contienen ambos asuntos como cuestión de derechos colectivos. Estas estrategias territoriales conllevan, implícita o explícitamente un replanteamiento de la relación entre pueblo mapuche y estado nacional.

II. DESCRIPCIÓN DE LA EXPERIENCIA.

La experiencia del Pu-Lafkenche es un caso de estrategia territorial indígena. Aquí el “territorio” se convierte en el espacio local de la autogestión, la organización social en el actor principal. Noción de territorio que valora al conjunto de los recursos naturales,- no sola a la tierra- y donde se ejercen y defienden derechos colectivos,  en donde se busca ser contraparte local del Estado y de la cooperación al desarrollo. 

Origen de la organización territorial

A fines de los años ochenta del siglo XX comienza a gestarse un proceso de reorganización de las comunidades del Pu-Lafkenche. Un impulso inicial fue la participación en el proceso general de apoyo al retorno de la democracia en Chile. Posteriormente, durante el primer gobierno de transición (P. Aylwin) se constituyó la Agrupación de Comunidades Indígenas Pu-Lafkenche,  como organización funcional bajo el amparo de la ley de Juntas de Vecinos, con la intención de promover el desarrollo cultural y social de las comunidades asociadas. Luego de promulgada la ley indígena (1993), las comunidades mapuche comenzaron a reconstituirse al amparo de la nueva legislación. La organización territorial readecúa también su status jurídico y a comienzos de 1998 se constituye como  “Asociación de Comunidades Indígenas Pu-Lafkenche”. Para sortear el obstáculo legal que impide la federación de comunidades, las personas integrantes de la Asociación son los dirigentes o representantes designados por las comunidades. 

De acuerdo a los actuales estatutos, la Asociación deberá impulsar el desarrollo social, económico y cultural de las comunidades que aglutina. Nueve  comunidades del sector Tirúa Sur están representadas en la Asociación Pulafkenche, a través de 33 dirigentes – 31 hombres y 2 mujeres- inscritos como socios, los cuales en su mayoría tienen entre 30 y 50 años (a la fecha han fallecido dos de los socios fundadores).  Estas comunidades están conformadas por alrededor de 1700 personas, correspondientes a 314 familias. Están distribuidas a lo largo de 30 kms de costa, desde Ponotro, al norte de Tirúa, hasta Casa de Piedra, donde termina la comuna por el sur. Cada cual presenta un diferente estado de consolidación, con funcionamientos desiguales entre sí. Todas cuentan con sedes construídas a inicios de los años noventa u otros recintos donde se reúnen un día del mes. 

La directiva de la Asociación es elegida por el conjunto de dirigentes de las comunidades que la conforman y tiene una duración de dos años. Está compuesta por siete cargos: presidente, secretario, tesorero y cuatro directores. Las gestiones en representación de la Asociación las realizan principalmente el presidente, el secretario y el tesorero, sin embargo, las decisiones importantes de desarrollo o inversión son consultadas a la asamblea. A su vez, para apoyar o cuestionar las iniciativas propuestas, cada dirigente debe contar con el respaldo de su propia comunidad. Los dirigentes que participan en las Asambleas de la Asociación también son elegidos cada dos años en sus respectivas comunidades, sin embargo, en general existe poca rotación de dirigentes.

Los recursos e infraestructura de la asociación.

La Asociación, con apoyo de fondos de cooperación internacional ( a través de ONGs) y estatales ( Corporación de Desarrollo Indígena-CONADI, y FOSIS) cuenta con una sede equipada (sala de reuniones, oficinas, baños, computadores, teléfono celular) y con una bodega de acopio en el sector Puente de Tierra, un almacén, un camión y una camioneta. Este lugar actúa como centro de operaciones y de planificación, de modo que es allí donde se realizan las asambleas. 

Actualmente la organización  se ha concentrado en la búsqueda de que las comunidades obtengan adelantos en equipamiento e infraestructura social; mejoren la comercialización de los productos marinos y agrícolas; gestionen el turismo, todo esto sin dejar de lado, la conservación y el fortalecimiento de la identidad cultural.  

La reivindicación del borde marino

En el ámbito de control del borde marino se realizaron los trámites para que la organización obtenga la concesión del borde costero a través de un Area de Manejo otorgada por el Servicio Nacional de Pesca. En esta línea, se tramitaron los carnés de recolectores de los 33 socios fundadores y se prosigue con un grupo de 150 comuneros. 

La  reivindicación del borde costero es un esfuerzo conjunto de las comunidades lafkenches desde Tirúa al Moncul, por ello, en conjunto con la Asociación Indígena Newen Pu-Lafkenche de la Carahue, región de la Araucanía, están realizando gestiones a nivel político para que se enmiende la Ley de Pesca. Para este fin se ha establecido una mesa de trabajo con dirigentes de las dos asociaciones indígenas, asesores técnicos, abogados de CONADI de la VIII y IX Regiones, y se han realizado reuniones de trabajo, entrevistas con autoridades del sector, actividades culturales, presentaciones del problema ante senadores y diputados de las dos regiones. En materia legal, en agosto de 2001, se formalizó el primer tramite de un largo ciclo presentando un proyecto de ley que recoge parte de sus demandas.

Los planteamientos de los lafkenches de Tirúa y Carahue, con relación a modificar la legislación son los siguientes: flexibilizar los requerimientos apara optar a carnet de recolector; que las áreas de manejo en borde costero indígena no caduquen, ni queden afectas a disolución; que las organizaciones indígenas queden exentas de pagar patente por las áreas de manejo; que  se reconozcan las normas de derecho consuetudinario para el acceso y manejo de los recursos; que se incluyan las dimensiones socioculturales en los Estudios de Situación de Base que exige la ley. 

Las iniciativas comerciales.

Desde el año 2000 se puso en funcionamiento un negocio comunitario, el cual sirve de fuente laboral para cuatro comuneros. A los clientes locales se les vende productos de primera necesidad a un precio menor que la competencia, disminuyendo los gastos de las familias lafkenche. A su vez, este negocio le compra su producción de papas y cochayuyo  a los comuneros, pagando en lo posible más que otros intermediarios.

Se ha iniciado en la temporada 2001 la comercialización directa con empresas procesadoras y exportadoras de cochayuyo, para evitar la acción de otros intermediarios y así mejorar el ingreso que perciben los recolectores del alga. El primer contrato cerrado fue por 30 toneladas de cochayuyo, superadas con creces. Para esta iniciativa la Fundación Andes financió la compra de un camión de 5 toneladas para el transporte. 

Dado que las asociaciones no pueden tener fines de lucro, para fines de comercialización se constituyó la Sociedad Comercial Pu-Lafkenche, empresa que empezó a funcionar en Mayo del 2000. Es una Sociedad Anónima, es decir, la propiedad de la empresa está en manos de varios dueños, quienes se han asociado para realizar una actividad comercial. Las comunidades que participan en la Asociación Pulafkenche son los dueños del capital de la empresa a través de acciones, y por lo tanto, tienen derecho a intervenir en su desarrollo y beneficiarse de sus ganancias. Cada comunidad (“accionista”) elige un representante para participar en las Juntas de Accionistas, reuniones donde se planifica y fiscaliza el funcionamiento de la empresa. Para el primer año de operaciones, la Junta de Accionistas ha establecido que el 30% de las utilidades de la empresa serán repartidas entre las comunidades Accionistas, y el restante 70% se destinará a la reinversión. Se estableció la creación de un fondo para apoyar iniciativas familiares y asociativas en las comunidades que están integradas a la  Organización. Para eso, la asamblea ha dispuesto destinar al fondo de apoyo el 30% de las ganancias obtenidas en el negocio comunitario. 

El apoyo profesional 

En las actividades comerciales iniciadas se cuenta  con la asesoría de consultores de CIDERE Bío-Bío y Sercotec. El Servicio País, a su vez, por primera vez destina a profesionales – un antropólogo y un ingeniero en pesca- a trabajar directamente y en forma exclusiva a las ordenes de una organización indígena; ambos jóvenes fijaron su residencia en comunidades de Tirúa Sur.

El fortalecimiento de la identidad cultural y las comunicaciones

En el ámbito cultural, se promueve el rescate y fortalecimiento de las expresiones culturales a través de diferentes iniciativas. Tales como la realización de Nguillatun, y diálogos comunitarios donde los ancianos relaten la historia de las comunidades. Se ha realizado con los niños de las escuelas un concurso  de cuentos tradicionales, con apoyo de Fondart, los cuales finalmente serán publicados.

En el plano de las comunicaciones, se han impulsado dos iniciativas: la elaboración de un boletín trimestral y la instalación de una radio comunitaria en el cual se informará sobre temas culturales y otros asuntos de interés práctico para las comunidades. El equipamiento y capacitación radial fue financiado directamente por la agencia FOS de Bélgica.

III. INNOVACIÓN EN CIUDADANIA Y GESTION LOCAL.

El caso de las comunidades del Pu-lafkenche es un caso ilustrativo de experiencias territoriales de autogestión, y reelaboración del discurso indígena, exigiendo al Estado el reconocimiento, y  resguardo de derechos colectivos territoriales. 

Se trata de un fenómeno cada vez más ubicuo, iniciado a mediados de los años noventa, de nuevos tipos de asociatividad indígena, que superan las limitaciones de la ley 19.253, articulando a comunidades que comparten un  territorio común. Nuevas asociaciones que dan por superadas a las organizaciones “nacionales” mapuches surgidas en los años ochenta vinculadas a partidos políticos chilenos, o las “organizaciones” clientelares vinculadas a ONGs. 

De la comunidad al territorio.

Clave común de las nuevas asociaciones es su lógica territorial, como reividicación, referencia, práctica discursiva, y pivote de las estrategias y alianzas. Desde el territorio se reconstruye tejido social, se re-crean los lazos colectivos, se establecen distancias de los grupos políticos chilenos, se re-elabora la cultura y la identidad, se hace frente a los embates de  los procesos de modernización, y se buscan “entradas” a la modernidad. Desde el territorio, como espacio socialmente organizado, se interpela al Estado y se busca ser reconocido como contraparte..

Las políticas de la liberalización de mercados y la globalización económica del país empujó a una profunda reestructuración productiva de la macro región sur, que tuvo y tiene vastos impactos territoriales. No es sorprendente, por tanto, que las respuestas y estrategias indígenas sean también territoriales, toda vez que tal reestructuración modifica estructuralmente las posibilidades de sustentabilidad en el tiempo de las comunidades mapuches, que se ven cercadas y amenazados sus recursos.  Lo nuevo es la recuperación y re-elaboración que hacen las comunidades y la nueva dirigencia, del sustrato territorial tradicional del poder social mapuche -las identidades territoriales, las parcialidades locales- emergiendo el territorio (la microregion mapuche, el rehue,  el ayllarehue, la entidad espacial) como soporte material, simbólico y discursivo de las nuevas estrategias colectivas de defensa, reintegración y ruptura del cerco.

Característica es también la articulación no excluyente de agenda económica, agenda cultural y agenda política, la autoafirmación de ser una política mapuche, exigiendo y ejerciendo derechos al desarrollo económico y derechos culturales y políticos.

La experiencia de las comunidades del Pu-lafkenche tiene algunas especificidades e innovaciones que son su contribución a estrategias colectivas mapuche.

Ampliación de la noción de territorio mapuche.

La  reivindicación lafkenche sobre el borde marino, como un asunto de  derecho colectivo de los mapuches, inalienable e inherente a todas las comunidades ribereñas, amplía la noción de territorio mapuche. El mar y su borde forma parte del “territorio” de los lafkenches y por tanto del pueblo mapuche.  El activo reclamo y despliegue de estrategias para defender los derechos de las comunidades del Pu Lafkenche sobre el borde costero repone una demanda postergada  de los pueblos indígenas: el reconocimiento y resguardo de los derechos indígenas sobre todos los recursos naturales asociados a los territorios indígenas.

En procura de obtener el reconocimiento de sus derechos al borde marino, los lafkenches se han organizado, han buscado aliados y recorrido la institucionalidad chilena, interpelando al SERNAPESCA, a parlamentarios, a la CONADI. Esta lucha lafkenche aún en proceso, en su especificidad y en su sistematicidad constituirá una lección de “policy-making”, una revista y aprendizaje respecto del proceso de hechura de las políticas públicas: cómo constituir un problema particular en un asunto público, buscar aliados, hacer lobby parlamentario, identificar actores claves, insertar el asunto en la agenda de gobierno. 

Plasticidad para adaptar figuras organizacionales.

Otra innovación es la plasticidad para adoptar y adaptar las figuras institucionales que les ofrece la legislación chilena. En una estrategia típicamente mapuche, si fueron “comiteses”  en tiempo de Frei Montalva,  en los años noventa fueron “organización funcional” bajo la ley de juntas de vecinos, “recolectores de orilla” según la ley pesquera, “comité de agua”, “comité de electrificación”, “comunidad indígena” bajo la ley 19253, y como ésta no permite la federación de comunidades, usan la figura de “asociación indígena” formada por los dirigentes de cada comunidad, presentan proyectos, obtienen apoyos, construyen su bodega, quieren manejar los canales comerciales de su coyoi, y como la asociación no puede tener fines comerciales crean una “sociedad anónima” cuyos “accionistas” son las comunidades representadas por sus dirigentes. Actualmente se evalúa la posibilidad de constituir una corporación cultural Lafkenche, debido a que se va a agregar un medio de comunicación (la radio) a la organización social y a la empresa Lafkenches.

Esta multiplicidad de figuras organizacionales puede confundir al antropológo folk en busca de organizaciones étnicas puras, o entusiasmar a neoliberales en busca de “protoempresarios” y “emprendedores” -los mapuches buenos-  para contrastar con los “otros mapuches” – los malos-, los de las marchas y recuperaciones. Falsa dicotomía para las comunidades lafkenches, y en general para los mapuches, antiguos caravaneros que llevan  siglos de comercio y conchavo, sutiles en establecer y deshacer alianzas, memoriosos de deudas y territorios, al aguaite de la coyuntura propicia, políticos de arraigada y eficaz lógica situacionista.

Las figuras organizacionales enumeradas son instrumentales, su diversidad es expresión de la multiplicidad de situaciones y escenarios en que deben negociar, a la vez que es la mejor muestra de la inadecuación de la legislación chilena a las expresiones societales indígenas. Solo al mirar el revés de esa yuxtaposición de organizaciones se puede percibir el tejido social, el poder social mapuche, los lazos de parentesco, los linajes y redes comunitarios del Pu Lafkenche, la amalgama de la cultura, lo que sostiene esa diversidad y sucesión de organizaciones. Aquello que de modo grueso suele llamarse el “capital social”. 

La incorporación de profesionales y el apoyo del Municipio.

Una tercera innovación en la gestión ha sido la apertura para incorporar asesoría profesional, que responda a los requerimientos de la organización, son “su” equipo técnico para ampliar sus capacidades de gestión. En el caso del Servicio País - FNSP la experiencia es innovadora para ambas partes, al punto que la FNSP, estudia abrir una línea específica de aportar con profesionales a las organizaciones indígenas. 

La incorporación de asesoría profesional se inicia con  apoyo del Municipio, que canalizó consultorías para la formulación del Plan de Desarrollo del Territorio Lafkenche de Tirúa Sur y Plan Turístico con sus correspondientes carteras de proyectos. El Plan de Desarrollo, fue elaborada por una empresa consultora con financiamiento de la agencia Bilance, en el marco del Plan de Desarrollo Comunal. 

Los subsiguientes asesorías se abocan en gran medida a gestionar dicha cartera de proyectos. Pese a la diversidad de instituciones que han realizado sus aportes, hay cierta continuidad dada por el referido Plan, y la permanencia, con distintos sombreros, de algunos asesores. 

El resultado de las gestiones de la organización, asesorada, es una cartera de 12 proyectos financiada entre 1998-2001 por un monto total de $  80 millones de pesos

En la cartera de proyectos es posible identificar una diversidad de actores e instituciones con las cuales se ha establecido relaciones, de colaboración y cooperación. Actores y fondos entre los cuales los menos recurrentes son los de CONADI, lo cual es notable tratándose de comunidades indígenas, y lo que refuerza su autopercepción de no ser dependientes.

La cartera de proyectos es también una expresión de la “cartera de redes” que se articulan en torno al territorio. En esta visión de conjunto se puede situar la actual etapa de comercialización, como un resultado de la gestión local innovadora, más que como una innovación en si misma.

Lo innovador de esta gestión es la integración de los proyectos dentro de una estrategia territorial general. Es posible apreciar en esta cartera de proyectos, iniciativas de tipo organizacional y legal, con proyectos comerciales, junto a proyectos culturales y de producción de autosubsistencia. El contar con un plan, proporciona a la organización una guía y criterios para aceptar o rechazar ofertas de proyectos y fijar prioridades. 

IV. DESARROLLO DE CIUDADANIA.

Las comunidades y la Asociación Pu Lafkenche se han constituido en actores claves de Tirúa Sur, transitando la experiencia de la autogestión, y constituyéndose en contrapartes de actores externos.

La asociación ejerce hoy una función de “proto-control ciudadano”, en tanto gran parte de las iniciativas que los organismos públicos y organismos externos planean implementar en Tirúa Sur, deben ser consultados con la Asociación, o informados sus dirigentes, en un mecanismo tácito de validación. Por cierto, la consolidación de la función de control ciudadano, así como la participación plena en la planificación, gestión y toma de decisiones políticas en el territorio, es aún un camino por recorrer; se trata de una autonomía local que depende de procesos y marcos de política indígena nacional.

La Asociación ha logrado constituirse en voz pública colectiva de las comunidades en algunos aspectos claves tales como, la reivindicación de derechos territoriales sobre el borde costero, manejo económico, cartera de proyectos para el territorio. Con la puesta en operación de la radio comunitaria ese rol de vocería se ampliará significativamente.

Considerando el conjunto de iniciativas impulsadas por, para o desde la Asociación en  el corto periodo entre 1997-2001, éstas han sido una escuela para los dirigentes y comunidades respecto a identificar y evaluar a los actores estatales, la burocracia y sus laberintos, el entorno legal. 

Han recorrido todas las instancias de las cuales dependen directa o indirectamente sus derechos de borde marino, viajando por el país (Concepción, Temuco, Santiago, Valparaíso), identificando y entrevistándose con los actores claves, sean aliados o adversarios. Al mismo tiempo, en esa búsqueda han conocido e identificado alianzas o establecido barreras, con otros actores no estatales (organizaciones mapuches, ONGs, consultoras, agencias de cooperación). En esos recorridos y búsquedas de apoyos, aliados y defensa de derechos, los dirigentes han podido aprender a dialogar en diversos registros y escenarios del espacio público.

En su búsqueda de caminos para enfrentar los cambios, las comunidades se abren a una diversidad de actores e instituciones, “al otro lado del río” buscando aliados. En el Municipio de Tirúa, en el Gobierno Regional, en la Cámara de Diputados, en el Servicio Nacional de Pesca, en la CONADI, en ONGs locales, en la cooperación al desarrollo, en la Nación Cree en Canadá, en las comunidades hermanas de la costa de Carahue, en asociaciones mapuches de Lumaco, Santiago, en las organizaciones políticas mapuches. Paradojalmente, esa apertura acelera aun más los cambios y termina por globalizar al Pu lafkenche.

Un asunto clave en los procesos de formación de ciudadanía en el ámbito local, es la confianza en las capacidades propias para incidir en las decisiones de política que afectan localmente (sea real o no la incidencia). La experiencia hecha por la asociación y comunidades del Pu lafkenche en los años recientes ha creado esa confianza. La nueva relación con el Municipio para el cual la Asociación es un interloculor privilegiado en el territorio en un rol activo, la acogida que encuentran sus demandas sociales y de servicios, la adjudicación de una sucesión de proyectos complementarios, el ser escuchados por diversidad de organismos públicos y privados. 

También ha incidido en la confianza el proceso incremental de logros vividos con la organización, en pos del control de los recursos marinos, obteniendo carnet, siendo reconocidos como asociación, obteniendo la concesión de Area de manejo, la construcción de la bodega, la compra de una camioneta y un camión. Es la sensación de que el mar y sus recursos no se les van de las manos.

La metodología utilizada por la asociación para el aprendizaje interno de ciudadania, descansa fundamentalmente en las asambleas mensuales que realiza la Asociación, y las asambleas también mensuales de las comunidades. Allí se discuten los lineamientos, se toman acuerdos y se mandata a la directiva.

Internamente, la asociación, sus asambleas en el galpón, se convierten por momentos en “plaza pública” lafkenche, en donde se discuten los asuntos que preocupan a todos, tanto lo económico, social y cultural, como los derechos políticos Al respecto, al interior de la organización coexisten adhesiones de dirigentes y comunidades a corrientes políticas mapuches alternativas, como son la Coordinadora  Arauco-Malleco  y la Identidad lafkenche.  Sabiamente, la asamblea no toma partido, y deja  que cada comunidad siga la orientación que más la identifique, las comunidades son autónomas en decidir cómo, cuándo y con quien movilizarse.

Sostenibilidad en el tiempo de la experiencia.

A lo largo de los últimos diez años, las comunidades Lafkenches de Tirúa Sur se han unido en torno a una secuencia de metas concretas, y han tenido éxito en alcanzarlas en plazos breves:  luz eléctrica, agua potable, elegir al alcalde, mejoramiento de caminos, riego, trajes de buzo, concesión de Area de Manejo, levantar una sede, construir una bodega, tener una camioneta, luego un camión. En el año 2000 – 2001 iniciaron una etapa nueva, la comercialización, que es consecuente con las metas alcanzadas, pero cuyos resultados son de mediano y largo plazo, y su sostenibilidad es más incierta.

Los esfuerzos de autogestión económica indígena plantean una paradoja. Por un lado las iniciativas comerciales emprendidas para generar ingresos, asumiendo los actuales aportes como un capital de arranque, son estrategias serias para resolver uno de los obstáculos que impiden la consolidación de organizaciones indígenas autónomas cual es su dependencia financiera de organismos externos, sean estatales o privados. Por otro lado, esta estrategia comercial subordina los tiempos de las comunidades y de la asociación a los tiempos y requerimientos del mercado externo. La complejidad aumenta también por el inicio del proyecto de radio comunitaria, y el inicio de actividades de etnoturismo comunitario. Todas estas actividades no son un evento sino nuevas funciones permanentes y especializadas. Y se agrega las complejidades y demandas de tiempo, recursos, movilizaciones,  propias del proceso político-legal de defensa del área de concesión y búsqueda de cambios legislativos, los que tienen un horizonte de tiempo acotado para su logro. Para hacer frente a estos desafíos, la organización se especializa, creando una nueva instancia, la sociedad anónima, y recurre a profesionales externos. 

Uno de los síntomas de las nuevas dificultades son “ruidos” de comunicación al interior del territorio (rumores, suspicacias). Otro síntoma problemático es que los profesionales comienzan a manejar el “timing” de los procesos; son gestores y “project brokers” que prontamente se autonomizan en la toma de decisiones operacionales, presentación de proyectos, flujos de datos, manejo de las relaciones con instituciones externas, empujados por la velocidad de los mismos procesos y accesos (cursos, redes, internet) a información sobre oportunidades y riesgos. Las experiencias constituyen un capital clave en la formación de capacidades de gestión, y es válido preguntar ¿cuánto capital de experiencia queda en gente lafkenche?  ¿en qué medida se puede hablar de autogestión de las comunidades? Se trata de una problemática clásica analizada por la sociología sistémica: la especialización de funciones, la profesionalización, la multiplicidad de información en un medio complejo, ponen en jaque a los procesos autogestionarios.  

Otro factor que puede problematizar a la experiencia a futuro es la diferenciación económico-social entre familias, que tenderá a acentuarse, resultado de la desigual inserción y participación de comunidades y familias en el mercado de las algas, así como en el acceso a los recursos tangibles e intangibles de la organización (por distancia, localización, edad, sexo,  linajes). Esto tendrá incidencia en los sutiles mecanismos de alianzas y legitimidades mapuches, lo que sumado a la especialización de funciones y velocidad de la toma de decisiones, puede hacer que se extravíe la convención o acuerdo básico que da origen y legitima a la asociación y la sociedad anónima, en tanto son las comunidades organizadas a través de mandatarios. Tal convención que se sustenta en procedimientos tradicionales de alianza y en una ficción legal, si esa convención se extravía el riesgo es que de paso a que la asociación y la sociedad anónima se corporicen y cristalicen como un tercero, estableciéndose un  “ellos” (los de la asociación)  y un “nosotros” (las comunidades). 

Es el desafío de la re-integración y reelaboración del poder social mapuche, en experiencias empresariales colectivas y autogestionadas. Poder social tensionado por la complejidad, especialización y diferenciación social. Justamente aquellos factores que no superados con procesos e instituciones al interior de la cultura, explican gran parte de los fracasos de experiencias económicas asociativas.

En tercer lugar mencionamos la sustentabilidad ambiental.   Tal como está formulada en el Plan de Desarrollo, la estrategia comercial del cochayuyo planteada por los consultores si es “exitosa” conlleva un alto riesgo de depredación del recurso. Por un lado habrá un notable mejoramiento de la capacidad extractiva por la incorporación de tecnologías a los procesos de extracción, acopio y transporte (trajes de buzo, elevadores, camionetas, camiones), y por otro lado se interviene en la demanda. Las comunidades tendrán  el incentivo de mayores ingresos, y una demanda aumentada por la persistencia de los intermediarios ya establecidos, difícilmente desplazables en corto lapso, pues su estrategia se basa en lazos de dependencia y clientela más allá de lo económico formal. El resultado global esperable es una mayor “oferta” de cochayuyo, con riesgo de agotar el recurso en corto tiempo La estrategia comercial planeada es extractiva,  no de manejo y gestión de los recursos. Aun cuando a juicio de los técnicos, la especie es de fácil manejo, no debe olvidarse que en años previos han ocurrido episodios de sobreexplotación, y la estrategia no contempla un análisis de los impactos y medidas de mitigación y conservación.

Se plantea una nueva paradoja: que el mejor momento de los lafkenches puede ser el inicio de la recuperación ambiental del territorio, o bien el último capítulo de un largo ciclo de agotamiento de los recursos naturales del lafkenmapu. Agotamiento de los recursos a que han sido empujadas las comunidades empobrecidas. Un ciclo que comenzó con la tala del bosque, siguió con la erosión del suelo de laderas cultivadas sin técnicas apropiadas para suelos de pendiente, continuó con la extinción de los bancos de machas y locos. 

Los desafíos enunciados son riesgos identificados como típicos en la experiencia comparada de “proyectos de desarrollo” que no atienden a los sistemas culturales de las comunidades, y no evalúan sus impactos. El desafío es resolver la ecuación compleja entre dimensiones cultural, política, económica, ambiental, y la articulación de los tiempos: el tiempo corto de los proyectos y el mercado, el tiempo medio del desarrollo organizacional y el tiempo largo de la gestión ambiental, la cultura y construcción de territorialidad. 

Eso lo intuyen los dirigentes, cuando escuchan con cautela al asesor técnico que quiere ir más y más rápido, o cuando optan por rechazar algunas ofertas externas. Cuando convocan al nguillatun para agradecer los dones del mar. Cuando evocan al dirigente fallecido en un accidente emblemático, donde un camión mezclador de cemento arrolló a toda velocidad la frágil camioneta en que se dirigían a la ciudad. Saben que hay un vacío dejado por Sebastián, el primer gerente lafkenche, más allá del “capital humano” invertido en él en cientos de horas de capacitación. Vacío que mostró la fragilidad de la organización frente a lo fortuito, la puso a prueba, y se convirtió en presencia que los unió aun más. Como manda la tradición.

V. DESARROLLO DE VINCULOS A NIVEL LOCAL ENTRE SOCIEDAD CIVIL Y ESTADO.

Al buscar factores más de fondo para interpretar la experiencia del Pu lafkenche, emerge Tirúa como un caso singular en tanto espacio local, y ámbito de vínculos entre sociedad civil indígena y Estado. Se trata de una comuna en que por dos períodos consecutivos (1996-2000; 2000-2004) el Municipio es encabezado por un dirigente mapuche, don Adolfo Millabur, cuya opción política es por la autonomía territorial indígena.

Esta situación ha abierto al menos tres procesos en materia de gestión del desarrollo local. En primer lugar se han focalizado los recursos y programas estatales de resorte o incidencia municipal hacia los territorios indígenas de la comuna, en particular los de infraestructuras y servicios: electrificación, agua potables, postas, escuelas, caminos vecinales. En segundo lugar, se han creado espacios de participación en la planificación del desarrollo comunal, y generado instrumentos de gestión por territorios (planes de desarrollo, carteras de proyectos). En tercer lugar se han abierto posibilidades inéditas para el establecimiento de vínculos de las comunidades y asociaciones con una diversidad de instancias estatales, programas e instrumentos, así como con agencias de cooperación nacionales e internacionales, contando con el Municipio como articulador, aliado estratégico y asesor. 

El caso de Tirúa y el “primer alcalde mapuche”, tuvo impactos que sobrepasan las fronteras comunales, elevando la autoestima de las comunidades de la provincia de Arauco, y relevando a los lafkenches como un referente de política indígena, lo que han capitalizado en nuevas organizaciones, liderazgos y discursos. A inicios del nuevo siglo ha cambiado el cuadro de la política indígena, abriendo paso a nuevas experiencias locales de empoderamiento indígena en la macro region sur de Chile. 

También ha habido cambios en la cooperación al desarrollo indígena. Si hasta los años noventa el foco estuvo en Temuco, ahora esta situación ha cambiado, los focos son múltiples.  La nueva visibilidad de los mapuches de Arauco y lafkenches en especial, así como el activo rol de movilización de recursos y promoción jugado por el Municipio,  generó una corriente de simpatía, solidaridad y presencia de otros actores, en particular de agencias de cooperación nacionales e internacionales.

La experiencia documentada no se explica sin este marco propicio, en que el Municipio  apoya la formulación de un Plan de desarrollo Tirúa Sur, en el marco del Plan de Desarrollo Comunal que distingue unidades territoriales, y establece una suerte de distinción de la gestión. Por un lado el Municipio se concentra en la gestión de los macroproyectos de infraestructuras y servicios, movilizando fondos estatales centrales y regionales (FNDR, FCM, PRODESAL, PRORURAL, etc.). Por otro lado, da paso al protagonismo de la gestión del desarrollo social y económico a las comunidades y a la asociación, apoyando profesionalmente y luego derivando recursos humanos calificados (por ejemplo, el caso del Servicio País) buscando y  canalizando hacia el territorio la cooperación nacional e internacional,  promocionando, avalando y ayudando en el establecimiento de nexos y redes. Mutuamente, en Tirúa Sur, Municipio y Asociación son “aliados estratégicos”. 

La estrategia es eficaz en sentido múltiple, toda vez que se logran captar mayores recursos para el territorio que los que podría movilizar el Municipio por sí solo, se descomprime la demanda de ayuda técnica al Municipio, ya que ahora la Asociación tiene su propio equipo.  La organización local se constituye en una contraparte independiente,  no clientelar, que ya no solo demanda sino que propone. Un actor local indígena más informado que el común de las organizaciones, que  no mira solo hacia el Municipio o la CONADI como fuentes, sino que amplia el abanico de las contrapartes e instrumentos posibles de acceder, estatales y no estatales, regionales, nacionales e internacionales. 

Por cierto, no basta con que el alcalde sea una persona mapuche,  lo relevante es que la autoridad  municipal comparte un enfoque de autonomías territoriales como clave del desarrollo indígena, y busca utilizar los instrumentos de la administración en función de ese enfoque. Allí radica la innovación clave y sutilmente invisible en esta experiencia de  gestión local y desarrollo de ciudadanía. Que las comunidades organizadas territorialmente sean las protagonistas y controlen la gestión. Por eso  también hoy existe el temor de que “descubierto” Tirúa Sur sea declarado “Area de Desarrollo Indígena” de acuerdo a la Ley 19.253, con toda su carga de ingerencia y control estatal central, lo que constituye a juicio del Municipio, una lápida para los procesos de autogestión y ciudadanía, la negación de los territorios indígenas.

Tirúa Sur se ha ido constituyendo en espacio local de la gestión en sí mismo, en donde se concertan actores. Las instituciones externas que se vinculan o intervienen en ese espacio, al contar con una contraparte ineludible, deben acudir a su terreno, y deben lograr algún grado de acuerdo entre sí. Allí funciona la Mesa de Técnicos, que reúne mensualmente a los profesionales que trabajan en programas de desarrollo (PRODESAL-Municipio, Servicio País, consultores) con las comunidades y/o con la Asociación .  

Esa concertación no seria posible sin la existencia de una “sociedad civil” indígena, las comunidades lafkenches organizadas, con identidad y conciencia de su valía, en su territorio.

VI. CONCLUSIONES

La experiencia documentada de las comunidades lafkenches es un caso de la nueva política indígena que permite analizar una vía de constitución de otra “ciudadanía” en Chile, la étnica,  que se abre paso a partir de identidades territoriales y reivindicación de derechos de pueblo, como clave para enfrentar los desafíos que conllevan los procesos de modernización en que se ven envueltos compulsivamente. Desde el territorio étnico revitalizan su cultura, reelaboran su organización, enfrentan las amenazas e impactos de la globalización económica, y emprenden la solución de sus problemas. Desde el territorio se constituyen en actores sociales, interpelan, negocian, confrontan. Desde el territorio, defienden, exigen y ejercen sus derechos.

En tanto proceso de autogestión, la experiencia de las comunidades de Tirua Sur se encuentra en sus primeras etapas y, si bien ha obtenido logros significativos para sus protagonistas, enfrenta serios desafíos a futuro. La sustentabilidad de la experiencia es una incógnita importante. Sin embargo, las habilidades de adaptación, aprendizaje e innovación que muestran los lafkenches, son tan relevantes como la fuerza de su identidad cultural, para ayudarles a sortear los obstáculos. De esas primeras etapas ya recorridas, lo sobresaliente es la constitución de las comunidades en actores sociales locales en un proceso vertiginoso, e irreversible. Los lafkenches están teniendo más poder local. No es extraño que los actores se concerten en torno a la mesa lafkenche: ahora así debe ser, para que los programas de desarrollo tengan validez. 

Hoy en Tirúa los marcos  de lo imaginable y lo posible se han ampliado para todos los actores, chilenos e indígenas. Hace algunos años era inimaginable que un lafkenche tuviese más destino que la migración o la caravana de carretas. Impensable que un mapuche dirigiese el Municipio, ese era espacio vedado, ajeno, distante, huinca. Más aun, como en muchos otros lugares todavía lo creen, los propios mapuches pensaban que era un sinsentido votar por un mapuche. El gobierno local era para los poderosos locales. Hoy las organizaciones de base se consideran con el derecho a criticar  y a incidir  en las decisiones de su municipio.

Tampoco es extraño que surjan con fuerza nuevas utopías, lo que da vida y energía a la política,  a los procesos, a los proyectos. Sueños lafkenches, de vivir mejor, de retornar al tiempo de la abundancia, de controlar ellos el mercado, recuperar las tierras, ser dueños de su mar, ser autónomos. Cómo no soñar mirando al mundo y a la vez hacia el terruño,  lo que se ha logrado.

No deja de ser revelador conversar con un dirigente de la historia local, de aquel tiempo de los antiguos en que no había caminos, no había electricidad, no había teléfono rural, no había escuela, que la única posta estaba en Casa de Piedra, mientras vamos visitando los camping en construcción, los estanques de agua, recorrer la nueva carretera arriba del camión de la asociación, saludar al Lonko que acaban de dejar en libertad provisional, acusado por Ley de Seguridad Interior del Estado por el “grave delito” de intentar recuperar las tierras ancestrales de su comunidad, que bromea diciendo que nuevamente estuvo en “canadá” como el año pasado en que visitó el territorio y el autogobierno de los Cree, y más tarde llegar a casa de un comunero y ver en la televisión el arribo de la marcha zapatista al Zócalo de ciudad de México, mientras don Luis interrumpiendo su relato de las pellejerías y anécdotas de su primera caravana de cochayuyero a los 15 años,  muestra orgulloso las fotos que su hijo tomó en París cuando una Municipalidad francesa invitó a una delegación de niños lafkenches, y aquella foto en que está la directiva de la Asociación en la Cámara de Diputados, y aquella en que se firmó la solicitud de concesión de área de manejo, y aquella en que se unieron con las comunidades lafquenches de Carahue, y aquella en que están en una Asamblea mapuche en Temuco, y aquella memorable del cuadrillazo que hicieron los dirigentes al Ministro de Obras Públicas que visitaba los trabajos de la carretera costera y no tenia contemplado entrevistarse con los lafkenches, allí se ven entonces todos más jóvenes, el actual alcalde de Tirúa, el actual Presidente de la República y el actual gerente de “Lafkenche S.A.”. Todas aquellas imágenes de lo posible y lo imposible ocurrido en menos de cuatro años.

Lo posible y lo imposible son caras de una misma moneda. Lo imposible (la utopía, el sueño) es lo que permite definir y dar sentido a lo posible y prosaico. Como en todo lo humano, es la enunciación de las utopías lo que permite fundar el realismo. 

Ciertamente es una utopía que la sociedad chilena respete de buenas a primeras los derechos, los territorios y la existencia de distintos pueblos, y que la Constitución del país se funde sobre la definición de república pluriétnica y pluricultural, y resguarde y cumpla los derechos de todos los pueblos y múltiples ciudadanías. 

Que el  respeto y reconocimiento de derechos sea utópico en lo inmediato, no involucra que los derechos mismos sean utopía y no se puedan enunciar, exigir y defender.  El silenciamiento no implica que no existan los derechos, al contrario: es revelador de su problemática validez ante la sociedad que los niega y transgrede. Se trata de una profunda reforma del Estado y la sociedad, que solo será posible por la existencia plural de poderes sociales étnicos. Cuestión de tiempo y contiendas ciudadanas.

Los lafkenches conocen de sus derechos y tienen conciencia de su poder social, saben que éste se acrecienta con cada paso que dan. Se siente en su bodega, en su municipio, en su territorio. Ciertamente, un galpón, un camión, treinta toneladas de cochayuyo a Taiwán, tres camping, un alcalde,  una radio de mínima frecuencia, no es su utopía, pero saben y afirman que “esto también va haciendo autonomía”.

ANEXO

TABLA N° 1: TITULOS DE MERCED EN TIRUA SUR COSTA
TM Nº	AÑO	Nombre	Radicados	Hectáreas	Comunidad Actual	
920	1904	José Antipi	13	70,00	Ponotro	
921	1904	Jeronimo Ancalao	18	100,00	Ponotro	
944	1904	Miguel Yevilao	19	120,00	Ponotro	
569	1899	José Huenchunao	11	55,00	Quilquilco	
574	1899	Pascual Millao	11	55,00	Quilquilco	
575	1899	Ignacio Yaupi	10	50,00	Quilquilco	
614	1899	Francisco painen	20	120,00	Quilquilco	
1293	1908	Juante Nahuelpan 	13	50,00	Quilquilco	
577	1899	Millanao Ancaten	21	125,00	Millanao Ancaten	
728	1900	Juan Lincopi	38	190,00	Millanao Ancaten	
578	1899	José Nahuelgual Cayul	30	220,00	Tranicura	
1566	1908	Juan Canio	7	50,00	Tranicura	
1622	1909	Antonio Marihuen	19	160,00	Tranicura	
755	1901	Agustín Huenupil	24	200,00	Agustin Huenupil	
608	1899	Quidiqueo Huenupil	25	210,00	Quidiqueo	
570	1899	Bartolo Lefiqueo	12	115,00	Los Chilcos	
611	1899	Martín Marileo	20	155,00	Quilantahue	
852	1899	Felipe Huenuman	36	375,00	Casa de Piedra	
754	1901	José Domingo Palma	5	50,00	Casa de Piedra	
1567	1908	Manuel Huechuman	14	100,00	Casa de Piedra	
2628	1914	Antonio Catrien	11	84,00	Casa de Piedra	
2708	1916	José Llevilao	7	32,00	Casa de Piedra	

TABLA N ° 2. ACTIVIDAD PREDOMINANTE DEL JEFE DE HOGAR
COMUNIDAD/ ACTIVIDAD JH	Agricultor	Recolector	Obrero	Empleado	Obrero calif.	Intermediario	Pensionado	Total	
Ponotro	19	31	2	1	7	2	0	62	
Quilquilco	13	24	0	1	0	0	0	38	
Millanao A.	10	24	0	0	3	0	0	37	
A. Huenupil	6	16	0	0	0	0	0	22	
Tranicura	13	12	0	0	4	3	0	32	
Quidiqueo	5	40	0	1	2	0	1	49	
Los Chilcos	0	11	0	0	1	0	0	12	
Quilantahue	4	16	0	0	0	0	0	20	
Casa de Piedra	1	41	0	0	0	0	0	42	
TOTAL	71	215	2	3	17	5	1	314	
Fuente:Plan de Desarrollo Territorio Lafkenche Tirúa Sur. 1999.

TABLA N° 3: PORCENTAJES DE ANALFABETISMO Y ESCOLARIDAD EN COMUNIDADES DEL  PULAFKENCHE
COMUNIDAD	% Analfabetismo	%
E.B.Incompleta	%
E.B.Completa	% E.M.Incompleta	%
E.M.Completa	
Ponotro	27,1	65,8	5,7	4,3	0	
Quilquilco	46,7	53,3	0	0	0	
Millanao A.	27,6	65,6	0	6,8	0	
A. Huenupil	11,8	64,7	23,5	0	0	
Tranicura	28,1	62,5	9,4	0	0	
Quidiqueo	19,6	80,4	0	0	0	
Los Chilcos	33,4	58,3	8,3	0	0	
Quilantahue	25,0	70,0	5,0	0	0	
Casa de Piedra	35,7	61,9	2,4	0	0	
TOTAL	28,2	64,6	6,0	1,2	0	
Fuente: Municipalidad de Tirúa. Ficha CAS II.

RECOLECCION DE COCHAYUYO SEMI-VERDE  DE EXPORTACION  E INGRESOS POR TEMPORADA
COMUNIDAD	RECOLECCION DE ALGAS POR TEMPORADA (kg)	INGRESOS POR VENTA TEMPORADA POR COMUNIDAD ( $ DE 1998)	
Ponotro	66.000	$ 3.330.000	
Quilquilco	38.000	$ 1.900.000	
Millanao Ancaten	33.300	$ 1665.000	
Agustín Huenupil	18.700	$ 935.000	
Tranicura	18.700	$ 935.000	
Quidiqueo	48.000	$ 2.400.000	
Los Chilcos	16.400	$ 429.000	
Quilantahue	16.400	$ 820.000	
Casa de Piedra	53.300	$ 4.000.000	
TOTAL	309.400	$ 15.955.000	
Fuente:Plan de Desarrollo Territorio Lafkenche Tirúa Sur. 1999.

Nota: Las diferencias de volúmenes de recolección se explican por la características que tiene la zona marina respectiva  de cada comunidad.

PRODUCCIÓN DE RODELAS DE COCHAYUYO SECO, PRECIO Y VENTA POR TEMPORADA
COMUNIDAD	PRODUCCIÓN DE ALGA SECA POR TEMPORADA
(N° de rodelas)	PRECIO DE VENDA PROMEDIO POR RODELA
	INGRESOS POR VENTA DE RODELAS POR TEMPORADA POR COMUNIDAD 
 ( $ DE 1998)	
Ponotro	6.500	$ 500	$ 3.250.000	
Quilquilco	2.800	$ 500	$ 1.400.000	
Millanao Ancaten	3.400	$ 500	$1.700.000	
Agustín Huenupil	2.500	$ 500	$ 1.250.000	
Tranicura	2.000	$ 500	$ 1.000.000	
Quidiqueo	5.400	$ 500	$ 2.700.000	
Los Chilcos	1.800	$ 500	$ 900.000	
Quilantahue	2.500	$ 500	$ 1.250.000	
Casa de Piedra	7.000	$ 500	$ 3.500.000	
TOTAL	33.900	$ 500	$ 16.950.000	
Fuente:Plan de Desarrollo Territorio Lafkenche Tirúa Sur. 1999.